En febrero de 2010 habría vacaciones en el Sector Público.

El Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2010 establece que el período de goce vacacional o descanso físico de por lo menos el setenta y cinco por ciento del personal a cargo de las entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, será durante el período del 1 al 28 de febrero del próximo año.

El objetivo de esta medida es fomentar el turismo interno y, al mismo tiempo, realizar las acciones de mantenimiento de los equipos e infraestructura de las dependencias públicas.

Sin embargo, en dicho periodo, los titulares de las entidades públicas deben procurar la continuidad de los servicios públicos básicos regulares y las labores indispensables de la entidad. Es por ello que esta disposición no es de alcance a las labores del servicio policial, de inteligencia, la recaudación tributaria y la emergencia hospitalaria.

En concordancia con los objetivos fijados, la bonificación por escolaridad que se otorga en el Sector Público, a diferencia de otros años, sería incluida en la planilla de pagos correspondiente al mes de enero.

Finalmente, se encarga al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dictar las medidas correspondientes a efectos de fomentar e impulsar la actividad turística al interior del país, durante el citado período vacacional.

Supuestos Macroeconómicos del Proyecto de Presupuesto 2010

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, considera los siguientes supuestos macroeconómicos:

1. Crecimiento real del Producto Bruto Interno de 5,0%.
2. Tipo de cambio promedio anual de S/. 2,95 por dólar.
3. Variación Acumulada del Índice de Precios al Consumidor de 2,0%.
4. Exportaciones FOB de US$ 27 318 millones.
5. Importaciones FOB de US$ 26 444 millones.
6. Resultado Económico del Sector Público No Financiero de -1,6% del PBI.
7. Resultado Económico del Sector Público No Financiero (con CRPAOs) de -1,8% del PBI.

La economía mundial empezará a recuperase en lo que resta del 2009 y 2010. Así, el FMI ha revisado al alza sus proyecciones de crecimiento para el 2010 y estima que la economía global crecería 2,5%1 el próximo año, 0,6 puntos porcentuales más que lo proyectado por el FMI en abril del presente año. Dicho incremento se sustenta en la mejora de las condiciones financieras; los efectos de las políticas macroeconómicas contracíclicas; la lectura de los indicadores económicos que apunta a una recuperación; el cambio de tendencia del ciclo de inventarios; entre otros.

Por su parte, el PBI de nuestros principales socios comerciales aumentaría 2,3% en 2010, reflejando en gran medida la revisión al alza del crecimiento de Estados Unidos, la Zona Euro, Japón y China. Cabe destacar que el repunte sostenido de la actividad global dependerá de la reactivación del consumo, de la reducción del desempleo y subempleo, y de la continuidad de políticas macroeconómicas que apoyen el crecimiento económico de los países.

En línea con la recuperación económica prevista, los precios de exportación aumentarían 3,6% en el 2010. Así, se prevé de manera conservadora que el precio promedio del cobre, zinc y oro se ubique en torno de los cUS$ 200 por libra, cUS$ 70 por libra y US$ 915 la onza troy, respectivamente. Por otro lado, los precios de importación se incrementarían 4,8%. El barril de petróleo alcanzaría en promedio los US$ 70; mientras que el trigo bordearía los US$ 250 la tonelada. La mayor alza de los precios de importación respecto de los precios de exportación determinaría que los términos de intercambio presenten una caída de 1,2% en el 2010.

Crecimiento Real del Producto Bruto Interno:

Para el año 2010 se espera que el PBI crezca 5,0% en términos reales como resultado del favorable desempeño de los sectores no primarios (5,3%) y primarios (4,4%).

A nivel de la producción sectorial, el sector primario crecería 4,4% durante el año 2010, impulsado por el desempeño del sector minería e hidrocarburos. Este último se incrementaría en 6%.

La actividad agropecuaria crecería 3.8% durante el año 2010. Por su parte, la actividad pesquera registraría una tasa de crecimiento de 2,2%. El sector manufactura alcanzaría un crecimiento de 4,1% basado en la recuperación de la manufactura no primaria (4.4%). La manufactura primaria, por su parte, registraría un crecimiento de 3,1%. El sector construcción crecería 9,4%.

Por el lado del gasto, el dinamismo vendría por parte de la demanda interna, la cual crecería a un ritmo de 5,9% en 2010, debido a la expansión del consumo privado (3,5%), de la inversión pública (15,6%) y privada (6,0%). Por su parte, el consumo público crecería 4,0%.

Exportaciones e importaciones:

Para el año 2010, se espera una balanza en cuenta corriente deficitaria (-3,4% del PBI). Por su parte, la Balanza Comercial experimentaría un superávit de US$ 874 millones. Las exportaciones alcanzarían los US$ 27 318 millones y las importaciones se ubicarían en US$ 26 444 millones.

Tipo de cambio e inflación:

Para el año 2010, se espera que el tipo de cambio alcance en promedio, S/. 2,95 por dólar. Por su parte, la inflación acumulada se ubicará en 2,0%, es decir en el punto medio del rango objetivo del Banco Central de Reserva.

Resultado Económico del Sector Público Consolidado:

Para el año 2010, se prevé un déficit en el resultado económico del Sector Público No Financiero (SPNF) de 1,6% del PBI, y de 1,8% incluido los CRPAOs, cumpliendo con los límites establecidos en la Ley Nº 29368, que suspende durante los ejercicios fiscales 2009 y 2010 la aplicación de las Reglas Macrofiscales, estableciendo un déficit fiscal máximo de 2% del PBI.

Asimismo, el crecimiento real del gasto de consumo (la suma del gasto en bienes y servicios y remuneraciones) se encontraría dentro de los límites establecidos por dicha Ley.

El riesgo en el plan anticrisis está en la ejecución del gasto público

El economista Jorge González Izquierdo afirmó que, aunque el plan anticrisis anunciado por el Gobierno permitirá enfrentar los efectos negativos de la recesión mundial, encierra algunos riesgos que, principalmente, se centran en el manejo adecuado del gasto público, ya que este no depende solo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino también de los gobiernos regionales y municipales, los cuales no están preparados para "gastar más y bien".

