El crecimiento de la deuda externa española se ha multiplicado en los últimos años hasta alcanzar el 170% del PIB, según las últimas cifras del Banco de España. Se ha convertido en la debilidad que justifica las apuestas especulativas contra su solvencia y constituye uno de los flancos débiles del euro. La fecha que esperan quienes dan por hecho que España sufrirá un rescate similar al de Grecia es el próximo 30 de julio, cuando el Tesoro ha de devolver un bono de 16.183 millones. No hay razones para suponer que el Tesoro no hará honor al pago, pero los fabricantes de rumores se esmeran en transmitir el temor (infundado) a un supuesto default.
No hay una forma rápida de evitar los rumores, porque hay inversores que ganan dinero atacando las debilidades financieras de un país. España las tiene, sin duda. Además de su elevado endeudamiento cabe mencionar otra muy importante: una estructura fiscal muy mermada por la irresponsable política de rebajar impuestos (en particular el de Sociedades durante las legislaturas del PP) y por la dependencia de los ingresos procedentes de la construcción. Pero la contrapartida es que el Estado español tiene un amplio margen para subir los impuestos si es necesario. Por esa razón la subida del IVA constituía un mensaje crucial a los acreedores de la deuda española.
La confianza de los acreedores puede recuperarse lentamente, pero con seguridad, si se atienden puntualmente los vencimientos de deuda, si no se producen quiebras o graves contratiempos en el sistema financiero, si se consolida una tendencia descendente de la deuda y si se ejecutan con firmeza los ajustes del gasto prometidos. Era preferible que el Gobierno hubiese decidido una reestructuración radical del gasto público, de forma que se hubiera respetado la inversión pública a cambio de un compromiso de ajuste mayor de las autonomías. En ausencia de ese pacto político, el recorte del gasto aprobado por el Gobierno parece el único viable.
Además de las exigencias de los acreedores, el debate de política económica global se resume en si es posible la recuperación europea con un rosario de ajustes a cual más drástico (el Reino Unido se propone recortar el gasto ministerial hasta un 40%) o si es preferible prolongar los estímulos públicos. La respuesta es política. La decisión correspondería a una autoridad europea facultada para coordinar los ajustes; pero esa autoridad no existe.
Editorial de ElPais.com
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