BANCO AGRARIO: LAS CAMPAÑAS POLITICAS NO SE PAGAN CON DINERO DEL PUEBLO

El Congreso de la República aprobó, a iniciativa de la bancada aprista y con el voto de las bancadas fujimorista, unionista y nacionalista, relanzar la funesta experiencia de Banco Agrario, tratando de ocultar dicho propósito bajo el manto de una renovada denominación: Agrobanco.

Se pretende modificar los alcances y atribuciones del Banco Agropecuario, autorizándolo a otorgar créditos de primer piso y a recibir depósitos en cualquier moneda, no especificando monto máximo en el valor de los créditos.

Si revisamos las cifras de morosidad del Agrobanco a septiembre del 2006, podemos ver que estaban entre 21,26% y 48,27%, cifras que representan un altísimo riesgo, no sólo para el Tesoro, sino para los ahorristas que de manera ingenua podrían colocar sus depósitos en dicho banco. Si a esto le sumamos el otorgamiento de créditos sin garantías mínimas, tendremos como resultado un previsible desastre en el banco.

En 1990 el crédito del BCR a la banca de fomento representaba el 33 por ciento de la emisión primaria, es decir de dinero emitido por la famosa “maquinita” que nos llevó a una hiperinflación de triste recordación. El crédito al Banco Agrario explicaba entonces el 92 por ciento del crédito a la banca de fomento y por tanto un tercio de la emisión primaria de ese año.

Por otro lado, los recursos transferidos al Banco Agrario del anterior gobierno aprista fueron capturados por agricultores con un ingreso relativamente más elevado. Información disponible para 1986 - 1989, muestra que menos de un tercio del crédito era dirigido a la Sierra (29 por ciento).

Si bien sólo el 2 por ciento del número de créditos era otorgado a la mediana y gran propiedad (unidades mayores a 20 hectáreas), estos préstamos representaban el 57 por ciento del total del monto prestado.

Es justamente el esquema de incentivos de la banca de fomento el que genera los resultados negativos de estas instituciones. Si se trata de ampliar la cobertura del crédito con tasas reducidas a agentes cuyos riesgos son mayores se tendrá como resultado pérdidas para el banco. Más aún, si los agentes económicos beneficiados toman el crédito estatal como un regalo puesto que la probabilidad de alguna ejecución de garantías por parte del Estado es muy baja.

Otro punto que es necesario tener en cuenta, es que la desactivación del Banco Agrario coincidió con un mayor dinamismo en el sector agropecuario y con una menor dependencia de la importación de alimentos.

Mientras que el crecimiento del sector durante 1960-1992 ascendió a 1,7 por ciento anual en promedio, en los años posteriores a la desactivación del Banco Agrario, el crecimiento ascendió a 5,8 por ciento promedio anual.

Si bien, habrían existido múltiples factores que condicionaron el bajo crecimiento del sector entre 1960 y 1992, el aumento del crecimiento en los años posteriores demuestra que no era necesaria la existencia de un banco de fomento para que el sector cobre dinamismo.

Este mayor crecimiento implicó, asimismo, una menor dependencia de la importación de productos agrícolas. Entre 1985 y 1992, la importación de alimentos representaba casi la cuarta parte del PBI agropecuario. Posteriormente, entre 1993 y 2005, esta dependencia se ha reducido a 16 por ciento del PBI agropecuario.

Este proyecto de nuevo Banco Agropecuario se formula en un contexto de crecimiento del crédito al sector agrario por la acción de actores privados. En los últimos tres años, se ha registrado un crecimiento del crédito agrícola de 13,1 por ciento. De este aumento, el 67 por ciento está explicado por un mayor dinamismo de las cajas municipales, rurales y edpymes.

La intervención del Estado debe estar dirigida a complementar y fortalecer la actuación privada en el sector, no a sustituirlo. Así, los esfuerzos del Estado deben concentrarse, por un lado, en incentivar el aumento de los niveles de cobertura de los agentes formales existentes y, por el otro, generar las condiciones que faciliten el acceso al crédito privado por parte de los agricultores.

El Banco Agropecuario enfrenta riesgos de tipo sectorial, institucional, de financiamiento y de cartera que no garantizan un desempeño eficiente como banca múltiple y existen nuevos actores financieros que le están inyectando un mayor dinamismo al sector; razones suficientes para determinar que las acciones del Estado deben estar dirigidas a facilitar el acceso al crédito formal por parte de los agricultores.

El Ministerio de Economía y Finanzas, el de Agricultura, el BCR y recientemente el Presidente de la República han manifestado los riesgos de volver al pasado, por lo que no dudamos que la referida ley será observada, una vez mas, por el Poder Ejecutivo.

En lo que respecta al Congreso, dos aspectos a observar: la actitud responsable de UN que fue la única bancada que advirtió de estos riesgos y la confirmación de que la bancada aprista no está sintonizada con el Gobierno.

Señores, las campañas políticas o carreras desmedidas hacia ministerios no se pagan con dinero del pueblo.

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