No cabe duda que el Estado Peruano, como organización pública, es un desastre. Existen diversas instituciones que realizan funciones vinculadas a un mismo objetivo, lo que conlleva a la ineficiencia del aparato estatal. Por otro lado, contamos con un Estado altamente burocratizado, en el que gran parte de los servidores públicos son nombrados, es decir no se les puede despedir.
Si un peruano emprendedor decide formar una empresa en el país, tiene que acudir a un estudio privado de abogados por la minuta, a un notario por la escritura pública, a Registros Públicos para la inscripción de la empresa, a la SUNAT para obtener el RUC, a la municipalidad para obtener la licencia de funcionamiento, al Ministerio de Trabajo para inscribir el libro de planillas, al Ministerio de Salud a solicitar el Registro Sanitario, si se trata de productos alimenticios, y así sucesivamente.
En cada una de estas instituciones encontraremos a un innumerable número funcionarios, que por mas incompetentes que sean, el Estado no puede despedir, pues como indicamos, son nombrados y en función a ello gozan de “estabilidad laboral”.
Esta desastrosa realidad, ha colocado a los gobernantes de turno en una situación tan difícil de afrontar, que ninguno se ha atrevido a llevar adelante la esperada reforma del Estado, en lo que se refiere a su estructura y personal.
Sin lugar a dudas, para realizar una reforma profunda del Estado, se requiere trazar una estrategia que pase, en primer lugar, por lograr minimizar la oposición al cambio, la que sin duda ocurrirá desde el interior del aparato estatal. Es decir, se requiere mediatizar las instancias lógicas de reacción: el funcionario y servidor público de todo nivel, así como sus organizaciones o gremios.
Esto habría sido entendido por el gobernante de turno, quien desde que asumiera el cargo, inició una agresiva campaña mediática en contra de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, atacando su posición más vulnerable: las altas remuneraciones.
Para impedir la reacción del frente político, luego de una campaña mediática respecto a los elevados sueldos de los congresistas, los obligó a su reducción. Es claro que frente al desprestigio de la clase política, desde el Congreso no existió posibilidad de reacción alguna.
Luego, emprendió otra campaña contra la alta tecnocracia del Estado, para posteriormente, al igual que ocurrió con los congresistas, reducir sus sueldos.
En lo que se refiere al profesorado, el punto de quiebre ha sido el SUTEP, contra quien se desarrollo la tercera campaña mediática, a través de las licencias sindicales y la evaluación de maestros. Sin lugar a dudas, ha sido esta la batalla más exitosa del Presidente, pues ha logrado el casi total apoyo de la población.
En estos días, luego de una cuarta campaña mediática – esta vez contra los alcaldes – el Presidente en acto público promulgó un decreto supremo, estableciendo los límites máximos en la remuneración de los alcaldes de todo el país.
Si bien en los primeros casos, no habría existido una reacción que haga peligrar la estrategia del gobierno, al parecer desde los gobiernos locales la situación se estaría presentando más complicada. Algunos alcaldes han anunciado que no acatarán lo dispuesto por el referido decreto supremo y - peligrosamente para los intereses del Gobierno - se están organizando con el objetivo de hacer retroceder al Presidente.
El arte de la guerra nos enseña que antes de una incursión, es necesario previamente debilitar al enemigo, golpeando sus posiciones más vulnerables o débiles, a fin de bajar la moral del grupo. Al parecer esto lo tendría muy claro el Presidente al adoptar sus decisiones mas complicadas.
Sin embargo, aun no se han producido las reformas de fondo, las mismas que sin duda dependerán mucho del éxito que logre el Gobierno a través de estos movimientos estratégicos, que constituyen solo batallas en contra de los obstáculos que representa el gran cambio en la estructura del Estado.
Hasta ahora las batallas libradas han ido acompañadas del apoyo popular, lo que sin duda facilita la toma de decisiones. Sin embargo, no siempre será así, pues en algún momento habrá que adoptar medidas necesarias, pero no muy populares.
Esperemos que luego de todas las batallas libradas y por librarse, el gobierno no tenga su “Waterloo” y, peor aun, que esto ocurra por calculo o intereses políticos.
La reforma del Estado es una tarea difícil, pero esperada por el pueblo peruano.
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