Acompañado por parte de su Gabinete Ministerial, el presidente Alan García anunció hoy, lunes, el plan que lanzará para enfrentar la crisis financiera internacional, el cual demandará un gasto adicional de 10 mil millones de soles, con el propósito de generar empleo y mantener el crecimiento.

"El aumento anunciado de 10 mil millones de soles en gasto público y sobre todo en el tema de la inversión pública tendrá sus problemas en el sentido de que casi la mitad del gasto público e inversión no lo realiza el MEF, lo realizan los gobiernos regionales y los municipales, y ahí está la traba", manifestó en diálogo con elcomercio.com.pe.

González Izquierdo agregó que "para mí la velocidad de este gasto se puede detener sustancialmente porque muchos gobiernos regionales y municipales no tienen la condición gerencial para agilizar el proceso de gastar más y con calidad, por más que tengan la plata".

"Entonces, a pesar de que se vayan a sacar dos reglamentos para agilizar el gasto público, por lo menos en el año 2009 no es mucho lo que se va a conseguir en ese aspecto", remarcó el economista al pronunciarse, además, sobre la inminente publicación del Reglamento de Asociaciones Públicas Peruanas y uno que permite al sector privado pagar sus impuestos realizando obras públicas.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno deberá trabajar arduamente con los gobiernos regionales y municipales, y dotarlos de capacidad técnica gerencial, a fin de que manejen adecuadamente los montos que se les destinen.

No obstante, el economista consideró que las medidas fiscales del plan anticrisis son las adecuadas para enfrentar el actual contexto mundial. Señaló que el objetivo principal de la iniciativa es impedir que la confianza del consumidor, inversionista y empresario peruanos se vaya a derrumbar.

"Si la confianza se derrumba, entonces el crédito y la inversión privada se contraerán, y ambos son los motores que están impulsando a la economía peruana. Entonces el mensaje presidencial está destinado a impedir que esa confianza se resquebraje y peor aún se desplome", enfatizó.

Elcomercio.com

Minag advierte quiebra de Banco Agropecuario por condonación de deuda agraria

Lima, set. 26 (ANDINA).- La condonación de la deuda agraria, aprobada en la víspera por el pleno del Congreso, generaría la eventual quiebra del Banco Agropecuario, advirtió el ministro de Agricultura, Ismael Benavides.

“El banco tendría una situación difícil puesto que con ésta condonación el 25 por ciento de su cartera pasaría a la condición de cartera pesada, lo cual es causal de intervención”, aseveró.

En la víspera el pleno del Congreso aprobó con 87 votos a favor y ninguno en contra el proyecto de ley que crea el Programa para la Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda).

Esta norma fue aprobada a insistencia del Congreso, ya que en junio fue observado por el Poder Ejecutivo.

Benavides consideró que esta clase de medidas es una mala señal para el sistema financiero, justo cuando los créditos para el sector agrario han alcanzando los 2,400 millones de soles, cifra histórica récord.

“Lo que el agro necesita son más recursos para el financiamiento de proyectos, pero este tipo de decisiones lo único que hace es que los bancos empiecen a cuidarse y se pregunten ¿para qué vamos a prestar a este sector?.”, cuestionó.

Además, dijo que la condonación de la deuda agraria afectará la imagen del Perú en el exterior y también el grado de inversión asignado al país.

“Estas acciones desdicen la solvencia internacional del Perú”, enfatizó.

El proyecto aprobado en la víspera establece que el Banco Agropecuario compre a los bancos el íntegro de su cartera morosa, que según Benavides asciende a los 50 millones de soles, correspondiente a 4,100 agricultores

Al respecto, Benavides indicó que ahora este es un tema que le corresponde determinar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues el Banco Agropecuario depende de esta entidad.

“Hemos hecho un enorme esfuerzo para duplicar el crédito a los agricultores durante mi gestión y lo que va de este gobierno. Ahora el MEF tendrá que evaluar qué acciones seguir porque el Banco Agropecuario entraría en crisis”, dijo.

En ese sentido, lamentó que a partir de esta medida, los créditos se concentrarán en los agricultores más grandes y no en los que más los necesiten para desarrollar su productividad.

“El mensaje ahora es: bancos no presten porque van a tener problemas para recuperar su cartera”, advirtió.

El ministro asistió hoy a la inauguración de la primera feria internacional gastronómica de Lima "Perú Mucho Gusto", en la sede del Cuartel San Martín en el distrito de Miraflores.

SÓLO EL 10% SON 92,703 TRABAJADORES APRISTAS

Sólo el 10% El porcentaje de militantes apristas en el aparato del Estado no pasa del 10%, aseguró el vocero del APRA, Aurelio Pastor, frente a algunas voces que advierten un copamiento político. Sostuvo, además, que en países como Brasil y Chile es normal que un determinado número de funcionarios estatales formen parte del régimen de turno. (Correo)

Según un informe del Congreso, el Gobierno Nacional cuenta con 438.456 servidores públicos activos y 55.694 contratados por servicios no personales; lo que da un total de 494,150 servidores públicos que laboran en ministerios, organismos públicos descentralizados, entre otros.

En lo que respecta a los gobiernos regionales, se da cuenta que existen 413.383 servidores públicos activos y 19.505 contratados por servicios no personales, lo que da un total de 432,888 servidores públicos.

No se cuenta con información de los servidores públicos que trabajan para las municipalidades.

Si tomamos como referencia estas cifras y las declaraciones del Congresista Pastor, tenemos que en el Gobierno Nacional existirían 49,415 trabajadores apristas, mientras que en los Gobiernos Regionales, existirían 43,288 trabajadores apristas.

Es decir, sólo en el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, 92,703 trabajadores apristas estarían en las planillas del Estado. Lo que faltaría saber es cuántos fueron contratados durante los últimos dos años.

TRABAJO PARA TODOS….. LOS COMPAÑEROS….

EL VASO DE LECHE

El Programa del Vaso de Leche se creo en Lima el año 1984 y luego se extendió a nivel nacional, como un programa municipal de apoyo alimentario para niños de 0 a 6 años.

