El primer análisis económico sobre el origen de la delincuencia se debe al economista estadounidense Gary S. Becker, Premio Nobel de Economía en 1992. En su análisis, Becker postula que las actividades delictivas responden a los incentivos económicos, al igual que cualquier otra actividad productiva. La estructura de incentivos que condiciona la decisión de aquellos individuos propensos a delinquir deriva del funcionamiento del sistema de administración de justicia en su conjunto.
Un funcionamiento inadecuado del sistema de seguridad pública -ineficiente persecución de delincuentes y/o decisiones judiciales no apegadas a derecho- favorece la incorporación de individuos en actividades delictivas. Una presentación sencilla de este modelo económico del crimen servirá para ejemplificar algunos de los aspectos asociados con el comportamiento criminal, así como para resaltar algunas de las variables a través de las cuales se puede combatir este fenómeno.
Partiendo de que los individuos deciden de forma racional orientar sus esfuerzos productivos a cualquier actividad en función de los costos y beneficios esperados al desarrollarla, la decisión de participar en actividades legales o ilegales dependerá de cuál de estas produce mayores beneficios netos. Con base en lo anterior, los individuos cometerán un crimen si los beneficios de hacerlo son suficientemente mayores a sus costos.
Mientras los beneficios económicos de la delincuencia son claramente los bienes materiales y monetarios obtenidos mediante el acto criminal (dinero, automóviles, relojes, etc.), los costos están determinados por el gasto en materiales necesarios para llevarlo a cabo, las remuneraciones no obtenidas en actividades legítimas (costo de oportunidad del tiempo) y el costo potencial que representa la pena o castigo de un posible arresto. Este último se expresa como la probabilidad de ser apresado y sentenciado, multiplicado por el valor asignado al castigo correspondiente de la condena judicial (plazo de sentencia) o multas.
Esta conceptualización del crimen revela ciertos elementos importantes del comportamiento criminal y algunas de las opciones de política pública para combatirlo. Primero el tamaño del "botín", resultado del delito, depende del tipo de crimen. Por ejemplo, es más probable que los "botines" sean mayores en el tráfico de drogas que en el asalto en la vía pública. Segundo, los costos asociados al crimen dependen de la dificultad para llevarlo a cabo. Los asaltos bancarios requieren armas y un automóvil, mientras que el asalto a transeúntes puede realizarse con un simple cuchillo.
Tercero, el costo de oportunidad del trabajo -el salario que podría obtenerse trabajando en actividades legítimas- depende de la disponibilidad de puestos de trabajo y del nivel salarial esperado. Evidentemente, oportunidades de trabajo limitadas o mal remuneradas contribuyen a incrementar los beneficios netos de participar en actividades criminales.
Cuarto, la probabilidad de ser arrestado y el valor asignado al castigo dependen de la efectividad de la policía y del sistema judicial, así como de las penas determinadas por la ley para sus transgresores. De esta manera, la percepción sobre la probabilidad de ser arrestado y sentenciado, junto con la severidad de la pena asociada a la sentencia, determinan en parte el comportamiento criminal.
En función de lo anterior, es posible pensar en algunas medidas de política pública para reducir el crimen. Dado que el modelo establece que las actividades criminales se incrementan si la probabilidad de ser apresado y castigado son bajas, es fundamental incrementar estas para contrarrestar aquellas. Estas predicciones conforman el razonamiento económico sobre el crimen y el castigo.
En conclusión, para reducir el crimen se deben reducir sus beneficios mediante el aumento de las probabilidades de ser detenido y castigado
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