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domingo, 5 de marzo de 2023

DEL AMOR AL ODIO HAY UN PASO

El Premier Alberto Otárola afirmó que no estaba al tanto si militares tenían autorización para usar armas de fuego durante protestas. Puede ser que sea cierto, pero esto demostraría su falta de ascendencia sobre los ministros y, aun así, tendría que haber asumido la responsabilidad política. No por el ejercicio legítimo de la fuerza ante actos de violencia contra las fuerzas del orden e instalaciones públicas, sino por su nivel de desinformación respecto a los hechos. En todo caso, políticamente las declaraciones del Premier lo muestran de cuerpo entero.

 

Deslindar de algo cuando no tendría razón de hacerlo es muestra de debilidad. Un comandante nunca abandona a su tropa, cosa contraria a lo que hacen algunos políticos. Es cuestión de dignidad y respeto. El uso de fuerza legítima es inherente al poder político.

 

Qué es mejor para el gobernante (príncipe), ser querido o ser temido por el pueblo, se preguntaba Maquiavelo. Si es temido el pueblo tendrá miedo de comportarse mal y si es amado fácilmente podrá ser traicionado, afirma Maquiavelo en su obra El Príncipe.

 

El gobernante debe ser amado por su pueblo (legitimidad moral), pero a la vez debe tener el valor de hacer uso legítimo de la fuerza cuando alguien rompe el orden afectando a la sociedad en su conjunto. Dina Boluarte y Alberto Otárola equivocadamente solo buscan ser amados por un pueblo que los descalifica.

 

Buscan la gracia del pueblo sin hacer uso legítimo de la fuerza por temor. Pero no por temor al pueblo, sino a un grupo de ONGs pro derechos humanos y sectores progresistas denominados “caviares”. Un grupo que por casi tres décadas ha copado el Estado a través de puestos claves y consultorías, operando políticamente, lucrando y gobernado tras bambalinas.

 

Durante todo este tiempo, con el poder mediático de un sector de la prensa, ONGs, pro derechos humanos y operadores del derecho enquistados en la administración de justicia, han hecho del chantaje y la extorsión política, su mejor arma para controlar el poder político.

 

Cierto es que se ha empezado a desparasitar el Estado de estos personajes mediáticos que han logrado trastocar nuestro sistema democrático y la historia del Perú; así como nuestro sistema de valores, llegando a corromper la mente de nuestros niños. Pero dichos esfuerzos son tibios y no avanzan con la debida celeridad. El gran error de los demócratas que antecedieron a Dina Boluarte fue precisamente no actuar con firmeza y celeridad frente a este sector político que maneja una agenda globalista.

 

El Estado tiene que aprender a defenderse de estas amenazas sin ningún temor. Dina Boluarte debe entender que mientras más tiempo permanezca con esa actitud pasiva, su legitimidad se irá deteriorando hasta que en un punto el deterioro será irreversible y tendrá que dejar el poder.

 

Y esto no significa salir a matar, sino hacer uso de la fuerza necesaria cuando la autoridad es agredida o se ve amenazada, Si una turba, que hace unos meses asesinó y quemó a un policía, pretende acorralar a uno o varios miembros de las fuerzas del orden, se tendrá que hacer uso de la fuerza letal, como ocurre en cualquier parte del mundo civilizado, inclusive en países socialistas.

 

Para que ello ocurra se necesita autoridades con “A” mayúscula, que respalden a las fuerzas del orden y no pusilánimes que por temor a un titular están dispuestos a mandar al cadalso a un policía o militar que actúa en defensa de su integridad, la de sus compañeros y de la ciudadanía.

 

La ciudadanía no va a permitir que se repita la historia en la cual policías y militares que lucharon en defensa de todos los peruanos contra las sectas terroristas, terminen siendo procesados judicialmente por jueces y fiscales que se arrodillan ante el poder mediático.

 

Hoy el gobierno tiene el favor democrático de la mayor parte del país, pero del amor al odio hay un paso. No deben esperar que el odio se extienda a todo el país.