Con el transcurrir del tiempo, dicho programa fue ampliando su ámbito de beneficiarios a madres gestantes y lactantes, niños de 7 a 13 años, personas con tuberculosis, personas indigentes de la tercera edad, etc.

Sin embargo, si bien se amplió la cantidad de beneficiarios, no se hizo lo propio y en la misma proporción en el aspecto presupuestal. Esto trajo como consecuencia graves problemas en la atención de los beneficiarios por parte de las madres.

Por otro lado, existe el problema de que la ley establece que se debe entregar productos preparados, pero el presupuesto no contempla los gastos que demanda la preparación de los productos.

Para financiar dichos gastos, muchos comités del vaso de leche se ven en la necesidad de solicitar aportes a algunos beneficiarios, con lo que se desnaturaliza el Programa del Vaso de Leche que debe ser gratuito.

En el aspecto de la gestión municipal del programa encontramos graves deficiencias. Es el caso de la suspensión de la entrega de productos hasta por varios meses, debido a problemas logísticos o a la desidia de funcionarios municipales.

Cuando se restablece la entrega del producto, nunca se sabe que ocurrió con los recursos que les fueron transferidos con regularidad a las municipalidades durante los meses en que se interrumpió la entrega.

No es posible que malos funcionarios públicos suspendan la entrega de los productos a los comités sin que exista una causa justificada. Este desabastecimiento repercute de manera alarmante no sólo en las madres, sino en los niños que son los beneficiarios primarios.

Un informe elaborado por la Universidad del Pacifico - financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo - evidencia graves irregularidades en el manejo del Programa del Vaso de Leche. Existen fugas, tanto en los recursos transferidos como en la entrega de los productos a los beneficiarios.

Según el informe antes referido, más del 10% de las municipalidades no cuentan con información de los beneficiarios. En otros casos el producto se distribuye sin preparar, pese a que la ley exige que se haga de forma preparada. La Contraloría no ha llevado a cabo acciones de control en más del 70% de municipalidades.

A esto se agrega el hecho de que existe una amplia red organizada de los Comités de Vaso de Leche que representa una facción poderosa y unificada del distrito electoral, por lo que ejerce presión considerable sobre los alcaldes; etc.

Es claro que el problema no es tanto de leyes, sino de insuficiencia presupuestal, deficiencia en la gestión del Programa del Vaso de Leche y falta de control gubernamental.

Finalmente, es hora que los funcionarios de las municipalidades y todo aquellos que manejan programas sociales, entiendan que cuando se trata de dinero o bienes que corresponden a programas de apoyo social, las penas pueden llegar hasta los ocho años de prisión efectiva.

No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy

El canon es la retribución que reciben las regiones en las que se explota algún recurso natural, como compensación por la explotación de sus recursos naturales.

En este sentido, el canon sirve para proveer de recursos a la región a fin de que planifique un desarrollo económico y social sostenible en tiempo.

Los recursos naturales se extinguen y el precio internacional de los minerales no siempre estará en los niveles en que se han encontrado en los últimos años. Esto no estaría siendo entendido por algunas autoridades regionales y locales.

Se aprecia a lo largo y ancho del país ciudades en las que existe una evidente debilidad en la calidad del gasto. Es necesario, por tanto, mejorar la calidad del gasto y para ello hay que planificar en función a objetivos concretos.

Nuestras autoridades regionales y locales deben asumir con responsabilidad la tarea de preparar a sus pueblos para afrontar una reducción de ingresos por canon.

Ello ocurrirá – tarde o temprano - cuando se extingan sus recursos naturales no renovables o sencillamente baje el precio internacional de los minerales y sus como consecuencia de ello los ingresos por canon se reduzcan.


Ha llegado la hora de identificar nuevas fuentes generadores de riqueza en las regiones. Corresponde a las autoridades - sin dejar de observar los mapas de pobreza - voltear la mirada hacia nuevas fuentes de riqueza de la región y generar "mapas de riqueza".

No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, reza un dicho que bien podría aplicarse en este caso.

EL COSTO DE LA IRRESPONSABILIDAD FISCAL

El periodo 1985-1990 fue quizas el mas desastrozo por el que atravezó nuestra economía. Un inexperto y demogogo mozuelo ocupaba la Casa de Pizarro. Con un populismo sólo igualado al esgrimido por el actual mandatario de Venezuela, se reveló contra el Sistema Financiero Internacional. Limitó el pago de la deuda externa, dejando al pais como un triste "perromuertero", si cabe la palabra .

Mientras esta acción le costaba al país ser declarado "inelegible" en el sistema financiero internacional, irresponsablemente "regalaba" el dinero de todos los peruanos a través de créditos "cero intereses" para los agricultores.

El discurso demagógico era que los "pobres" campesinos requerian de dicho subsidio. Años mas tarde se descubriría que quienes realmente se vieron beneficiados con dichos créditos no fueron precisamente los pobres campesinos, sino un "grupete" de vivos que se dieron el lujo de exigir la condonación de la deuda. Para entonces el gobernante estaba decayendo en sus niveles de popularidad, por tanto requeria de actos de mayor impacto en la población.

Como lógica consecuencia del otorgamiento irresponsable de créditos, el Banco Agrario rapidamente se quedó sin liquidez, por lo que se dispuso de nuestras reservas internacionales a través de creditos que le otorgaba el BCR. El Banco Central de Reserva repidamente tuvo que hechar a andar la famosa "maquinita", emitiendo billetes inorgánicos (sin respaldo), lo que dió pie a una hiperinflación que llegó a 7,000 %. el año 1990.

Para entonces, las tiendas se llenaban de personas tratando de adquirir productos de primera necesidad. Los comerciantes aprovechaban el desabastecimiento para obligar a adquirir otros productos y así acceder a los básicos, como leche, aceite, arroz, azucar.

El ingenio peruano llevaba a que cada miembro de una familia, por separado, se acerque a las tiendas a adquirir los productos básicos, a fin de poder contar con la cantidad mínima necesaria para la subsistencia de la familia.

