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viernes, 2 de mayo de 2014

Nadine sabe para quién trabaja...



De un tiempo a esta parte se ha podido apreciar como diversos proyectos de ley enviados al Congreso a iniciativa del Poder Ejecutivo no se han podido aprobar con la celeridad con que eran aprobados hasta hace pocos meses.

Es el caso de la iniciativa gubernamental orientada a promover la infraestructura en telecomunicaciones, la iniciativa por la que pretende flexibilizar los plazos en la lucha contra la minería ilegal, la iniciativa que propone endurecer el régimen sancionatorio del órgano regulador de las telecomunicaciones, entre otras.

El punto de quiebre se dio en marzo con la votación de la investidura del Consejo de Ministros, es decir cuando el Congreso le negó el voto de confianza al Gabinete Ministerial. En aquella ocasión la oposición en el Congreso marcó un antes y un después, pues desde entonces se ha empoderado de tal manera, que inclusive grupos aliados del Gobierno en el legislativo han comenzado a marcar distancia con el gobierno.

Pero si vamos más atrás, el hecho político que motivó el despertar de la oposición fue la abrupta salida del Ex Premier César Villanueva. Villanueva renunció al cargo luego de que el Ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, lo desmintiera respecto a unas declaraciones del Premier sobre cambios de la remuneración mínima vital. Días antes hizo lo propio la Primera Dama, quien luego tuvo que retractarse de sus declaraciones.


“The Economist” en un reciente editorial advierte sobre la debilidad del Presidente en el manejo del poder político y la indebida intromisión en actos políticos por parte de la Primera Dama y en particular del Ministro de Economía Miguel Castilla. Sin lugar a dudas estos hechos han repercutido en la credibilidad económica del país, pues los inversionistas ahora ven al Ministro Castilla como un operador político de la Primera Dama, y no como un tecnócrata responsable. Se conoce que en círculos amicales el Ministro Castilla habría anunciado su próximo retiro del cargo.

Con una oposición fortalecida y cada día más orientada a tomar decisiones con mayor carga política por la cercanía de los procesos electorales – elecciones municipales este año y generales el 2015 -, al Gobierno no le quedará más que escuchar los cuestionamientos de la oposición, dar mensajes claros y precisos respecto a la conducción del país y buscar los consensos políticos necesarios para poder seguir avanzando. Y ello pasa también por detener a sus operadores políticos que durante los últimos años han venido azuzando a la oposición y colocar en su reemplazo a negociadores políticos de alto nivel.

Las recientes declaraciones de la Primera Dama a la Revista Cosas han reavivado el debate sobre el rol protagónico de Nadine Heredia en el accionar del Gobierno y específicamente en el control de los proyectos de ley que llegan al Congreso. Como se sabe, Nadine Heredia no sólo es la Primera Dama, sino también la Presidenta del partido político de gobierno. Si la Primera Dama no aprende a gobernarse a ella misma, ¿cómo puede aspirar a gobernar a los demás?.

Sin lugar a dudas las sesiones del Pleno en el Congreso en las próximas semanas serán bastante complicadas para el Gobierno, entretanto queda claro que Nadine sabe para quién trabaja…

martes, 24 de septiembre de 2013

Tres leyes, tres...


Durante los últimos meses el Congreso ha aprobado dos leyes - y una tercera está en proceso de aprobación - que ponen en grave riesgo el sistema de garantías de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de opinión y el secreto de las comunicaciones de los peruanos.

La Ley de Crimen Organizado permite que la Policía Nacional del Perú (léase Ministerio del Interior) espíe a cualquiera de quien “sospeche” está cometiendo actos ilegales, pinchando sus redes telefónicas. Las operadoras de telefonía están obligadas a permitir que se cuelguen de sus redes de manera indiscriminada e impedidas de contar con tecnología que no vaya en línea con la que cuenta la Policía Nacional del Perú. La Ley de Delitos Informáticos permite que la Policía Nacional del Perú (léase Ministerio del Interior) intercepte y espíe las redes informáticas y obliga a los proveedores de Internet a vigilar la actividad de sus usuarios y revelar su información privada lo cual puede constituir censura previa. Finalmente, el Proyecto de Ley de Pornografía (#LeyChehade) crearía una comisión estatal encargada de espiar y censurar contenidos en internet.

Ni Obama después del 11S se atrevió a proponer normas de este tipo, menos aun Castro, Velasco o Chávez, dictadores por excelencia. En todos los casos hacen o hacían uso de estas malas prácticas de manera subrepticia y a través de sus servicios de inteligencia. Y es que saben que se enfrentarían a sendas demandas inclusive ante organismos internacionales.

En el Perú no necesitarían de estrategias tan sofisticadas, pues a nuestros congresistas les vendieron la idea de que estas medidas eran necesarias para combatir la delincuencia y se “tragaron” el cuento “naZionalista”. Ahora el país cuenta con legislación a la medida para que cualquier dictadorzuelo espíe y censure a sus opositores de manera absolutamente legal. Si algún día los descubren, argüirán alguna “sospecha” que justifique su indebido accionar.

Tres leyes tres, son las que están llevando al país a convertirse en el paraíso de un dictador.