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martes, 24 de junio de 2008

EL DEBATE DE LA DIRECTIVA DEL RETORNO


El ponente parlamentario, el alemán Manfred WEBER, recordó que "llevamos dos años y medio de negociaciones" y que "no hablamos de asilo, sino de personas que se encuentran en situación ilegal". "Es una situación de esclavitud", añadió. En cuanto al periodo máximo de retención, de seis a doce meses, señaló que "hay países de la UE donde no hay una duración máxima".

También hizo hincapié en la "protección especial" que necesitan los niños y dijo que se fijarán normas mínimas sobre educación. También aseguró que "el retorno voluntario será prioritario" y añadió que "existe derecho de recurso al retorno obligatorio".

Según Weber, las directrices del Consejo de Europa sobre el retorno están contenidas en esta directiva. "¿Por qué el Consejo de Europa critica ahora sus propias directrices?", se preguntó el ponente.
También se mostró preocupado por el hecho de que "ahora sólo se va a hablar de lo grave que es la situación en los centros de retención" y advirtió a los que voten en contra del acuerdo que "sólo lograrán que haya un estancamiento".

Grupos políticos

El español Agustín DÍAZ DE MERA (PPE-DE) valoró el texto como un "paso firme y decidido hacia una política de inmigración común". Destacó que la directiva fomenta la protección de los derechos de los inmigrantes así como la regulación de los flujos de inmigración. En su opinión, el retorno forzoso presenta un carácter subsidiario frente al retorno voluntario en el texto, que establece "garantías jurídicas claras sobre las órdenes de detención" y que, además, "ofrece la posibilidad al Tribunal de Justicia Europeo que tenga competencias sobre la materia".

Martine ROURE (PSE, Francia) dijo que "estamos construyendo una Europa que se cierra sobre sí misma". El resultado de este acuerdo es insuficiente en la protección de los derechos fundamentales. "No queremos una directiva a todo precio", recalcó Roure, quien añadió que "la directiva en ningún caso permite el derecho de residencia a los inmigrantes". El acceso a la educación y la asistencia jurídica "no son obligatorios". Además, la situación de retención en Europa no mejorará, pues nueve Estados miembros no se verán obligados a cumplir las normas, entre ellos Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, que se beneficiarán de sus respectivas cláusulas de "opt-out". Las enmiendas presentadas por el grupo socialista "tienen por objetivo introducir el carácter humanitario en este texto".

Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ALDE, Holanda) preguntó a la cámara si "queremos una directiva que, aunque no perfecta, va en la línea adecuada, o consideramos la situación actual satisfactoria". Defendió el apoyo al texto negociado con el Consejo como "un paso modesto, pero un primer paso" que se debe incluir dentro de un "paquete global" que abarque la política de inmigración y de asilo de la UE.


Jean LAMBERT (Verdes, Reino Unido) opinó que la posición negociada es "inaceptable" porque en la práctica no cumple con los requisitos establecidos al principio y "no afronta los problemas contra los que hemos luchado". También destacó que "no conocemos las diferencias entre los centros de internamiento y las prisiones" y se preguntó qué ocurre con la vida de las familias separadas por la prohibición de reingreso.


Por su parte, Andrzej ZAPALOWSKI (Unión por la Europa de las Naciones, Polonia) afirmó que "tenemos que luchar contra todos los prejuicios de nuestro continente, ya que debe ser modelo para el mundo". En su opinión, es "un texto que no es útil cuando ya tenemos instituciones muy desarrolladas".


El italiano Giusto CATANIA (GUE) dejó claro que "esta directiva es una vergüenza" y "socava una cultura de hospitalidad". Catania se opuso al internamiento de los inmigrantes ilegales en "lugares inhumanos" y criticó el hecho de que Libia se convierta en el lugar donde se confina a los inmigrantes ilegales sin darles garantías legales. También hizo un llamamiento a la "dignidad del Parlamento" frente al Consejo y declaró que este último sólo quiere activar los 676 millones previstos para el Fondo Europeo para el Retorno. Amnistía Internacional, la Conferencia Episcopal y la ONU, entre otros, "nos recomiendan que no aprobemos esta directiva", subrayó Catania, quien concluyó diciendo que en los últimos diez años 12.000 refugiados murieron en el Mediterráneo.


La eurodiputada Hélène GOUDIN (Grupo Independencia y Democracia, Suecia) se preguntó si podemos decidir la retención de una persona durante 18 meses que no ha cometido delito alguno. Además, indicó que el establecimiento de la prohibición de regreso durante 5 años puede tener "consecuencias indeseadas", como la posibilidad de que los inmigrantes se dirijan a las mafias que trafican con personas para volver a cruzar las fronteras. "Tenemos que defender los derechos humanos, también a nivel nacional", concluyó.


El diputado belga Frank VANHECKE (No Inscritos), señaló que "no tenemos una política adecuada para hacer frente a la inmigración" y subrayó la necesidad de "hacer lo posible por hacer frente a esta situación". Finalmente, dijo que este texto es un pequeño paso para acabar con la llegada de inmigrantes ilegales a nuestros países.


Diputados españoles


Para Javier MORENO (PSE, España) esta norma supone "un paso adelante hacia una política de inmigración común" dentro de la UE, que debe ir acompañada de otros instrumentos para contar con una política migratoria global. Por esta razón, apeló a la Comisión a que "se aprueben todas las directivas en el tintero, porque sino los ciudadanos no entenderán" el sentido de esta directiva.
Respaldó las enmiendas del grupo socialista, ya que "queremos acercar la norma a los Estados más garantistas" de la Unión y subrayó su especial interés por la protección de los menores, para los que destacó la importancia de que cuenten con centros de acogida especializados.

El diputado español Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) advirtió de que "con esta directiva se pone fin a la Europa garantista" y "se va a imponer la Europa insolidaria". También criticó la aportación de "la Vieja Europa, la Europa de los valores" a la hambruna que va a suponer "la deportación de ocho millones de personas sin garantías".

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