Hoy en día, a cerca de tres años de que Alan García asumiera el cargo en su nuevo período, es decir el mismo tramo que se dió en su anterior gobierno, podemos apreciar como se comienza a repetir la triste historia del país que nos llevó a la bancarrota.

Esta vez nuevamente entra en escena el renombrado Banco Agropecuario con la inminente condonación de deudas, mientras por otro lado ya se haceho lo propio con deudas asumidas con el Estado a través del Banco de Materiales para adquirir viviendas.

Es que acaso somos tan estupidos los peruanos que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Vamos a permitir que nuevamente se despilfarre los recursos del Estado que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los peruanos. Seguirá callada la neo prensa adicta al poder sin decir nada al respecto.

Aplaudamos los logros, la disciplina, la gestión eficiente, la sanción a los imorales, pero no nos dejemos cegar por éstos.

APEC 2008 - WELCOME TO PERÚ

DECRETO LEGISLATIVO DE LA LEY MARCO QUE PROMUEVE LA EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

Objetivo: Promover la eficiencia empresarial del Estado en aquellos sectores que aún participa.

Resumen: La norma establece una nueva clasificación de los tipos de empresas públicas existentes. Asimismo, se establece que las empresas del Estado sólo podrán recibir encargos de actividades no comerciales. Se dan criterios para designación de directores de las empresas del Estado. Se establece que los bienes del Estado están sujetos a las disposiciones del Código Civil y no a las de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Para el caso de los aportes o retiros de capital en las empresas del Estado, las variaciones de capital, así como la distribución de dividendos se lleven a cabo de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades. Las empresas del Estado deberán inscribir un mínimo de 20% de su capital social en el Registro Público del Mercado de Valores, sujetándose a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresa y Valores (CONASEV).

Impacto: - Mejorar la administración de los recursos de las empresas públicas. - Permitir una gestión más efectiva de las empresas estatales acorde con las necesidades de los mercados. - Incremento de la captación de ingresos e inversiones para el cumplimiento de sus objetivos. - Profesionalización de los Directorios. - Aplicación de prácticas de Buen Gobierno Corporativo. - Mejora en los mecanismos de fiscalización y transparencia.

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROPICIAR LA INVERSION EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo: Impulsar la inversión en infraestructura para la provisión de servicios públicos esenciales para el desarrollo humano, a través de la implementación de medidas.

Resumen: La norma es aplicable a las empresas privadas y entidades del sector público que realizan la prestación de alguno de estos servicios públicos esenciales: agua potable y alcantarillado, transmisión y distribución de electricidad, así como alumbrado público, gas natural y telecomunicaciones. Asimismo, establece disposiciones que obligan a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Se determina que el uso de las áreas y bienes de dominio público de propiedad del Estado, incluidos el suelo, subsuelo, y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de dominio público, por parte de los operadores de los servicios públicos señalados anteriormente, es gratuito únicamente para el despliegue, mejoramiento o mantenimiento de infraestructura de redes de distribución de los servicios públicos. Se establece que las autoridades de cualquier nivel de gobierno, al momento de establecer montos por derecho de tramitación para los procedimientos administrativos para acceso o conexión domiciliaria, a los usuarios y operadores de los servicios públicos señalados no podrán establecer montos mayores al 1% de la UIT vigente. Se dispone que la respuesta a la solicitud de autorización para la realización de obras de instalación, ampliación o mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos señalados por parte de la autoridad municipal, se sujeta a silencio administrativo positivo cumplido el plazo de 30 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud respectiva. Los requisitos exigibles para otorgar la autorización para realizar obras de instalación, ampliación o mantenimiento de la infraestructura para la prestación de los servicios públicos señalados son establecidos por los gobiernos locales, conforme a las leyes sobre la materia. Se podrán limitar o restringir la realización de tales obras únicamente cuando éstas puedan afectar el desarrollo urbanístico, el patrimonio histórico o cultural de la Nación o el medio ambiente. Asimismo, se establecen los deberes de las empresas prestadoras de servicios públicos así como las medidas en materia de procedimientos de ejecución coactiva. Así, los gobiernos municipales no podrán contratar asesorías, consultorías, empresas especializadas, etc para la recaudación, gestión o cobranza de sus acreencias. Los gobiernos locales deberán eliminar todo requisito de pago previo de la deuda o afianzamiento de la misma, para efectuar reclamos, quejas o recursos administrativos vinculados a procedimientos de ejecución coactiva, entre otras. Estas medidas no son de aplicación al ámbito de los procedimientos de ejecución coactiva establecidos en el TUO del Código Tributario. Se incorpora el articulo 231-Aº en la Ley del Procedimiento Administrativo General que establece determinadas reglas en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores. Asimismo se dispone que el INDECOPI será competente para garantizar el cumplimento de la presente norma.

Impacto: Se eliminan sobrecostos y se logra una efectiva simplificación administrativa en beneficio de los usuarios de los servicios públicos.

1`623,956 SERVIDORES PÚBLICOS Y ALGO MÁS….

La PEA del Sector Público a nivel de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales a octubre del 2007 es de 1´623,956 servidores públicos; de los cuales 761,839 constituyen la masa de servidores públicos activos (47%), 786.918 son pensionistas (48%), y 75,199 servidores públicos se encuentran contratados bajo la modalidad de “servicios no personales” (5%).

Estas cifras desagregadas nos muestran que el Gobierno Nacional cuenta con 438,456 servidores públicos activos; 55,694 contratados por servicios no personales y 663,299 pensionistas, lo que da un total de 1´067,449 servidores públicos.

Por su parte, los Gobiernos Regionales cuentan con 413,383 servidores públicos activos, 19,505 contratados por servicios no personales y 123,619 pensionistas, lo que da un total de 556,507 servidores públicos.

La estructura profesional de los trabajadores activos del Estado, nos muestra que existen 362,857 profesores (43%); 29,716 profesionales de la salud (4%); 136,185 son personal militar y policial (16%); 172,106 servidores administrativos bajo el régimen del D.Leg. 276 (21%); 34,147 se encuentran bajo el régimen laboral privado del D.Leg.728 (4%); 21,815 son docentes universitarios (3%); 5,013 tienen otras profesiones (1%) y 76,199 se encuentran contratados bajo el régimen de servicios no personales (9%).

