Costo de la Delincuencia en el Perú: 2005

Recuperemos al Policía de a pie

Recuerdo de pequeño siempre haber visto a uno o dos policías paseando por las calles, cumpliendo con su labor de brindar seguridad a la población. Hoy en día si desea encontrar policías, tiene que acudir a la Comisaría; donde podrá encontrar a muchos cumpliendo funciones administrativas. Se ha sacrificado al policía operativo, por el policía administrativo.

Es por ello que especialistas coinciden en calificar de acertada y oportuna la idea de exceptuar a los efectivos de la Policía Nacional de las tareas administrativas que tienen que cumplir, a fin de reforzar las acciones de prevención en materia de seguridad ciudadana, incrementándose el número de policías en actividades de patrullaje y vigilancia.

Necesitamos que la Policía esté concentrada en su función de resguardar a la población y en desarrollar medidas preventivas para evitar una mayor incidencia de delitos.

Esta medida implica la reubicación de los efectivos que cumplen tareas administrativas hacia actividades de protección ciudadana, para lo cual es necesario que el Ministerio del Interior asigne personal civil que cumpla dichas tareas.

Complementariamente a ello, se podría incluir a los estudiantes del último año de derecho que prestan su Servicio Civil de Graduandos para que coadyuven en estas funciones meramente administrativas.

Esta medida contempla la posibilidad que los estudiantes del último año de derecho, puedan colaborar en las labores administrativas que se desarrollan en las comisarías en calidad de personas calificadas cuasi profesionales, contribuyendo al desarrollo social, económico y cultural de la población, teniendo la oportunidad de conocer de cerca la problemática nacional mediante el ejercicio práctico de la profesión.

Entre otras acciones que desempeñarían los estudiantes del último año derecho, podrían estar la toma de manifestaciones y denuncias, labor que podrían realizarla en las comisarías bajo la supervisión de un sólo efectivo policial, quedando en manos de los efectivos policiales la investigación y permitiendo de esta manera contar con más efectivos operativos en las calles.

Con la finalidad de que los graduandos opten por esta alternativa de servicio civil, se establecen incentivos, como son las prestaciones de salud gratuitas en todos los centros hospitalarios y postas médicas del Estado, un bono extra en la calificación para acceder a la Administración Pública equivalente al 10% (diez por ciento) del puntaje exigido, y atención preferencial en la asignación de becas y créditos educativos a través del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo.

Por otro lado, deberían ser las Municipalidades Provinciales y Distritales quienes se encarguen de expedir los Certificados de Sobrevivencia, cobrando para ello sólo el costo que irroga la prestación del servicio, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. No entiendo que hace la Policía entregando certificados de supervivencia.

Finalmente, el acto de notificación penal es cotidiano, abundante y se hace a través de los policías adscritos a los juzgados penales distrayendo sus labores inherentes a su función. Ello resulta totalmente absurdo, pues la notificación puede hacerla una empresa privada sin ningún problema, como se hace ya en el derecho civil, aunque en el penal no se estila.

Las notificaciones para investigaciones policiales que hacen las propias comisarías requieren de un vehículo policial, que debe manejarlo un agente policial, que comúnmente está acompañado por otro. Si este procedimiento se realiza a través de SERPOST, pueden quedar muchos policías libres para cumplir funciones específicas para las cuales fueron formados, incrementando el número de efectivos dedicados a labores de seguridad ciudadana. Hay que tener en cuenta que el el costo de la notificación se reduciría a uno o dos nuevos soles, que obviamente es mucho menos que el servicio que puede brindar un policía en las calles.

El Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, esperemos que lo haga a la brevedad posible.

Recuperemos al policía de a pie.

