En octubre del 2006 el actual gobierno anunció un shock descentralizador de veinte medidas, entre las cuales se encontraba principalmente la transferencia de competencias y recursos de los ministerios a los gobiernos regionales.
Que las regiones ejecuten apenas el 50% de sus presupuestos muestra que este proceso actualmente enfrenta serias dificultades. Es más, según la Comisión de Presupuesto del Congreso, solamente cinco gobiernos regionales están alcanzando a octubre una ejecución presupuestal superior al 30%.
Pero algo que llama la atención es que a pesar de los obstáculos del proceso de descentralización, gran parte del crecimiento económico que ha experimentado nuestro país en los últimos años ha alcanzado a provincias, generándose así crecimiento descentralizado.
Según una encuesta realizada por el Banco Central a 246 empresas sobre intenciones de inversión en el 2007 en las regiones, ésta alcanzaría los US$4,136 millones. Además de Lima (US$1,543 millones), entre las regiones que lograrían captar mayores inversiones destacan Piura (US$587 millones) y Cajamarca (US$371 millones).
Además, el aumento en el poder adquisitivo en las regiones ha promovido inversiones en centros comerciales, los que además cuentan con patios de comidas y cines. Actualmente, ciudades como Piura, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca y Arequipa ya cuentan con uno y se tienen programadas inversiones en Huancayo, Arequipa e Ica.
Específicamente la ciudad de Trujillo ha recobrado un dinamismo que no veía desde hacía 20 años. De hecho, según el Ministerio de Trabajo, Trujillo es la ciudad en la que más está creciendo el empleo formal: solamente durante el 2006 creció en 27.9%. Mucho de este crecimiento en el empleo tiene que ver con la mayor producción de las agroindustriales de la zona.
Según la Sunat, las exportaciones del departamento de La Libertad han crecido en 56.3% del periodo enero-junio 2006 al periodo enero-junio 2007 (en Lima las exportaciones habían crecido en apenas 23.3%). Quizás más importante que la transferencia de funciones a gobiernos subnacionales, que de hecho hace falta, sea apoyar este impulso empresarial.
En ese sentido el sector agroindustrial necesita urgentemente que la Ley de Aguas, la cual ha estado en un proceso de discusión por 14 años, salga a la luz. Una ley que promueva una gestión de cuentas moderna y un uso eficiente del agua, pero que además evite conflictos interregionales por el control del recurso.
IPE - Instituto Peruano de Economía
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