Congreso: una mirada propositiva

Gestión, planificación y metas compartidas.

En la administración moderna, toda acción debe obedecer a una estrategia encaminada a la consecución de una meta en cada línea de gestión y todo ello debe formar parte de un plan estratégico.

Medidas aisladas sin planificación ni metas claras, en no pocos casos lleva a retrocesos o a la inoperancia de la institución.

Estos retrocesos a la larga llevarán a la ciudadanía a desconfiar de la eficiencia y eficacia de la institución y, lo que es mas grave, a desconfiar de quienes tienen a su cargo su conducción.

Pero, por otro lado, es vital que en el Congreso de la República todos, de paje a rey, conozcan y compartan las metas fijadas. No se llagará a buen puerto si es que todos en la organización no adoptan las metas como compartidas. Esta responsabilidad de involucrar al personal en el cumplimiento de las metas, pasa por el hecho de que el trabajador sienta que el logro de las metas no sólo beneficiará a la imagen de la institución y sus directivos o representantes, sino también a ellos.

Un ejemplo de medidas encaminadas a tal fin son los bonos de productividad que viene aplicando el sector privado. Y es que el trabajador debe ser considerado como un colaborador y no como el “fusible” que debe inmolarse cada vez que algún representante de la institución comete un error.

Planificación, organización, dirección y supervisión, son las claves del éxito de una institución como el Congreso de la República.

Medición cualitativa y no cuantitativa de la gestión congresal

Lamentablemente, producto de inadecuada presentación de la información del Congreso de la República en el marco del acceso a la información que deben brindar las instituciones públicas a la ciudadanía, la población ha venido midiendo la gestión de sus congresistas, sus directivos y el Congreso en general, con criterios que si bien son válidos en una “fabrica de chupetes”, no lo son en lo que respecta al trabajo legislativo.

Así, cada termino de un periodo anual de sesiones, el Presidente del Congreso saliente da cuenta de los logros alcanzados durante su gestión y la primera información que se pone a disposición de la ciudadanía es la cantidad de leyes, dictámenes y proyectos de ley que se han generado, es decir se pone por delante el aspecto cuantitativo de la gestión.

Esto ha llevado a que la población mal entienda que un congresista ha realizado una mejor gestión si ha presentado un mayor numero de proyectos de ley, lo que a su vez ha llevado a los congresistas a una carrera por presentar proyectos de ley, llegándose inclusive al despropósito de presentar un proyecto de ley por cada artículo que se propone modificar de una misma norma legal.

Cierto es que hoy en día los proyectos de ley deben ser presentados con firma del vocero de la bancada parlamentaria y suscrito por al menos seis congresistas, pero no es menos cierto que esta medida no está cumpliendo su objetivo. Siguen los congresistas presentados proyectos individualmente, corriendo adhesiones sin que exista necesariamente una posición de bancada.

Por otro lado, existe un grave problema de percepción en la ciudadanía, respecto a las funciones de un congresista. Viene ocurriendo que gran parte de la ciudadanía utiliza los mismos criterios para medir la gestión del presidente, el alcalde y el congresista: "no han hecho obras por mi pueblo, entonces es un mal presidente, un mal alcalde o un mal congresista"

Es hora de iniciar una campaña informativa respecto a lo que puede y no puede hacer un congresista. Lo que puede y no puede hacer el Congreso de la República. En cuanto a la presentación de proyectos de ley, corresponde a las bancadas asumir con mayor responsabilidad la presentación de proyectos de ley.

Observación de leyes aprobadas

Por lo regular cuando un proyecto de ley ingresa a una comisión dictaminadora del Congreso, lo primero que se hace es pedir opinión a los sectores e instituciones relacionadas con la propuesta legislativa. Es así que ha diario el Congreso, desde sus comisiones, emite una significativa cantidad de pedidos de opinión a ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y diversas instituciones públicas y privadas.

Hace algún tiempo se informó desde el MEF que había recibido 3,000 pedidos de opinión sobre proyectos de ley durante un último periodo congresal de una año, mientras que el Poder Ejecutivo dio cuenta de la gran cantidad de leyes aprobadas por el Congreso que estaban siendo observadas.

En primer lugar, considero importante resaltar que si revisamos las observaciones en gran parte son temas de “opción legislativa” y no de deficiencia técnica, cosa que al parecer no ha sido aclarada por parte del Congreso de la República. Y si de opción legislativa se trata, la decisión es exclusiva del Congreso por lo que no deberían haber observaciones de este tipo desde el Poder Ejecutivo.

Si bien es cierto, desde una apreciación política ésto se debería a una descordinación de la bancada de gobierno con el Poder Ejecutivo, también lo es que es necesario que exista una instancia de coordinación técnica entre el Congreso y las áreas técnicas del sector que corresponda en el Poder Ejecutivo.

Se ha planteado, por ejemplo, que se cree una especie de filtro de las leyes aprobadas por el Pleno o la Comisión Permanente, cosa que considero es inaplicable. Esto lo señalo por cuanto luego de aprobada la ley sólo cabría una Comisión de Redacción que estaría limitada a cambios en el aspecto de forma, mas no en el fondo de la propuesta aprobada, que es casualmente lo que está motivando las observaciones.

Los pedidos de opinión de las comisiones respecto a los proyectos presentados, ha llevando a que existan los 3,000 o más pedidos de opinión respecto a un proyecto de ley respecto de la cual aun no hay una posición política adoptada por instancia alguna del Congreso. Me parece que más adecuado seria aplicar dicho filtro después de la aprobación de los proyectos en las comisiones.

Este filtro podría darse si desde la presidencia se organizan reuniones de coordinación técnica entre sus asesores, los asesores de las comisiones que tienen dictámenes listos para ser debatido en el Pleno y los del Sector que corresponda. De esta manera, antes de ingresar a agenda de Pleno cada dictamen será revisado por las instancias técnicas del Congreso y del Poder Ejecutivo, de tal manera que al Pleno llegue un texto totalmente concertado en el aspecto técnico, quedando expedito para la decisión política que corresponda.

Este sistema se ensayo hace algunos años con muy buenos resultados, aunque debido a la cantidad de dictámenes en agenda, en aquella oportunidad se utilizó este filtro con los dictámenes que a criterio de la presidencia requerían de un consenso técnico previo.

Otro sistema que se empleó, aunque con poco éxito, fue el de pedir opinión a los sectores de los proyectos dictaminados, sin embargo esto si llevó que haya demasiada injerencia del Poder Ejecutivo respecto a dictámenes que aun no han sido debatidos en el Pleno, llegándose en algunos casos a detener indeterminadamente la colocación de dictámenes en la agenda del Pleno.

Debe recordarse, que conforme al Reglamento del Congreso de la República las Comisiones tienen tan sólo 30 días para dictaminar, disposición que es un “saludo a la bandera”, pues tan solo esperando que los sectores emitan opinión pueden pasar meses. Lo que ocurre es que a los sectores no les interesa mucho pronunciarse sobre proyectos de ley, sino sobre temas ya debatidos, sea en comisión o en el Pleno, que es cuando se generan las observaciones.

Estas son algunas sugerencias que considero podrían ser estudiadas con la finalidad de mejorar la imagen del Congreso de la República. Es preferible que desde el Congreso todos aúnen esfuerzos por mejorar la alicaída imagen del Primer Poder del Estado y no desgastarse con los temas mediáticos.

El Congreso de la República tiene la palabra.