Zonas Peligrosas de Lima

Arrebatos de carteras y celulares

Av. Francisco del Castillo Cdra 02, San Antonio – Miraflores

18:00 – 22:00 hs

Av. Javier Prado, frente al colegio San Agustín

20:00 – 23:00 hs

Calle Ramón Ribeiro Cdra. 09, Miraflores

20:00 – 22:00 hs

Av. Las Begonias, Inmediaciones del atienda SAGA – San Isidro

12:00 – 21:00 hs

Entre la Av. Javier Prado y Av. Las Palmeras – San Isidro

19:00 – 22:00 hs

Av. Camino Real altura Cdra. 06, San Isidro

11.00 – 17:00 hs

Entre Av. Tacna y Av. Emancipación, Cercado de Lima

12:30 – 23:00 hs

Entre la Av. José Pardo y Av. Federico Gerdes, Miraflores

20:00 – 23:00 hs

Av. El Parque, San Roque, Surco

21:00 – 23:00 hs

Entre la Av. Angamos y la Av. Arequipa , Miraflores

18:00 – 21:30 hs

Av. El Golf Cdra 01, San Isidro

19:00 – 22:00 hs

Av. Villaran Cdra 06, Surco

20:00 – 23:00 hs

Calle Doña Consuelo Cdra 01, Surco

20:00 – 23:00 hs

Entre la Av. San Borja Norte y Av. Las Artes

20:00 – 23:00 hs

Entre la Av. Javier Prado y Av. Pershing, San Isidro

18:00 – 22:00 hs

Asalto a Mano Armada

Centro Comercial Camino Real – San Isidro

19.00 – 21:00 hs

Calle 09 Cdra 09 San Isidro

23:00 – 00.00 hs

Av. Pachacútec Cdra 03 San Juan de Miraflores

00:00 – 05:00 hs

Entre la Av. Grau con Av. Colina, Barranco

20.00 – 22:00 hs

Robo de Autos

Cruce de la Av. Guardia Civil y Av. San Borja Norte

12:30 – 14:00 hs

Cruce de la Av. Aviación y Av. Angamos San Borja

18:00 – 22:00 hs

Av. Gálvez Barrenechea Ex Av. Principal altura puente Quiñónez, San Isidro

23:00 – 00:00 hs

Cruce de la Av. Camino Real y Av. Lizardo Alzamora San Isidro

20:00 – 22:00 hs

Av. Los Corregidores y Av. Los Olivos, La Molina

18:00 – 20:00 hs

Entre la Av. Primavera y Av. Republica de Panamá, Surquillo

19:00 – 23:00 hs

Entre la Av. Arenales y Cesar Canevaro – Lince

20:00 – 22:00 hs

Secuestros al paso

Entre la Av. Javier Prado y la Av. San Luis, con dirección a la Molina.

Causas económicas de la delincuencia

El primer análisis económico sobre el origen de la delincuencia se debe al economista estadounidense Gary S. Becker, Premio Nobel de Economía en 1992. En su análisis, Becker postula que las actividades delictivas responden a los incentivos económicos, al igual que cualquier otra actividad productiva. La estructura de incentivos que condiciona la decisión de aquellos individuos propensos a delinquir deriva del funcionamiento del sistema de administración de justicia en su conjunto.

Un funcionamiento inadecuado del sistema de seguridad pública -ineficiente persecución de delincuentes y/o decisiones judiciales no apegadas a derecho- favorece la incorporación de individuos en actividades delictivas. Una presentación sencilla de este modelo económico del crimen servirá para ejemplificar algunos de los aspectos asociados con el comportamiento criminal, así como para resaltar algunas de las variables a través de las cuales se puede combatir este fenómeno.

Partiendo de que los individuos deciden de forma racional orientar sus esfuerzos productivos a cualquier actividad en función de los costos y beneficios esperados al desarrollarla, la decisión de participar en actividades legales o ilegales dependerá de cuál de estas produce mayores beneficios netos. Con base en lo anterior, los individuos cometerán un crimen si los beneficios de hacerlo son suficientemente mayores a sus costos.

Mientras los beneficios económicos de la delincuencia son claramente los bienes materiales y monetarios obtenidos mediante el acto criminal (dinero, automóviles, relojes, etc.), los costos están determinados por el gasto en materiales necesarios para llevarlo a cabo, las remuneraciones no obtenidas en actividades legítimas (costo de oportunidad del tiempo) y el costo potencial que representa la pena o castigo de un posible arresto. Este último se expresa como la probabilidad de ser apresado y sentenciado, multiplicado por el valor asignado al castigo correspondiente de la condena judicial (plazo de sentencia) o multas.

Esta conceptualización del crimen revela ciertos elementos importantes del comportamiento criminal y algunas de las opciones de política pública para combatirlo. Primero el tamaño del "botín", resultado del delito, depende del tipo de crimen. Por ejemplo, es más probable que los "botines" sean mayores en el tráfico de drogas que en el asalto en la vía pública. Segundo, los costos asociados al crimen dependen de la dificultad para llevarlo a cabo. Los asaltos bancarios requieren armas y un automóvil, mientras que el asalto a transeúntes puede realizarse con un simple cuchillo.

Tercero, el costo de oportunidad del trabajo -el salario que podría obtenerse trabajando en actividades legítimas- depende de la disponibilidad de puestos de trabajo y del nivel salarial esperado. Evidentemente, oportunidades de trabajo limitadas o mal remuneradas contribuyen a incrementar los beneficios netos de participar en actividades criminales.

Cuarto, la probabilidad de ser arrestado y el valor asignado al castigo dependen de la efectividad de la policía y del sistema judicial, así como de las penas determinadas por la ley para sus transgresores. De esta manera, la percepción sobre la probabilidad de ser arrestado y sentenciado, junto con la severidad de la pena asociada a la sentencia, determinan en parte el comportamiento criminal.

En función de lo anterior, es posible pensar en algunas medidas de política pública para reducir el crimen. Dado que el modelo establece que las actividades criminales se incrementan si la probabilidad de ser apresado y castigado son bajas, es fundamental incrementar estas para contrarrestar aquellas. Estas predicciones conforman el razonamiento económico sobre el crimen y el castigo.

En conclusión, para reducir el crimen se deben reducir sus beneficios mediante el aumento de las probabilidades de ser detenido y castigado.

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