Los últimos ataques a patrullas de la FF.AA. en el VRAE han generado una serie de reacciones y cuestionamientos, tanto a la estrategia trazada, como a los actores u operadores de tal estrategia.
Desde el Congreso algunos exigían la inmediata renuncia del Ministro de Defensa, mientras una destemplada congresista fujimorista se negaba a conceder un minuto de silencio por los militares fallecidos a consecuencia del último ataque narcoterrorista a un helicóptero.
En medio de esta discusión, lo que pocos recuerdan es que este avance del narco-terrorismo tiene su origen en la irresponsabilidad de un gobierno toledista que - azuzado o en complicidad con algunas ONGs pro-terroristas - desactivó una serie de bases contrasubversivas.
Son precisamente esas mismas ONGs, que subsistieron financieramente durante el post terrorismo de la cooperación extranjera, que se infiltraron y cogobernaron durante los gobiernos de transición y de Toledo, logrando invertir los papeles al colocar a los terroristas como víctimas y al Estado como agresor; las que mismas que hoy exigen la salida de ministros y sanción a policías y militares que luchan por consolidar el estado de derecho en el país.
No debemos caer en el juego de estos actores políticos que, mas allá de sus legítimas aspiraciones de poder y figuración en el escenario de la oposición, lo que en realidad están consiguiendo es que cada vez que se quiere sacar un ministro y desestabilizar al país, se organizan turbas que alteran el orden público, matan decenas de policías o emboscan a patrullas militares.
El Estado no puede verse debilitado y abdicar de sus funciones por el hecho de que unos cuantos narcoterroristas pretenden desestabilizar al país, para en ese escenario de caos dedicarse impunemente a sus ilícitas actividades.
No se trata de defender gobiernos de turno o a ministros, sino de defender el estado de derecho, de consolidar el orden democrático y no permitir que nadie ni nada rompa el sistema democrático y las instituciones que lo sostienen.
No caigamos en el juego de los narcoterroristas o de actores políticos irresponsables, que pretenden sustituir al Estado por hordas delincuenciales, sembrando la peligrosa posibilidad de convertir al país en un Narco Estado.
No se trata de defender gobiernos de turno o a ministros, sino de defender el estado de derecho, de consolidar el orden democrático y no permitir que nadie ni nada rompa el sistema democrático y las instituciones que lo sostienen.
No caigamos en el juego de los narcoterroristas o de actores políticos irresponsables, que pretenden sustituir al Estado por hordas delincuenciales, sembrando la peligrosa posibilidad de convertir al país en un Narco Estado.
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