Del total del personal activo, 85,906 corresponden a personal administrativo de los Ministerios y Poderes del Estado; 26,663 son servidores públicos de las OPDs y universidades; 235.887 corresponde a servidores públicos de líneas de carrera del Gobierno Nacional, como son los Congresistas, magistrados, diplomáticos, profesorado, docentes universitarios, profesionales de la salud, personal militar y personal policial; lo que da un total de 348.456 servidores públicos en el Gobierno Nacional.

En lo que respecta a los Gobiernos Regionales se cuenta con 93,684 servidores públicos en el ámbito administrativo, 304,724 profesores y 14,975 profesionales de la salud; lo que da un total de 413,383 servidores públicos.

En lo que se refiere a los pensionistas, la estructura profesional nos muestra que existen 113.691 profesores (14,45%); 29,796 miembros de las FFAA (3,79%); 40,879 miembros de la Policía Nacional del Perú (5,19%); 6,267 docentes universitarios (0,8%); y 596,285 administrativos y C. Especial (75,77%).

Si desagregamos al sector de pensionistas por régimen pensionario al que pertenecen, tenemos que 448,574 pensionistas se encuentran bajo el régimen del Decreto Ley 19990 (57%); 238,169 bajo el régimen del Decreto Ley 20530 (30%); 29,500 bajo otros regímenes (4%); y 70,675 bajo el régimen especial para las FF.AA. Y PNP (9%).

De acuerdo a la información obtenida del Módulo de Control de Pago de Planillas y Servicios No Personales (MCPP-SNP), se observa un incremento de 68,660 trabajadores, debido a factores de estacionalidad como inicio de labores escolares, alfabetización, guardianía de material educativo que se reparte a los colegios al inicio del año escolar y durante el periodo de clases, así como, proyectos de inversión, programas y proyectos de salud, campañas de vacunación, entre otros.

Respecto a los Servicios No Personales, también existe un incremento de temporada cuando se inician labores de alfabetización, programas y proyectos educativos de desarrollo tecnológico y capacitación, campañas de salud localizada (salud reproductiva, campañas de vacunación, despistajes, etc.). Las actividades descritas sustentan un incremento durante el año de 13,193 contratados en la modalidad de Servicios No Personales.

El 67% de los trabajadores administrativos (276) no reciben incentivos a través de CAFAE. Los Gobiernos Regionales que cuentan con mayor número de trabajadores administrativos (D. Leg. 276) que percibe incentivos a través del CAFAE son el Gobierno Regional de Puno (3,916), el Gobierno Regional de Ayacucho (2,915), el Gobierno Regional de La Libertad (2,884), el Gobierno Regional de Junín (2,803) y el Gobierno Regional de Loreto (2,270).

Es este el escenario que nos muestra un reciente Informe Preliminar de un Grupo de Trabajo del Congreso que tiene la ardua tarea de proponer la reforma del Estado en materia de Política Remunerativa del Sector Público.

BUROCRACIA
SERVIDORES PÚBLICOS
REMUNERACIONES
SECTOR PÚBLICO

EMPRESA PRIVADA + SECTOR PÚBLICO = INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Para cerrar la brecha del déficit de infraestructura se requiere la participación del sector privado en la provisión de infraestructura pública.

En este sentido, deben crearse mecanismos que incentiven a las empresas privadas a desarrollar infraestructura de uso público en aquellos distritos, provincias o regiones en los que la falta de infraestructura afecta negativamente la calidad de vida de sus ciudadanos.

Existe la necesidad de la infraestructura y la voluntad de las autoridades para cubrir esas necesidades, pero muchas veces no existen los recursos suficientes, tanto de índole económico como técnico.

Ahora bien, también existen proyectos declarados viables cuya ejecución no ha sido iniciada. Existe aquí una oportunidad para que el sector privado sea un impulsor de la ejecución de estos proyectos que no han podido ser aún concretados por las autoridades regionales o locales.

Entre los mecanismos que podrían implementarse para fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura de uso público, se encuentra un beneficio con el que ya cuenta la actividad minera: la deducción como gasto de la renta imponible de las inversiones en infraestructura de uso público que efectúen los titulares de empresas privadas.

La finalidad de este mecanismo es promover la inversión para que las poblaciones que carecen de infraestructura adecuada y suficiente para su desarrollo se vean beneficiadas con la oportuna ejecución de obras de infraestructura de uso público. Mediante este mecanismo si bien el Estado deja de percibir una parte del impuesto a la renta, permite que los ciudadanos cuenten con mejores y más servicios.

La ampliación de este beneficio a otros sectores de la actividad empresarial es una medida que puede contribuir a promover la participación de la empresa privada en proyectos de inversión con gobiernos locales o regionales, e incluso con el gobierno nacional.

La menor recaudación que se obtendría de parte de los privados que inviertan en estos proyectos, no será significativa y, en cambio, el impacto de los proyectos de inversión en la calidad de vida de los ciudadanos será enorme.

POBREZA+BRECHA+SERVICIOS PÚBLICOS
POBREZA

¡¡¡471 MILLONES PARA EL SIS!!!

Una de las metas del gobierno es lograr el aseguramiento universal en salud y el SIS se muestra como principal instrumento para la consecución de dicha meta. En tal sentido, vale la pena reparar en que el monto presupuestado destinado al SIS para el año 2008 asciende aproximadamente a S/. 471. 1 millones.

La única referencia que se tiene sobre los recursos que serán destinados el 2008 por concepto del SIS, es un monto total de alrededor S/. 8,7 millones que se distribuiría a sólo 14 departamentos.

La pregunta cae por si sola: ¿no hay recursos para los 10 departamentos faltantes? ¿A qué se destinarán los recursos restantes? ¿Quiénes y cuántos son los beneficiarios de estos recursos?

Durante el Gobierno anterior Petroperu se convirtió en la caja chica, es que acaso ahora será el SIS quien cumpla ese triste papel.

