El año 1990 todos los peruanos acudimos a las urnas a cumplir con nuestro deber cívico de elegir a un gobernante para el quinquenio 90 – 95, resultando elegido por voluntad popular un candidato sin ninguna tradición en política, Alberto Fujimori, a quien entonces vinieron a denominar el "out sider" de los 90s.
Sin embargo, el panorama no se le presentaba del todo bien, pues el pueblo no le había dado una mayoría en el Congreso, decidiendo sabiamente por un justo equilibrio de poderes.
Dos años después de su elección, en 1992, el entonces presidente de turno, Alberto Fujimori, disolvió el Poder Legislativo, alegando que este no le permitía hacer las reformas que requería en país; perdiendo de esta manera la legitimidad de la que entonces gozaba.
Todos conocemos las consecuencias de aquel episodio, más tarde denominado "el autogolpe", el cual concluyó, luego de una década, con la renuncia de Alberto Fujimori vía fax desde el Japón, país que lo albergaría hasta hace pocos meses, en que fuera capturado por la INTERPOL en el país vecino de Chile.
El hecho cierto es que luego del autogolpe, el gobierno entonces ilegítimo de Alberto Fujimori, inició una serie de reformas que pasaron por la convocatoria a un Congreso Constituyente que dio una nueva Constitución a la medida del gobernante y una serie de leyes que produjeron una profunda reforma en nuestro sistema legal.
Ahora, quince años mas tarde, pareciera que la historia se fuera a repetir. Tenemos en la segunda vuelta a otro "out sider" de la política, Ollanta Humala, que al igual que el Alberto Fujimori de los 90s, no tiene tradición política conocida y que – a diferencia de éste – anuncia anticipadamente que cambiará la Constitución con el viejo y manido argumento de que ésta fue hecha durante un gobierno de facto.
Analicemos un poco esta propuesta. En primer lugar la Constitución sólo concede facultades de reforma constitucional al Congreso de la República, es decir ya no establece que para reformar la Constitución o hacer una nueva, deba convocarse a una Asamblea Constituyente, como si lo hacía la Constitución del 79.
Por otro lado, para reformar la Constitución – de manera parcial o íntegra –se requiere de dos legislaturas – un año - y la reforma debe hacerse con votación calificada, es decir la mitad más uno de los miembros del Congreso. No existe ningún otro procedimiento de reforma constitucional, por tanto, intentar otro importaría el rompimiento del orden constitucional y legal del país.
Si tenemos en cuenta que UPP no contaría con los votos suficientes en el Congreso como para aprobar una reforma constitucional a través de la cual se abra la posibilidad de que las reformas constitucionales las apruebe una Asamblea Constituyente, podremos apreciar que no le será fácil a UPP convocar a una Asamblea Constituyente, como lo ha venido pregonando.
Buscar aliados que le den la mayoría que requiere en dos legislaturas para aprobar la reforma constitucional tampoco le será tarea fácil a UPP, pues quien pudiera ser su aliado natural, la izquierda, no ha podido superar la valla electoral y por tanto no tendrán escaños en el próximo Congreso.
Frente a estos escollos constitucionales y políticos que se le presentarán a Humala – de llegar al sillón presidencial - para poder cumplir con su promesa de convocar a una Asamblea Constituyente que elabore un nueva Carta Fundamental, me pregunto si optará - al igual que lo hizo Fujimori - por provocar un nuevo autogolpe.
(Publicado el 16 de mayo de 2006)
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