Las encuestas electorales no predicen el futuro, sino que leen el presente. Y es por ello que su importancia radica en que ayudan a determinar las tendencias del electorado en varios momentos. Con esta información los estrategas políticos van adecuando sus estrategias a lo largo de la campaña.
Sin embargo, más allá de esto, es imprescindible que el trabajo que realizan las encuestadoras en época electoral sea regulado, cuando dichas mediciones tengan por objeto ser publicadas o trasmitidas a la ciudadanía a través de los medios de comunicación.
No es dable, por ejemplo, que las metodologías de medición no puedan ser fiscalizadas debido a que las mismas no son, cuando menos, comunicadas oficialmente al Jurado Nacional de Elecciones. A lo único que lleva este libertinaje es a generar dudas en la población respecto a la validez de las encuestas.
Tampoco es aceptable que las encuestadoras realicen encuestas contratadas por las agrupaciones políticas en campaña, con el objeto de que las mismas sean publicadas en los medios de comunicación. Esta conducta es a todas luces cuestionable y antiética.
Lo propio ocurre con los representantes de las empresas encuestadoras que realizan análisis político (futurología política) a través de medios de comunicación. Esto debe estar prohibido. Sobre lo único que podrían manifestarse las empresas encuestadoras, como ocurre en otros países, es sobre los aspectos metodológicos de la encuesta.
El renovado Congreso debe abordar este tema con la seriedad que el caso amerita. Es necesario perfeccionar nuestro sistema político, evitar que encuestadoras cuyo trabajo es cuestionable, puedan manipular la voluntad popular.
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