Fernando Zambrano Ortiz

Analista Político


WhatsApp: 999851477 - 920580697

lunes, 8 de agosto de 2011

Causas económicas de la delincuencia


El primer análisis económico sobre el origen de la delincuencia se debe al economista estadounidense Gary S. Becker, Premio Nobel de Economía en 1992. En su análisis, Becker postula que las actividades delictivas responden a los incentivos económicos, al igual que cualquier otra actividad productiva. La estructura de incentivos que condiciona la decisión de aquellos individuos propensos a delinquir deriva del funcionamiento del sistema de administración de justicia en su conjunto. 


Un funcionamiento inadecuado del sistema de seguridad pública -ineficiente persecución de delincuentes y/o decisiones judiciales no apegadas a derecho- favorece la incorporación de individuos en actividades delictivas. Una presentación sencilla de este modelo económico del crimen servirá para ejemplificar algunos de los aspectos asociados con el comportamiento criminal, así como para resaltar algunas de las variables a través de las cuales se puede combatir este fenómeno. 

Partiendo de que los individuos deciden de forma racional orientar sus esfuerzos productivos a cualquier actividad en función de los costos y beneficios esperados al desarrollarla, la decisión de participar en actividades legales o ilegales dependerá de cuál de estas produce mayores beneficios netos. Con base en lo anterior, los individuos cometerán un crimen si los beneficios de hacerlo son suficientemente mayores a sus costos. 

Mientras los beneficios económicos de la delincuencia son claramente los bienes materiales y monetarios obtenidos mediante el acto criminal (dinero, automóviles, relojes, etc.), los costos están determinados por el gasto en materiales necesarios para llevarlo a cabo, las remuneraciones no obtenidas en actividades legítimas (costo de oportunidad del tiempo) y el costo potencial que representa la pena o castigo de un posible arresto. Este último se expresa como la probabilidad de ser apresado y sentenciado, multiplicado por el valor asignado al castigo correspondiente de la condena judicial (plazo de sentencia) o multas. 

Esta conceptualización del crimen revela ciertos elementos importantes del comportamiento criminal y algunas de las opciones de política pública para combatirlo. Primero el tamaño del "botín", resultado del delito, depende del tipo de crimen. Por ejemplo, es más probable que los "botines" sean mayores en el tráfico de drogas que en el asalto en la vía pública. Segundo, los costos asociados al crimen dependen de la dificultad para llevarlo a cabo. Los asaltos bancarios requieren armas y un automóvil, mientras que el asalto a transeúntes puede realizarse con un simple cuchillo. 

Tercero, el costo de oportunidad del trabajo -el salario que podría obtenerse trabajando en actividades legítimas- depende de la disponibilidad de puestos de trabajo y del nivel salarial esperado. Evidentemente, oportunidades de trabajo limitadas o mal remuneradas contribuyen a incrementar los beneficios netos de participar en actividades criminales. 

Cuarto, la probabilidad de ser arrestado y el valor asignado al castigo dependen de la efectividad de la policía y del sistema judicial, así como de las penas determinadas por la ley para sus transgresores. De esta manera, la percepción sobre la probabilidad de ser arrestado y sentenciado, junto con la severidad de la pena asociada a la sentencia, determinan en parte el comportamiento criminal. 

En función de lo anterior, es posible pensar en algunas medidas de política pública para reducir el crimen. Dado que el modelo establece que las actividades criminales se incrementan si la probabilidad de ser apresado y castigado son bajas, es fundamental incrementar estas para contrarrestar aquellas. Estas predicciones conforman el razonamiento económico sobre el crimen y el castigo. 