Los últimos hechos denunciados en el SIS nos preocupan.

REGALÍAS Y SEGURIDAD JURÍDICA

La Constitución establece que “la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato”; así como que “los términos contractuales no pueden ser modificados por Ley.”

La Constitución también señala que “mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades” y que éstos “no pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.”

En este marco, el Estado peruano ha suscrito una serie de convenios de estabilidad jurídica, en virtud de los cuales se ha obligado a mantener para estas empresas congeladas por un tiempo las condiciones jurídicas vigentes en la fecha en que se suscribieron.

El Estado puede hacer modificaciones a la legislación tributaria o administrativa, sin embargo éstas modificaciones no pueden alcanzar a quienes tienen pactado con el Estado un convenio de estabilidad jurídica; pues el Estado está en la obligación constitucional y moral de respetar los contratos y las obligaciones que asume.

Un Estado que incumple sus obligaciones no sólo viola la Constitución, sino que se convierte en un Estado que no ofrece garantía alguna a la inversión y, por tanto, ningún inversionista nacional o extranjero arriesgará sus intereses en el país.

El mensaje que se daría hacia la comunidad internacional sería muy malo y tendría efectos negativos en los flujos de inversión.

El Perú no puede darse el lujo de aparecer ante los organismos internacionales como un país sin seguridad jurídica, en un momento en el que está camino a lograr el grado de inversión que requerimos.

En consecuencia, no sólo es inconstitucional cobrar regalías mineras a las empresas que tienen contratos de estabilidad jurídica vigente, sino que sería altamente perjudicial para el país en términos económicos y financieros.

Por cobrar inconstitucionalmente un poco de dinero vía regalías a un grupo de empresas, perderíamos todo lo avanzado en materia económica y los flujos de inversión se verían seriamente disminuidos; sin contar que las empresas de seguro iniciarían procesos judiciales y constitucionales que con facilidad ganarían.

No podemos regresar a las épocas de expropiación de la Brea y Pariñas, y después pagar grandes cantidades de dinero por estos hechos.

LA DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA ES MUCHO MAS QUE DESCENTRALIZAR BUROCRACIA

En el tercer trimestre del 2007 la onda expansiva de los centros comerciales se sintió con más fuerza e inició su descentralización hacia las provincias. Según el barómetro de retail de la inmobiliaria Colliers Internacional, ciudades como Trujillo, Arequipa, Chiclayo y Piura ingresarán a la vorágine del comercio moderno. (El Comercio, 22/10/2007)

En octubre del 2006 el actual gobierno anunció un shock descentralizador de veinte medidas, entre las cuales se encontraba principalmente la transferencia de competencias y recursos de los ministerios a los gobiernos regionales.

Que las regiones ejecuten apenas el 50% de sus presupuestos muestra que este proceso actualmente enfrenta serias dificultades. Es más, según la Comisión de Presupuesto del Congreso, solamente cinco gobiernos regionales están alcanzando a octubre una ejecución presupuestal superior al 30%.

Pero algo que llama la atención es que a pesar de los obstáculos del proceso de descentralización, gran parte del crecimiento económico que ha experimentado nuestro país en los últimos años ha alcanzado a provincias, generándose así crecimiento descentralizado.

Según una encuesta realizada por el Banco Central a 246 empresas sobre intenciones de inversión en el 2007 en las regiones, ésta alcanzaría los US$4,136 millones. Además de Lima (US$1,543 millones), entre las regiones que lograrían captar mayores inversiones destacan Piura (US$587 millones) y Cajamarca (US$371 millones).

Además, el aumento en el poder adquisitivo en las regiones ha promovido inversiones en centros comerciales, los que además cuentan con patios de comidas y cines. Actualmente, ciudades como Piura, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca y Arequipa ya cuentan con uno y se tienen programadas inversiones en Huancayo, Arequipa e Ica.

Específicamente la ciudad de Trujillo ha recobrado un dinamismo que no veía desde hacía 20 años. De hecho, según el Ministerio de Trabajo, Trujillo es la ciudad en la que más está creciendo el empleo formal: solamente durante el 2006 creció en 27.9%. Mucho de este crecimiento en el empleo tiene que ver con la mayor producción de las agroindustriales de la zona.

Según la Sunat, las exportaciones del departamento de La Libertad han crecido en 56.3% del periodo enero-junio 2006 al periodo enero-junio 2007 (en Lima las exportaciones habían crecido en apenas 23.3%). Quizás más importante que la transferencia de funciones a gobiernos subnacionales, que de hecho hace falta, sea apoyar este impulso empresarial.

En ese sentido el sector agroindustrial necesita urgentemente que la Ley de Aguas, la cual ha estado en un proceso de discusión por 14 años, salga a la luz. Una ley que promueva una gestión de cuentas moderna y un uso eficiente del agua, pero que además evite conflictos interregionales por el control del recurso.

IPE - Instituto Peruano de Economía

POR UNA SUNAT EFICIENTE Y CON OBJETIVOS...

En el ranking de Haciendo Negocios del Banco Mundial en materia tributaria nos encontramos en el puesto 135 de 175 países. En el Perú se realizan 53 pagos de impuestos al año y para ello se toman 454 horas.

Urge una verdadera racionalización, simplificación y agilización del trámite de cumplimiento de la obligación tributaria, de manera que promueva la formalización.

Gran parte del presupuesto de la SUNAT está vinvulado a un porcentaje de lo que recauda, sin exigírsele objetivos claros respecto a la ampliación de la base tributaria, simplificación y agilización de trámites.

Frente a esto, es necesario que la participación de SUNAT en los recursos recaudados, esté ligada a la eficiencia y eficacia del Ente recaudador.

LA DEUDA SOCIAL

El país ha estado atendiendo su deuda publica, honrando los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado, sin embargo poco o nada ha hecho por reducir la deuda social.

Esta deuda social en gran medida corresponde a cesantes y trabajadores públicos que cuentan con sendas resoluciones judiciales que disponen que el Estado cumpla con honrar sus deudas.

