Estudios realizados nos muestran que el costo de la delincuencia en el Perú asciende anualmente a 17,800 millones de nuevos soles. Esta cifra se desagrega en S/.5,300 millones por costo de prevención (PNP, serenazgo, seguridad privada y seguros); S/.2,000 millones es el costo de la investigación (PNP y Fiscalía); S/.3,500 millones es el costo de denuncias (Poder Judicial, penales y servicios profesionales); S/.7,000 es el costo de los efectos de la delincuencia (narcotráfico y terrorismo, menor inversión en turismo, bienes perdidos, etc).
Por otro lado, las estadísticas de la Policía Nacional del Perú (PNP) indican que en el año 2005 el personal de esta institución ascendía a 90,291. De esta manera, se calculaba un policía por cada 316 personas y 59.2 policías por cada comisaría. Estas cifras, sin embargo, no revelan de manera apropiada el personal con el que se cuenta para realizar actividades de vigilancia diaria de la ciudadanía.
Lo cierto es que del total de trabajadores de la PNP, 2,385 constituían personal civil asignado a áreas de sanidad o administrativas. Además, 9,983 oficiales y suboficiales pertenecían también al área de sanidad.
De esta manera, el 86% (78,543) del número inicial correspondían a efectivos policiales. Sin embargo, se calcula que de éstos, sólo 55,832 estarían asignados a direcciones territoriales; el resto (22,711) estaría asignado al área de Actividad Central, que incluye tareas administrativas y a las direcciones especiales (p.e. contra el terrorismo, contra robos, operaciones especiales).
Finalmente, sobre la base de información a octubre del 2005, se conoce que el personal en comisarías que realiza actividades de patrullaje y vigilancia ciudadana asciende únicamente a 24,872. Es decir, el 27% de los 90,921 inicialmente mencionados.
Las estadísticas muestran que sólo entre el 14% y 16% de los robos (y hurtos) en la vía pública son denunciados. El porcentaje de reportes se eleva a entre 31% y 38% en el caso de robos a viviendas; sin embargo, ambas tasas evidencian la poca confianza que la ciudadanía tiene en la Policía y el sistema de justicia.
Estas estadísticas nos muestran tres problemas claros: el alto costo que representa la inseguridad ciudadana para el Estado y los particulares; la excesiva cantidad de efectivos policiales dedicados a funciones administrativas; y la escasa confianza ciudadana en la Policía Nacional.
Si a esto le sumamos el problema de la percepción ciudadana respecto a la delincuencia, la situación es mas complicada. Los especialistas indican que sólo iluminando una esquina, cambia sustancialmente la percepción ciudadana respecto a la peligrosidad asociada a la delincuencia en el lugar iluminado. Se indica que en el tema de percepción, la iluminación de una esquina tiene el mismo efecto de percepción de diez policías resguardando la misma.
Son estos los temas que debería tratar de resolver el gobierno, involucrando en dicha tarea no sólo a la Policía Nacional, sino a los servicios de seguridad ciudadana municipal y la ciudadanía en general; y no andar pensando en pedir facultades legislativas al Congreso pidiendo efectistamente el incremento de penas.
Está probado que el aumento de penas no sólo no es disuasivo para delincuentes de alta peligrosidad, sino que los niveles de las mismas en el Perú están por encima del estándar latinoamericano. En el país existen penas que van de 25 años de privación de libertad a cadena perpetua para delitos como el secuestro, la violación, entre otros.
Lo que se requiere es de recursos para contar con mas efectivos policiales patrullando, reorganizar la Policía Nacional para que muchos policías que cumplen funciones administrativas salgan a hacer labores de vigilancia ciudadana, suprimir algunas funciones de la Policía Nacional labores que pueden realizar las municipalidades, como son las de salvataje en playas, policía de turismo, policía de transito (con excepción del control de carreteras), policía forestal, entre muchas otras, que no forman parte del objetivo principal de la Policía Nacional.
El Gobierno debe comprender que para combatir la delincuencia se requiere de una decisión política firme, más que de discursos efectistas; y ello pasa por dotar de recursos suficientes al Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.
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