El Programa del Vaso de Leche se creo en Lima el año 1984 y luego se extendió a nivel nacional, como un programa municipal de apoyo alimentario para niños de 0 a 6 años; pero con el transcurrir del tiempo, dicho programa fue ampliando su ámbito de beneficiarios a madres gestantes y lactantes, niños de 7 a 13 años, personas con tuberculosis, personas indigentes de la tercera edad, etc.
Si bien se amplió la cantidad de beneficiarios, no se hizo lo propio y en la misma proporción en el aspecto presupuestal, lo que trajo como consecuencia graves problemas en la atención de los beneficiarios por parte de las madres.
Por otro lado, existe el problema de que la legislación establece que se debe entregar productos preparados, pero el presupuesto no contempla los gastos que demanda la preparación de los productos, razón por la que muchos comités del vaso de leche se ven en la necesidad de cubrir esos gastos con donaciones e inclusive estableciendo un pago de 30, 40 o 50 céntimos a los beneficiarios, con lo que se desnaturaliza el Programa del Vaso de Leche que debe ser gratuito.
En el aspecto de la gestión municipal del programa encontramos graves deficiencias, como el hecho concreto de que se suspende la entrega de productos hasta por varios meses, debido a problemas logísticos o a la desidia de funcionarios municipales, y cuando se restablece la entrega del producto, nunca se sabe que ocurrió con los recursos que les fueron transferidos con regularidad a las municipalidades durante los meses en que se interrumpió la entrega.
No es posible que malos funcionarios públicos suspendan la entrega de los productos a los comités sin que exista una causa justificada, pues esto repercute no sólo en las madres, sino en los niños que son los beneficiarios primarios.
Tal vez sea hora que los funcionarios de las municipalidades entiendan que cuando se trata de dinero o bienes que corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales, el funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de ocho años.
Un informe elaborado por la Universidad del Pacifico - financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo - evidencia graves irregularidades en el manejo del Programa del Vaso de Leche. Existen fugas, tanto en los recursos transferidos como en la entrega de los productos a los beneficiarios.
Según el informe antes referido, más del 10% de las municipalidades no cuentan con información de los beneficiarios; en otros casos el producto se distribuye sin preparar, pese a que la ley exige que se haga de forma preparada; la Contraloría no ha llevado a cabo acciones de control en más del 70% de municipalidades; la amplia red organizada de los Comités de Vaso de Leche representa una facción poderosa y unificada del distrito electoral, por lo que ejerce presión considerable sobre los alcaldes; etc.
Es evidente la necesidad que de inmediato la Contraloría General de la República proceda a sacar a concurso público las plazas de jefes del órgano de control interno de las municipalidades, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Municipalidades, antes de que esta experiencia se repita en los programas sociales transferidos en el marco del proceso de descentralización, como son los comedores populares del PRONAA, los proyectos de FONCODES, etc.
A esto se suma el hecho de que el Programa del Vaso de Leche no capacita a los beneficiarios para que puedan ejercer un control ciudadano más eficiente, existen fallas en la distribución de raciones, no existe criterio unificado para seleccionar beneficiarios, existe presión de algunas entidades gubernamentales como es el caso de salud para atender a grupos no prioritarios, no existe campaña informativa para introducir nuevos productos, en algunos lugares se reparte ración por madre y no por niño, la planificación no es participativa, etc.
En definitiva el problema no es tanto de leyes, sino de insuficiencia presupuestal, deficiencia en la gestión del Programa del Vaso de Leche y falta de control gubernamental; es decir, para resolver el problema presupuestal, es imprescindible que antes exista una mejora sustancial en la gestión del programa, por lo que deben establecerse criterios uniformes de gestión del Programa y fortalecer los mecanismos de control no sólo gubernamental, sino ciudadano.
Finalmente, debe quedar claro que cualquier ajuste de naturaleza legal, presupuestal o establecimiento de criterios de gestión uniformes, debe necesariamente hacerse con participación de todos los actores involucrados, como son las municipalidades, las Coordinadoras del Programa y los beneficiarios o sus representantes.
Si bien se amplió la cantidad de beneficiarios, no se hizo lo propio y en la misma proporción en el aspecto presupuestal, lo que trajo como consecuencia graves problemas en la atención de los beneficiarios por parte de las madres.
Por otro lado, existe el problema de que la legislación establece que se debe entregar productos preparados, pero el presupuesto no contempla los gastos que demanda la preparación de los productos, razón por la que muchos comités del vaso de leche se ven en la necesidad de cubrir esos gastos con donaciones e inclusive estableciendo un pago de 30, 40 o 50 céntimos a los beneficiarios, con lo que se desnaturaliza el Programa del Vaso de Leche que debe ser gratuito.
En el aspecto de la gestión municipal del programa encontramos graves deficiencias, como el hecho concreto de que se suspende la entrega de productos hasta por varios meses, debido a problemas logísticos o a la desidia de funcionarios municipales, y cuando se restablece la entrega del producto, nunca se sabe que ocurrió con los recursos que les fueron transferidos con regularidad a las municipalidades durante los meses en que se interrumpió la entrega.
No es posible que malos funcionarios públicos suspendan la entrega de los productos a los comités sin que exista una causa justificada, pues esto repercute no sólo en las madres, sino en los niños que son los beneficiarios primarios.
Tal vez sea hora que los funcionarios de las municipalidades entiendan que cuando se trata de dinero o bienes que corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales, el funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de ocho años.
Un informe elaborado por la Universidad del Pacifico - financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo - evidencia graves irregularidades en el manejo del Programa del Vaso de Leche. Existen fugas, tanto en los recursos transferidos como en la entrega de los productos a los beneficiarios.
Según el informe antes referido, más del 10% de las municipalidades no cuentan con información de los beneficiarios; en otros casos el producto se distribuye sin preparar, pese a que la ley exige que se haga de forma preparada; la Contraloría no ha llevado a cabo acciones de control en más del 70% de municipalidades; la amplia red organizada de los Comités de Vaso de Leche representa una facción poderosa y unificada del distrito electoral, por lo que ejerce presión considerable sobre los alcaldes; etc.
Es evidente la necesidad que de inmediato la Contraloría General de la República proceda a sacar a concurso público las plazas de jefes del órgano de control interno de las municipalidades, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Municipalidades, antes de que esta experiencia se repita en los programas sociales transferidos en el marco del proceso de descentralización, como son los comedores populares del PRONAA, los proyectos de FONCODES, etc.
A esto se suma el hecho de que el Programa del Vaso de Leche no capacita a los beneficiarios para que puedan ejercer un control ciudadano más eficiente, existen fallas en la distribución de raciones, no existe criterio unificado para seleccionar beneficiarios, existe presión de algunas entidades gubernamentales como es el caso de salud para atender a grupos no prioritarios, no existe campaña informativa para introducir nuevos productos, en algunos lugares se reparte ración por madre y no por niño, la planificación no es participativa, etc.
En definitiva el problema no es tanto de leyes, sino de insuficiencia presupuestal, deficiencia en la gestión del Programa del Vaso de Leche y falta de control gubernamental; es decir, para resolver el problema presupuestal, es imprescindible que antes exista una mejora sustancial en la gestión del programa, por lo que deben establecerse criterios uniformes de gestión del Programa y fortalecer los mecanismos de control no sólo gubernamental, sino ciudadano.
Finalmente, debe quedar claro que cualquier ajuste de naturaleza legal, presupuestal o establecimiento de criterios de gestión uniformes, debe necesariamente hacerse con participación de todos los actores involucrados, como son las municipalidades, las Coordinadoras del Programa y los beneficiarios o sus representantes.
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