En conclusión, para reducir el crimen se deben reducir sus beneficios mediante el aumento de las probabilidades de ser detenido y castigado

domingo, 7 de agosto de 2011

EL COSTO DE LA DELINCUENCIA ASCIENDE A S/.17,800 MILLONES POR AÑO



Estudios realizados nos muestran que el costo de la delincuencia en el Perú asciende anualmente a 17,800 millones de nuevos soles. Esta cifra se desagrega en S/.5,300 millones por costo de prevención (PNP, serenazgo, seguridad privada y seguros); S/.2,000 millones es el costo de la investigación (PNP y Fiscalía); S/.3,500 millones es el costo de denuncias (Poder Judicial, penales y servicios profesionales); S/.7,000 es el costo de los efectos de la delincuencia (narcotráfico y terrorismo, menor inversión en turismo, bienes perdidos, etc). 


Por otro lado, las estadísticas de la Policía Nacional del Perú (PNP) indican que en el año 2005 el personal de esta institución ascendía a 90,291. De esta manera, se calculaba un policía por cada 316 personas y 59.2 policías por cada comisaría. Estas cifras, sin embargo, no revelan de manera apropiada el personal con el que se cuenta para realizar actividades de vigilancia diaria de la ciudadanía. 

Lo cierto es que del total de trabajadores de la PNP, 2,385 constituían personal civil asignado a áreas de sanidad o administrativas. Además, 9,983 oficiales y suboficiales pertenecían también al área de sanidad. 

De esta manera, el 86% (78,543) del número inicial correspondían a efectivos policiales. Sin embargo, se calcula que de éstos, sólo 55,832 estarían asignados a direcciones territoriales; el resto (22,711) estaría asignado al área de Actividad Central, que incluye tareas administrativas y a las direcciones especiales (p.e. contra el terrorismo, contra robos, operaciones especiales). 

Finalmente, sobre la base de información a octubre del 2005, se conoce que el personal en comisarías que realiza actividades de patrullaje y vigilancia ciudadana asciende únicamente a 24,872. Es decir, el 27% de los 90,921 inicialmente mencionados. 

Las estadísticas muestran que sólo entre el 14% y 16% de los robos (y hurtos) en la vía pública son denunciados. El porcentaje de reportes se eleva a entre 31% y 38% en el caso de robos a viviendas; sin embargo, ambas tasas evidencian la poca confianza que la ciudadanía tiene en la Policía y el sistema de justicia. 

Estas estadísticas nos muestran tres problemas claros: el alto costo que representa la inseguridad ciudadana para el Estado y los particulares; la excesiva cantidad de efectivos policiales dedicados a funciones administrativas; y la escasa confianza ciudadana en la Policía Nacional. 

Si a esto le sumamos el problema de la percepción ciudadana respecto a la delincuencia, la situación es mas complicada. Los especialistas indican que sólo iluminando una esquina, cambia sustancialmente la percepción ciudadana respecto a la peligrosidad asociada a la delincuencia en el lugar iluminado. Se indica que en el tema de percepción, la iluminación de una esquina tiene el mismo efecto de percepción de diez policías resguardando la misma. 

Son estos los temas que debería tratar de resolver el gobierno, involucrando en dicha tarea no sólo a la Policía Nacional, sino a los servicios de seguridad ciudadana municipal y la ciudadanía en general; y no andar pensando en pedir facultades legislativas al Congreso pidiendo efectistamente el incremento de penas. 

Está probado que el aumento de penas no sólo no es disuasivo para delincuentes de alta peligrosidad, sino que los niveles de las mismas en el Perú están por encima del estándar latinoamericano. En el país existen penas que van de 25 años de privación de libertad a cadena perpetua para delitos como el secuestro, la violación, entre otros. 

Lo que se requiere es de recursos para contar con mas efectivos policiales patrullando, reorganizar la Policía Nacional para que muchos policías que cumplen funciones administrativas salgan a hacer labores de vigilancia ciudadana, suprimir algunas funciones de la Policía Nacional labores que pueden realizar las municipalidades, como son las de salvataje en playas, policía de turismo, policía de transito (con excepción del control de carreteras), policía forestal, entre muchas otras, que no forman parte del objetivo principal de la Policía Nacional. 

El Gobierno debe comprender que para combatir la delincuencia se requiere de una decisión política firme, más que de discursos efectistas; y ello pasa por dotar de recursos suficientes al Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional. 


