El ex ministro de Vivienda del Perú, James Allison Oyague, quien renunció a su cargo en septiembre pasado en medio de un escándalo de espionaje electrónico, se encuentra bajo arresto domiciliario en Miami junto con su esposa acusados de no declarar un dinero que ambos intentaron sacar de Estados Unidos, según documentos judiciales.
El abogado de la pareja en Miami dijo a El Nuevo Herald que la acción fue producto de una inocente confusión de sus clientes.
Los hechos, que no han trascendido en Perú, ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 5 de noviembre cuando Allison y su esposa Carla Robbiano Montes se disponían a tomar un vuelo de la aerolínea Copa con destino a Lima, vía Panamá.
Agentes de Aduana y Control de Fronteras que realizaban una inspección de rutina en la terminal aérea preguntaron a la pareja si llevaban dinero consigo, a lo cual respondieron que entre los dos tenían $20,000 en efectivo, afirmó la declaración jurada del agente Randal Hill.
Por sugerencia de los agentes, el matrimonio llenó un formulario de declaración de salida del dinero, pero los funcionarios descubrieron que Allison llevaba $20,000 adicionales en la chaqueta y Robbiano $10,000 más en la cartera, sumas que no declararon.
Ambos fueron arrestados y acusados de falso testimonio, contrabando de dinero en efectivo y omisión de declaración ante un magistrado federal que concedió su libertad bajo fianza de $100,000. La fianza fue respaldada por un cuñado de ambos residente en Miami.
El magistrado Ted E. Bandstra ordenó a la pareja entregar sus pasaportes y llevar grilletes electrónicos.
Oscar Arroyave, el abogado de ambos, explicó a El Nuevo Herald que el incidente en el que terminaron involucrados sus clientes fue producto de un momento de confusión.
Minutos antes de ser interrogados por los agentes, explicó Arroyave, el matrimonio había perdido los documentos de viaje, los cuales finalmente fueron entregados por una persona que los encontró.
En medio de este ofuscamiento, Allison puso $10,000 en la cartera de su esposa sin advertírselo, agregó el abogado.
"Si uno lo piensa, no tiene sentido declarar $20,000 y no $30,000'', explicó Arroyave. "El problema es que ella no se dio cuenta''.
En cuanto a los $20,000 encontrados en la chaqueta de Allison, el abogado explicó que en ese momento su cliente estaba muy agitado y confundido con el incidente de la pérdida temporal de los papeles de viaje. Arroyave indicó que el dinero había sido retirado dos días antes de una cuenta de un banco local que la pareja mantiene "desde hace años''.
Agregó que no sabía con certeza la razón por la cual sus defendidos hicieron el retiro en efectivo en lugar de una transferencia electrónica.
Según Arroyave, en otros casos las autoridades arrestan a personas que transportan el dinero escondido en electrodomésticos o adherido al cuerpo, pero sus clientes lo llevaban desprevenidamente: ella en su cartera y él en su chaqueta "con las cintas del banco alrededor de los billetes''.
Arroyave anunció que irá a juicio porque está convencido de que un gran jurado absolverá al matrimonio. De ser hallados culpables, afrontarían una pena de prisión de cinco años.
Allison, de 39 años, fue alcalde de Magdalena del Mar, un distrito cercano a Lima, antes de ser nombrado por el presidente Alan García como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en junio de este año.
Su paso por el ministerio fue fugaz a consecuencia de que se vio obligado a renunciar en septiembre tras ser vinculado a BTR (Business Track), una empresa privada de seguridad acusada de vender a contratistas del gobierno información que obtenía mediante la interceptación de correos electrónicos y llamadas telefónicas.
El escándalo, que sacudió a Perú por cuanto se conocieron los nombres de importantes empresas que se habrían beneficiado con la información obtenida ilegalmente, involucró a ex oficiales de la Marina de ese país que habían sido cercanos a Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia del ex presidente Alberto Fujimori.
Una comisión del Congreso del Perú que investigó a Allison concluyó que si bien no se encontraron evidencias de que participó en el espionaje, la fiscalía debe investigar algunas facturas que BTR le pagó como "honorarios profesionales''.
Allison, abogado penalista, reconoció que brindó asesoría jurídica a la firma, pero aseguró que desconocía sus actividades de espionaje.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario