La Constitución Política establece que el Perú se rige por una democracia representativa. En la democracia representativa, el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de forma periódica mediante elecciones libres.
Estas autoridades en teoría deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que los elige para representarlos. En este sistema el poder legislativo es el encargado de hacer o cambiar las leyes, Los representantes están organizados en partidos políticos, y son elegidos por la ciudadanía de forma directa.
El poder ejecutivo recae en un gobierno compuesto por una serie de ministros, cada uno de ellos encargado de una parcela de gobierno o ministerio, y es encabezado por un jefe de estado, presidente o primer ministro, dependiendo de cada país concreto.
La democracia representativa puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas.
Sin embargo, entre otras características que presentan los cambios constitucionales que se realizan en las naciones latinoamericanas está la de cambiar la democracia representativa por una participativa.
La democracia representativa se manifiesta usualmente por medio de referendos por los que los representantes consultan a la ciudadanía o por medio de iniciativas de consulta que los ciudadanos presentan a los representantes.
Las iniciativas de democracia participativa no deben orientarse a organizar una seudo democracia directa, sino a promover al grado más alto y amplio posible la participación en un bien articulado entorno institucional.
Cuando hablamos de democracia participativa, no debemos imaginarnos una participación desordenada, caótica ni inorgánica, sino una disciplinada forma de participación, respetuosa de los intereses, ideas y principio de los demás.
Infortunadamente, amparados en éste nombre, muchos políticos impulsan una participación lindante con la guerra, ignorando que la democracia es un intercambio constante y pacífico de ideas, que deben ser puestos en consideración racional.
Cuando se invoca la democracia participativa, como método constitucional apropiado para tomar decisiones, o al menos para influir en ellas, es necesario advertir que se está dando cuerpo a una forma distinta de legitimidad política.
Todo ello porque se apela a un consenso y un diálogo silencioso, donde el ciudadano, sujeto de derechos políticos, y los partidos políticos, organizaciones que expresan el pluralismo político, son desalojados del ágora pública por entidades y organizaciones colectivas que sólo pueden asumir los intereses parciales de quienes representan.
En este contexto, los problemas constitucionales y democráticos por los que atraviesa el país, no pueden ser resueltos recurriendo a una democracia de trueque, de toma y daca, donde la apelación al principio participativo no es más que una fórmula política vacía destinada a encubrir la participación de los privilegiados.
Estas autoridades en teoría deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que los elige para representarlos. En este sistema el poder legislativo es el encargado de hacer o cambiar las leyes, Los representantes están organizados en partidos políticos, y son elegidos por la ciudadanía de forma directa.
El poder ejecutivo recae en un gobierno compuesto por una serie de ministros, cada uno de ellos encargado de una parcela de gobierno o ministerio, y es encabezado por un jefe de estado, presidente o primer ministro, dependiendo de cada país concreto.
La democracia representativa puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas.
Sin embargo, entre otras características que presentan los cambios constitucionales que se realizan en las naciones latinoamericanas está la de cambiar la democracia representativa por una participativa.
La democracia representativa se manifiesta usualmente por medio de referendos por los que los representantes consultan a la ciudadanía o por medio de iniciativas de consulta que los ciudadanos presentan a los representantes.
Las iniciativas de democracia participativa no deben orientarse a organizar una seudo democracia directa, sino a promover al grado más alto y amplio posible la participación en un bien articulado entorno institucional.
Cuando hablamos de democracia participativa, no debemos imaginarnos una participación desordenada, caótica ni inorgánica, sino una disciplinada forma de participación, respetuosa de los intereses, ideas y principio de los demás.
Infortunadamente, amparados en éste nombre, muchos políticos impulsan una participación lindante con la guerra, ignorando que la democracia es un intercambio constante y pacífico de ideas, que deben ser puestos en consideración racional.
Cuando se invoca la democracia participativa, como método constitucional apropiado para tomar decisiones, o al menos para influir en ellas, es necesario advertir que se está dando cuerpo a una forma distinta de legitimidad política.
Todo ello porque se apela a un consenso y un diálogo silencioso, donde el ciudadano, sujeto de derechos políticos, y los partidos políticos, organizaciones que expresan el pluralismo político, son desalojados del ágora pública por entidades y organizaciones colectivas que sólo pueden asumir los intereses parciales de quienes representan.
En este contexto, los problemas constitucionales y democráticos por los que atraviesa el país, no pueden ser resueltos recurriendo a una democracia de trueque, de toma y daca, donde la apelación al principio participativo no es más que una fórmula política vacía destinada a encubrir la participación de los privilegiados.
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