La mayoría de los analistas económicos, tanto nacionales como extranjeros, coinciden en señalar que la secuela de la crisis financiera internacional sobre el sector real mundial (tanto por el lado de la demanda como de la producción) durará por lo menos dos años. Y, que centrará su intensidad durante el 2009 y 2010, luego de lo cual la economía mundial comenzará a mostrar los primeros síntomas de recuperación.
La problemática originada por la crisis financiera internacional, ha obligado a todos los países a adoptar medidas económicas y financieras orientadas a minimizar los riesgos que puedan afectar sus aparatos productivos internos y población en general.
A pesar de que la economía peruana muestra, en general, buenos fundamentos macroeconómicos, la demanda interna se están desacelerando, a tasas menores de las esperadas, por lo que resulta prudente, en esta coyuntura, dar incentivos muy puntuales y temporales para que el consumo no se retraiga y los efectos de la crisis no afecte considerablemente a los ciudadanos.
Hoy en día los trabajadores que están en planillas (boletas de pago) y los que ejercen alguna profesión u oficio (recibos por honorarios profesionales), están obligados a pagar Impuesto a la Renta si es que ganan más de 7 UIT. Cada UIT equivale a S/.3,550.00, por lo que el límite es de S/. 24,850 al año.
Para saber si es que se está obligado a pagar Impuesto a la Renta, basta con sumar las 14 remuneraciones que se reciben al año (contando dos gratificaciones). Si esta suma es menor a S/. 24,850 no pagamos Impuesto a la Renta. Es decir, hoy en día no pagan Impuesto a la Renta quienes ganan menos de S/.1,775.00 mensual.
Lo que se está proponiendo es elevar ese límite a 10 UIT (S/.35,500.00). Es decir, ya no pagarían Impuesto a la Renta aquellas personas que perciban una remuneración mensual equivalente a S/.2,535.00.
La propuesta se ha previsto aplicarla durante los años 2010 y 2011, para aliviar la difícil situación que están atravesando las familias como efecto de la crisis financiera internacional.
Cierto es que esta medida tiene un costo fiscal, el cual está estimado en S/.600 millones, sin embargo también lo es que ese dinero que quedará en manos de los trabajadores será utilizado generando un mayor consumo y con ello parte regresará al Estado a través del IGV e ISC que pagamos en cada compra o servicio.
Pero este beneficio temporal se otorga a cambio de que las personas que se beneficien entreguen información a la SUNAT de los comprobantes de pago que obtengan por el consumo que hagan por hasta el 15% de sus ingresos.
De esta manera, se busca que más de 200,000 familias que se verían beneficiadas con este sistema, presionen al mercado informal al solicitar comprobantes de pago por todas las compras que hagan.
Con ello, la SUNAT logrará identificar a evasores de impuestos y se generará una cultura tributaria en la población, que pasa por la obligación de solicitar comprobantes de pago y comprar sólo en establecimientos formales.
Queda claro que este beneficio no será de aplicación para las empresas, que valgan verdades, ya han recibido beneficios como el drawback para los exportadores que le cuesta al Estado S/.300 millones y la depreciación acelerada para las empresas constructoras que costará al país alrededor de S/.808 millones.
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