RECUPEREMOS AL POLICÍA DE A PIE


Recuerdo de pequeño siempre haber visto a uno o dos policías paseando por las calles, cumpliendo con su labor de brindar seguridad a la población. Hoy en día, si deseas encontrar policías, tienes que acudir a la Comisaría; donde podrás encontrar a muchos de ellos cumpliendo funciones administrativas. Se ha sacrificado al policía operativo, por el policía administrativo. 

Es por ello que especialistas coinciden en calificar de acertada y oportuna la idea de exceptuar a los efectivos de la Policía Nacional de las tareas administrativas que tienen que cumplir, a fin de reforzar las acciones de prevención en materia de seguridad ciudadana, incrementándose el número de policías en actividades de patrullaje y vigilancia. 

Necesitamos que la Policía esté concentrada en su función de resguardar a la población y en desarrollar medidas preventivas para evitar una mayor incidencia de delitos. 

Esta medida implica la reubicación de los efectivos que cumplen tareas administrativas hacia actividades de protección ciudadana, para lo cual es necesario que el Ministerio del Interior asigne personal civil que cumpla dichas tareas. 

Complementariamente a ello, se podría incluir a los estudiantes del último año de derecho que prestan su Servicio Civil de Graduandos para que coadyuven en estas funciones meramente administrativas. 

Los estudiantes del último año de derecho, podrian colaborar en las labores administrativas que se desarrollan en las comisarías en calidad de personas calificadas cuasi profesionales. Contribuirían al desarrollo social, económico y cultural de la población, teniendo la oportunidad de conocer de cerca la problemática nacional mediante el ejercicio práctico de la profesión. 

Los universitarios podrían realizar la toma de manifestaciones y denuncias en las comisarías, bajo la supervisión de un sólo efectivo policial. De esta manera quedaría en manos de los efectivos policiales la investigación, permitiendo contar con más efectivos operativos en las calles. 

Con la finalidad de que los graduandos opten por esta alternativa de servicio civil, se tendrían que establecer incentivos, como son las prestaciones de salud gratuitas en todos los centros hospitalarios y postas médicas del Estado, un bono extra en la calificación para acceder a la Administración Pública equivalente al 10% (diez por ciento) del puntaje exigido, y atención preferencial en la asignación de becas y créditos educativos a través del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

Por otro lado, deberían ser las Municipalidades Provinciales y Distritales quienes se encarguen de expedir los Certificados de Sobrevivencia, cobrando para ello sólo el costo que irroga la prestación del servicio, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. No entiendo que hace la Policía entregando certificados de supervivencia. 

Finalmente, el acto de notificación penal es cotidiano, abundante y se hace a través de los policías adscritos a los juzgados penales, distrayendo sus labores inherentes a su función. Ello resulta totalmente absurdo, pues la notificación puede hacerla una empresa privada sin ningún problema, como se hace ya en el derecho civil, aunque en el penal no se estila. 

Las notificaciones para investigaciones policiales que hacen las propias comisarías requieren de un vehículo policial, que debe manejarlo un agente policial, que comúnmente está acompañado por otro. Si este procedimiento se realiza a través de SERPOST, pueden quedar muchos policías libres para cumplir funciones específicas para las cuales fueron formados, incrementando el número de efectivos dedicados a labores de seguridad ciudadana. Hay que tener en cuenta que el costo de la notificación se reduciría a uno o dos nuevos soles, que obviamente es mucho menos que el servicio que puede brindar un policía en las calles. 

Definitivamente, es momento de recuperar al policía de la pie.

domingo, 11 de julio de 2010

Recuperemos al Policía de a pie

Recuerdo de pequeño siempre haber visto a uno o dos policías paseando por las calles, cumpliendo con su labor de brindar seguridad a la población. Hoy en día si desea encontrar policías, tiene que acudir a la Comisaría; donde podrá encontrar a muchos cumpliendo funciones administrativas. Se ha sacrificado al policía operativo, por el policía administrativo.

