Uno de los dueños de las bodegas se interesa y decide invertir en esta nueva aventura empresarial, llegando a un acuerdo con la directiva del edificio. Acude a su banco amigo y le solicita un crédito para el nuevo emprendimiento.
Es así como abre su bodega ante la algarabía del vecindario. Sus ventas son buenas, todo el vecindario le compra y comienza a pagar su crédito, con la esperanza de que en poco tiempo comience a tener un retorno en su inversión.
Pero a los pocos meses, los vecinos del edificio abren una bodega propia al costado de la del bodeguero emprendedor. La diferencia es que esta nueva bodega no paga alquiler, ni servicio de energía eléctrica, agua y todos los otros servicios públicos, pues es de los dueños del edificio.
Al cabo de dos meses el emprendedor que se arriesgó en invertir en el negocio que le ofrecieron, que cumple con pagar puntualmente el alquiler de local y todos los servicios públicos, quiebra y se queda endeudado con el banco que le concedió un crédito.
No cabe duda que en el ejemplo existe una clara afectación de los intereses de quien arriesgó su inversión. Algunos dirán que se cometió una injusticia con aquel bodeguero que actuando de buena fe arriesgo su inversión.
Si en el ejemplo fuera el Estado el que hubiera invitado a muchos emprendedores a invertir en el país y a competir en el mercado. Y si al cabo de un tiempo el Estado decidiera entrar al mercado a competir a través de empresas públicas, que tienen todas las ventajas de ser parte del Estado, también se daría una injusticia.
La injusticia radica en el hecho de que el Estado no puede competir en igualdad de condiciones con el emprendedor privado, pues el Estado es quien hace las reglas, supervisa su cumplimiento y está bajo el liderazgo del Presidente de la República. En este caso, como en el ejemplo del bodeguero emprendedor, se habría cometido una injusticia.
Es por ello que nuestra Constitución establece el tan mentado principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad establece que el Estado interviene en el mercado haciendo empresa, sólo en los espacios en los que el sector privado no está presente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Al Estado le corresponde dictar las políticas de Estado, fijar las reglas de juego y regular a los distintos actores privados. No le corresponde competir con el privado, sino complementar su trabajo.
Es bajo este principio de subsidiariedad que los inversionistas, de buena fe, han estado invirtiendo en el país durante los últimos años. Han invertido y generado competencia entre ellos en el mercado, beneficiando con ello a la ciudadanía que hoy en día tiene acceso a productos de mejor calidad y a menores precios. A esto se suma el beneficio de miles de puestos de trabajo generados a lo largo y ancho del país, sin que les cueste a todos los peruanos mantener las planillas.
Ante esta realidad tangible, no encuentro justificación válida para cambiar el modelo y volver al tristemente recordado esquema del Estado-empresario, que por décadas fungió de agencia de empleo de los sucesivos gobiernos de turno y generó millones de soles en pérdidas al país.
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