LA CUARTA LISTA : UN MENSAJE A LA CONCIENCIA

En mayo del 2001 se publicó la Ley que disponía la creación de la Comisión Especial encargada de la revisión de los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sometidas a procesos de promoción de la inversión privada.

La Ley se generó en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, la que se encontraba abarrotada de reclamos por los innumerables despidos que se habían producido en años anteriores.

Por aquel entonces me desempeñaba como asesor de dicha comisión y tuve la oportunidad de revisar los cientos de expedientes que se recibian, así como los que remitieran, a pedido de la Comisión, todas las empresas del Estado en las que se habían llevado a cabo despidos en el marco del proceso de privatización.

Recuerdo claramente, como en algunos documentos de dicho periodo se encontraban apuntes hechos a mano por distintos directivos de las empresas, en las que antes de producirse los anuncios de racionalización con incentivos, se disponía que se generaran psicosociales.

Estos psicosociales incluían el correr rumores respecto al inminente despido de quienes no aceptaban renunciar con incentivos. Lo lamentable es que en algunos de estos casos los directivos habrían contado con la complicidad de algunos malos sindicalistas y hay que decirlo.

En otros casos, en los expedientes remitidos por la empresas encontramos listas del personal en las que en nota al margen se indicaba que trabajadores debían ser despedidos.

Era tan evidente la arbitrariedad con la que actúo el Estado en aquel entonces, que no podíamos dejar pasar por alto aquellos casos que inclusive el abyecto Poder Judicial de aquel entonces desconocía.

No era dable que ante un regreso a la democracia, empezáramos desconociendo derechos laborales conculcados. ¿Qué lección de democracia queríamos para nuestro pueblo?. ¿Conque cara podríamos salir a las plazas a gritar por la defensa de la democracia y una vez recuperada esta desconocer a quienes fueron mancillados en sus derechos? Era necesario que el Estado asumiese la responsabilidad de revisar estos casos y las innumerables denuncias a fin de resarcirlos si fuera el caso.

La Ley dispuso que se cree una Comisión Especial encargada de revisar los procedimientos de cese colectivo de trabajadores llevados a cabo entre los años 1991 y 2000 en las empresas del Estado que fueron sometidas a un proceso de promoción de la inversión privada.

La Comisión debía proceder a la evaluación luego de haber aprobado un cronograma de trabajo que comprenda la relación de empresas sometidas al procedimiento y, sin perjuicio de ello, podría, igualmente, recibir y evaluar las denuncias que a título particular formulen ex trabajadores de las empresas del Estado.

Hoy, seis años después, vemos como sendos defensores de la democracia se rasgan las vestiduras por el hecho de que un grupo de estos trabajadores despedidos continúe luchando por lograr que el Estado reconozca el atropello que se cometió con ellos.

Quienes en su momento aplaudieron que se reponga con justo derecho a los miembros del Tribunal Constitucional, diplomáticos, militares, magistrados, etc. que fueran injustamente cesados durante la década del 90; ahora se pretenden burlar de aquellos que no gozaron de las prerrogativas del favor político de los últimos gobiernos.

A mi no me lo contaron señores, yo fui parte de esto. No sólo por el hecho de haber formado parte de un equipo que desde el Congreso de la República buscó darle una solución al problema; si no por el hecho de que también fui trabajador de una empresa pública durante aquella nefasta época; pero que por ética, jamás me acogí a la Ley de Revisión de Ceses.

Señor Presidente, gobernar es rectificar; señores Congresistas, el fin de la política debe ser siempre el bien del hombre.