Es por ello que especialistas coinciden en calificar de acertada y oportuna la idea de exceptuar a los efectivos de la Policía Nacional de las tareas administrativas que tienen que cumplir, a fin de reforzar las acciones de prevención en materia de seguridad ciudadana, incrementándose el número de policías en actividades de patrullaje y vigilancia.

Necesitamos que la Policía esté concentrada en su función de resguardar a la población y en desarrollar medidas preventivas para evitar una mayor incidencia de delitos.

Esta medida implica la reubicación de los efectivos que cumplen tareas administrativas hacia actividades de protección ciudadana, para lo cual es necesario que el Ministerio del Interior asigne personal civil que cumpla dichas tareas.

Complementariamente a ello, se podría incluir a los estudiantes del último año de derecho que prestan su Servicio Civil de Graduandos para que coadyuven en estas funciones meramente administrativas.

Esta medida contempla la posibilidad que los estudiantes del último año de derecho, puedan colaborar en las labores administrativas que se desarrollan en las comisarías en calidad de personas calificadas cuasi profesionales, contribuyendo al desarrollo social, económico y cultural de la población, teniendo la oportunidad de conocer de cerca la problemática nacional mediante el ejercicio práctico de la profesión.

Entre otras acciones que desempeñarían los estudiantes del último año derecho, podrían estar la toma de manifestaciones y denuncias, labor que podrían realizarla en las comisarías bajo la supervisión de un sólo efectivo policial, quedando en manos de los efectivos policiales la investigación y permitiendo de esta manera contar con más efectivos operativos en las calles.

Con la finalidad de que los graduandos opten por esta alternativa de servicio civil, se establecen incentivos, como son las prestaciones de salud gratuitas en todos los centros hospitalarios y postas médicas del Estado, un bono extra en la calificación para acceder a la Administración Pública equivalente al 10% (diez por ciento) del puntaje exigido, y atención preferencial en la asignación de becas y créditos educativos a través del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo.

Por otro lado, deberían ser las Municipalidades Provinciales y Distritales quienes se encarguen de expedir los Certificados de Sobrevivencia, cobrando para ello sólo el costo que irroga la prestación del servicio, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. No entiendo que hace la Policía entregando certificados de supervivencia.

Finalmente, el acto de notificación penal es cotidiano, abundante y se hace a través de los policías adscritos a los juzgados penales distrayendo sus labores inherentes a su función. Ello resulta totalmente absurdo, pues la notificación puede hacerla una empresa privada sin ningún problema, como se hace ya en el derecho civil, aunque en el penal no se estila.

Las notificaciones para investigaciones policiales que hacen las propias comisarías requieren de un vehículo policial, que debe manejarlo un agente policial, que comúnmente está acompañado por otro. Si este procedimiento se realiza a través de SERPOST, pueden quedar muchos policías libres para cumplir funciones específicas para las cuales fueron formados, incrementando el número de efectivos dedicados a labores de seguridad ciudadana. Hay que tener en cuenta que el el costo de la notificación se reduciría a uno o dos nuevos soles, que obviamente es mucho menos que el servicio que puede brindar un policía en las calles.

El Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, esperemos que lo haga a la brevedad posible.

Recuperemos al policía de a pie.

martes, 25 de mayo de 2010

Causas económicas de la delincuencia

El primer análisis económico sobre el origen de la delincuencia se debe al economista estadounidense Gary S. Becker, Premio Nobel de Economía en 1992. En su análisis, Becker postula que las actividades delictivas responden a los incentivos económicos, al igual que cualquier otra actividad productiva. La estructura de incentivos que condiciona la decisión de aquellos individuos propensos a delinquir deriva del funcionamiento del sistema de administración de justicia en su conjunto.

Un funcionamiento inadecuado del sistema de seguridad pública -ineficiente persecución de delincuentes y/o decisiones judiciales no apegadas a derecho- favorece la incorporación de individuos en actividades delictivas. Una presentación sencilla de este modelo económico del crimen servirá para ejemplificar algunos de los aspectos asociados con el comportamiento criminal, así como para resaltar algunas de las variables a través de las cuales se puede combatir este fenómeno.

