Juan Castro, empresario, ve una oportunidad de negocio en los grandes malls que se están abriendo en los conos y en provincias. Luego de conversar con los administradores y hacer su estudio de mercado, invierte en la adquisición de un local, maquinaria para la elaboración de bolsas de polietileno y un camión para la distribución del producto. A un mes de empezar a operar se publica una ley que obliga a los centros comerciales a expender sus productos sólo en bolsas biodegradables.
No, no estamos tan lejos de esta realidad. Si este empresario hubiera conocido que en el Congreso de la República del Perú existía un proyecto de ley (1638/2012-CR) que propone el uso de bolsas biodegradables en todos los establecimientos comerciales, y la sustitución gradual de bolsas de polietileno, prolipropileno o de otro material no biodegradable, quizás hubiera pensado mejor su inversión.
La importancia que ha adquirido la información y análisis sobre riesgo político y legislativo de inversiones está hoy en día siendo entendida en el Perú. Ya no basta la pura medición de análisis financiero, tasas de retorno y demás instrumentos parecidos. Si no se cuenta con un análisis del riesgo político y legislativo, puede ser sorprendido por hechos políticos o legislativos cuando no exista posibilidad de reacción.
Si se trata de una empresa grande es conveniente considerar el seguro como una opción en la gestión de riesgo político, pero a diferencia de otros riesgos financieros, no es el único paso. De hecho, el seguro es sólo una opción viable para la protección contra riesgos a nivel micro.
A nivel macro los riesgos son demasiado catastróficos para que puedan ser cubiertos por un seguro. Incluso el seguro contra los riesgos de nivel micro es increíblemente caro. Lo mejor es usarlo en combinación con otras estrategias más dinámicas en las políticas de gestión de riesgos.
Las empresas más cuidadosas de sus inversiones emplean un director o contratan permanentemente servicios de empresas que se dedican a hacer análisis de riesgo político y legislativo, cuya única responsabilidad es estar al tanto de los riesgos potenciales, como la inseguridad del clima político, la nueva legislación que se va gestando y las elecciones entre otros.
Hoy en día inclusive las empresas más pequeñas dejan esta responsabilidad al director financiero, pero de cualquier manera, siempre hay alguien que se encarga de gestionar los riesgos políticos y legislativos.
Un examen cuidadoso, minucioso de la coyuntura política y legislativa, y un análisis de las situaciones particulares es clave para evitar el riesgo político y legislativo de una inversión.
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