El Ministro de Economía y Finanzas ha señalado que en los futuros créditos suplementarios que apruebe el Poder Ejecutivo se priorizarán los recursos para atender la deuda social.

Sin embargo, estamos próximos a ingresar al cuarto y último trimestre del año y no se ha avanzado mucho. El único caso en que el Estado ha cumplido parcialmente, ha sido el de la familia policial.

Es claro que no puede reducirse el porcentaje del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 destinado al pago de la deuda pública externa, y atender con esos recursos la deuda social, ya que existen compromisos importantes que se deben cancelar el próximo año; sin embargo, tambien lo es que el Estado tiene que honrar sus obligaciones al interior del país.

El primer paso debe ser actualizar la deuda social para saber exactamente a cuánto asciende y luego priorizar la “Deuda Social” en el presupuesto nacional 2008.

70 MIL MILLONES DE NUEVOS SOLES....

EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2008

La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, el mismo que está subdividido en dos secciones: Gobierno Central e Instancias descentralizadas.

A través del Presupuesto se asigna equitativamente los recursos públicos que se prevé se lograrán captar durante el año siguiente, asignación que responde a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización.

El proyecto de Ley de Presupuesto para el 2008 se fija como objetivos, limitar el crecimiento real del gasto de consumo en el Gobierno Central a 4%, aumentar la participación del gasto de inversión y elevar la presión tributaria a niveles de suficiencia fiscal.

Para ello, el Poder Ejecutivo ha previsto para el año 2008 un crecimiento real del PBI de 6,2%, tipo de cambio promedio anual de S/.3,16, variación acumulada del IPC de 2,0%, exportaciones FOB de US$ 29,470 millones, importaciones FOB de US$ 21,106 millones y un resultado económico del Sector Público No Financiero con CRPAOs 0,3% del PBI.

En el marco de estos supuestos macroeconómicos, el proyecto establece que los ingresos para el año 2008 serán del orden de los S/. 71,049´786,749; es decir, cerca de S/. 9.5 millones por encima de los ingresos previstos en el Presupuesto de Apertura del presente año, que ascendió a S/. 61,626´985,652

En lo que corresponde a la asignación de gastos, se asigna al Gobierno Central S/. 48,602´511,720, a los Gobiernos Regionales S/. 11,565´718,328 y a las Municipalidades S/. 10,881´556,746. Es decir, cerca del 70% de los ingresos previstos para el año 2008 serán absorbidos por el Gobierno Central, lo que nos lleva a una primera conclusión: aún no se ha avanzado mucho en el tema de descentralización fiscal.

Esta situación es aun mas preocupante si observamos que en lo que se refiere al Gobierno Central, los gastos corrientes para el 2008 se elevarían en cerca de S/. 2,800 millones respecto de lo previsto en el Presupuesto del año 2007; fenómeno que no se presenta en el caso de los gobiernos regionales y municipalidades.

Se estima en S/.17,483 millones los recursos totales del Presupuesto 2008 destinados a atender el pago de planillas, cargas sociales, CTS, gratificaciones, escolaridad, entre otros. De este gasto, S/. 9,616 millones corresponden al Gobierno Nacional, S/. 6,450 millones a los Gobiernos Regionales y S/. 1,417 millones a los Gobiernos Locales.

La explicación de esta brusca alza estaría en la autorización para la contratación o nombramiento de más de 20,000 servidores públicos, entre los que se contempla la contratación de 5,719 docentes a través de los Gobiernos Regionales. Lo curioso en este caso es que 1,168 docentes a contratar corresponden al Gobierno Regional de La Libertad, mientras que los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Tumbes y Ucayali en conjunto sólo podrán contratar 968 docentes.

En lo que corresponde a salud, se autoriza la contratación de 1,141 profesionales de la salud no médicos cirujanos para el Ministerio de Salud y 1,724 profesionales de la salud no médicos cirujanos a ser contratados por los Gobiernos Regionales.

Para efectos de la lucha contra la delincuencia e implementación del Nuevo Código Procesal Penal, se prevé la contratación de 7,239 efectivos policiales, 1,314 corresponde a personal militar, 2,107 servidores para el Ministerio Público y 1,288 servidores para el Poder Judicial.

Entre los aspectos novedosos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2008, encontramos que se implementa el Presupuesto por Resultados de manera progresiva, luego de largos años de espera. Este es quizás el tema más importante, pues no podemos seguir asignando recursos a las instituciones públicas sin exigir resultados. El presupuesto por resultados se iniciará en programas estratégicos, cuya evaluación podrá encargarse a universidades y organismos del sector público y privado.

La Constitución establece que corresponden a las respectivas circunscripciones, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon. En este sentido, el monto por concepto de canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones para el 2008 asciende a S/. 5,535 millones.

De dicho monto, S/. 61 millones corresponden a entidades del Gobierno Central, S/. 1,547 millones a los Gobiernos Regionales y S/. 3,926 millones a los Gobiernos Locales; cuyo destino es financiar principalmente la ejecución de proyectos de inversión. La novedad está en que las entidades que no reciban canon, sobrecanon y regalías o que en conjunto no superen S/. 1 millón, estarán facultadas a utilizar hasta el 5% de su gasto en inversiones para financiar perfiles de proyectos

Por otro lado, la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal establece que constituyen recursos del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), entre otros, el saldo presupuestal de libre disponibilidad del Tesoro Público obtenido al final de cada año fiscal en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de ser éste positivo.

Para este efecto, se entiende por saldo presupuestal a la diferencia entre los ingresos registrados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y los gastos totales devengados por la referida fuente, incluyendo los relativos a las obligaciones requeridas para la atención del servicio de la deuda pública.

Sin embargo, en el Proyecto de Ley de Presupuesto se adiciona al gasto que sirve de base de cálculo, los recursos consignados a proyectos de inversión que no se hubieran comprometido o devengado al 31.12.07. Al incrementarse el gasto, el saldo a ser derivado al FEF el año 2008 disminuye considerablemente, por lo que se desnaturaliza la finalidad del fondo que es reservar parte de los saldo presupuestales de cada año para eventuales contingencias futuras.