Partiendo de que los individuos deciden de forma racional orientar sus esfuerzos productivos a cualquier actividad en función de los costos y beneficios esperados al desarrollarla, la decisión de participar en actividades legales o ilegales dependerá de cuál de estas produce mayores beneficios netos. Con base en lo anterior, los individuos cometerán un crimen si los beneficios de hacerlo son suficientemente mayores a sus costos.

Mientras los beneficios económicos de la delincuencia son claramente los bienes materiales y monetarios obtenidos mediante el acto criminal (dinero, automóviles, relojes, etc.), los costos están determinados por el gasto en materiales necesarios para llevarlo a cabo, las remuneraciones no obtenidas en actividades legítimas (costo de oportunidad del tiempo) y el costo potencial que representa la pena o castigo de un posible arresto. Este último se expresa como la probabilidad de ser apresado y sentenciado, multiplicado por el valor asignado al castigo correspondiente de la condena judicial (plazo de sentencia) o multas.

Esta conceptualización del crimen revela ciertos elementos importantes del comportamiento criminal y algunas de las opciones de política pública para combatirlo. Primero el tamaño del "botín", resultado del delito, depende del tipo de crimen. Por ejemplo, es más probable que los "botines" sean mayores en el tráfico de drogas que en el asalto en la vía pública. Segundo, los costos asociados al crimen dependen de la dificultad para llevarlo a cabo. Los asaltos bancarios requieren armas y un automóvil, mientras que el asalto a transeúntes puede realizarse con un simple cuchillo.

Tercero, el costo de oportunidad del trabajo -el salario que podría obtenerse trabajando en actividades legítimas- depende de la disponibilidad de puestos de trabajo y del nivel salarial esperado. Evidentemente, oportunidades de trabajo limitadas o mal remuneradas contribuyen a incrementar los beneficios netos de participar en actividades criminales.

Cuarto, la probabilidad de ser arrestado y el valor asignado al castigo dependen de la efectividad de la policía y del sistema judicial, así como de las penas determinadas por la ley para sus transgresores. De esta manera, la percepción sobre la probabilidad de ser arrestado y sentenciado, junto con la severidad de la pena asociada a la sentencia, determinan en parte el comportamiento criminal.

En función de lo anterior, es posible pensar en algunas medidas de política pública para reducir el crimen. Dado que el modelo establece que las actividades criminales se incrementan si la probabilidad de ser apresado y castigado son bajas, es fundamental incrementar estas para contrarrestar aquellas. Estas predicciones conforman el razonamiento económico sobre el crimen y el castigo.

En conclusión, para reducir el crimen se deben reducir sus beneficios mediante el aumento de las probabilidades de ser detenido y castigado.

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martes, 4 de agosto de 2009

Proponen integrar la Policía Nacional al sector Defensa

El almirante Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, consideró que depende de una decisión política el poder evitar ataques terroristas como el de este último sábado a una base antisubversiva de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía, en la provincia ayacuchana de Huanta.

En ese sentido, Montoya propuso que la Policía Nacional se integre al sector Defensa, con la finalidad de llevar a cabo un "estrategia global en todo el país, no solo en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vrae)", sin perder su autonomía.

"La Policía seguiría sus funciones pero bajo el sombrero de un mismo responsable político, el Ministro de Defensa, Colombia lo tiene así y les ha funcionado", indicó.

Sostuvo que falta definir, como en toda operación militar, un solo comando. "No pueden haber dos comandos, así digan que hay coordinaciones. Hay dos responsables políticos, el Ministro del Interior y el de Defensa", explicó.

Asimismo, dijo que es básico y fundamental en toda base militar, se implemente un sistema de comunicación, para estar enlazados en red de comando, dijo al comentar informaciones de medios locales, que indican que los efectivos policiales emboscados no tenían medios para comunicarse con otras fuerzas militares y pedir ayuda.