Al incorporar normas de este tipo se rompe la finalidad del FEF que conforme lo señala la Ley, es “…contribuir a la estabilidad económica, condición esencial para alcanzar el crecimiento económico sostenible y el bienestar social”.

En el aspecto laboral público, se suspenden todos los sistemas de homologación de remuneraciones o de indexación, lo que sin lugar a dudas generará serios enfrentamientos al Gobierno, pues entre otros se encuentran sujetos a homologación los magistrados del Poder Judicial, docentes universitarios, etc. Debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional, devendría en inconstitucional la reducción de las remuneraciones de forma unilateral; por lo que es probable que se presenten acciones de inconstitucionalidad y eventualmente se produzcan paros y movilizaciones.

Se autoriza a las entidades públicas a realizar rotaciones, encargaturas, turnos y cualquier otra forma de desplazamiento de personal de acuerdo a sus necesidades; incluyéndose en estas disposiciones a los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que hayan superado el periodo fijado en el D.Leg.276. Sin soslayar el hecho de que es necesario que exista un mayor margen de maniobra en el tema de recursos humanos en el Sector Público, este medida si es aplicada unilateralmente por las instituciones públicas también podría generar problemas de orden laboral.

Finalmente, se establece un bono de productividad a los servidores del Sector Público, denominado Bono por Crecimiento Económico, el mismo que se otorgará durante el 2008 si es que la economía crece por encima del 7%, simulando al bono de productividad que se aplica en el sector privado.

LA POLITIZACION DE LOS SUELDOS EN EL SECTOR PÚBLICO

El día de ayer asistió al Congreso el Contralor General de la República, Genaro Matute, a informar respecto a los sueldos en la Administración Pública. Muchas cifras, como preparado para la prensa, pero nada de los problemas de fondo que afronta el Estado en su planilla.

Para empezar, Matute presento sueldo anualizados – como para causar un mayor impacto – y dijo lo que todos sabemos. Que en la Administración Pública los sueldos para ser competitivos tienen que ser “subsidiados” vía Cafae; cuando no a través de as asignaciones PNUD en el caso de los altos funcionarios.

El tema de los recursos humanos del Sector Público debe ser tratado por el Poder Ejecutivo planteando una solución integral y no sólo desde la perspectiva del gasto en salarios. El Estado tendrá los profesionales que requiere, sólo cuando este dispuesto a pagar lo que corresponde.

No se trata de salir a la prensa con un mensaje populista a anunciar los gastos en remuneraciones, sino de evaluar si los profesionales que los reciben realmente están calificados para el cargo y consecuentemente les corresponde dicho sueldo. Durante la intervención del Contralor y sus funcionarios, había momentos en que parecía que el mensaje – altamente político – era del Presidente y no de dichos funcionarios.

Lo cierto es que en materia laboral en el sector público se mantienen serias distorsiones que deben ser resultas por el Poder Ejecutivo, como es el caso de miles de trabajadores del Estado sujetos al régimen de la carrera pública que tienen como “remuneración básica” tan sólo S/. 1.00 y todo el resto de lo que perciben aparece en sus boletas como “bonificaciones” que no son calculadas para su CTS, ni ningún otro derecho laboral; o miembros de las FFAA a los que gran parte de su sueldo se les paga en combustible, generándose un clara distorsión salarial.

Si lo que se desea es evitar desigualdades en materia laboral, debe corregirse el problema que afrontan miles de trabajadores del Estado sujetos a los famosos “contratos por servicios no personales”, que no gozan del mas mínimo beneficio laboral (vacaciones, CTS, Aguinaldos, Bonificación familiar, etc.).

Es precisamente esta política de reducción de los sueldos de la tecnocracia del Estado, la que está causando la salida de los técnicos mas calificados, con el perjuicio que ello representa para el Estado que ha invertido en ellos.

Esta bien evaluar la reducción de los sueldos a los funcionarios que asumen sus cargos por elección popular, pues en este caso la ley no obliga que el candidato tenga calificación profesional alguna ni existe meritocracia. Lo que no está bien es que se pretenda hacer lo mismo en el caso del resto de servidores públicos, a los que sí se les exige un nivel profesional y para ello se han "quemado las pestañas" estudiando por años en una universidad u otro centro de educación superior, e inclusive, en no pocos casos, han costeado sus diplomados, maestrias y doctorados.

Recuérdese que una de las causas por las cuales los gobiernos regionales y locales no han podido formular y ejecutar proyectos de inversión con los recursos del canon es debido a la falta de técnicos capacitados, así como que un servidor publico que labora hasta altas horas de la noche no puede ganar lo mismo que uno que se retira a las cinco de la tarde.

El Tribunal Constitucional ha señalado que no puede el empleador reducir la cantidad de remuneraciones que perciben sus trabajadores de manera unilateral, por tanto si lo que se pretende es que todos ganen catorce remuneraciones, una opción sería prorratear algunas “bonificaciones” para que ello se cumpla; pero, en todo caso, ello corresponderá decidirlo a ciertos organismos en el marco de la autonomía que les otorga la Constitución y sus leyes orgánicas.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que cualquier limitación a catorce remuneraciones eventualmente alcanzaría a las “remuneraciones” y las “gratificaciones”; sin embargo, las “bonificaciones” tienen otra naturaleza y por tanto no se encontrarían enmarcadas dentro del concepto de remuneración ni el de gratificación.

Si esta disposición alcanzara al concepto de bonificaciones, los trabajadores públicos habrían perdido, entre otras, la bonificación por trabajo minero en altura, la bonificación a los que trabajan en lugares de extremo riesgo, bonificación para profesores que trabajan en zonas rurales y de frontera, entre otras, pudiendo sólo percibir sus doce remuneraciones correspondientes a cada mes de trabajo y las dos gratificaciones, una en julio y otra en diciembre.

El tema es mucho mas complicado que el gasto en remuneraciones, por lo que no es conveniente manosearlo políticamente. No imagino, por ejemplo, a un funcionario no calificado negociando el TLC o tratando de supervisar desde un organo regulador, a la Telefónica u otros.

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