Recuerdo de pequeño siempre haber visto a uno o dos policías paseando por las calles, cumpliendo con su labor de brindar seguridad a la población. Hoy en día si desea encontrar policías, tiene que acudir a la Comisaría; donde podrá encontrar a muchos cumpliendo funciones administrativas. Se ha sacrificado al policía operativo, por el policía administrativo.
Es por ello que especialistas coinciden en calificar de acertada y oportuna la idea de exceptuar a los efectivos de la Policía Nacional de las tareas administrativas que tienen que cumplir, a fin de reforzar las acciones de prevención en materia de seguridad ciudadana, incrementándose el número de policías en actividades de patrullaje y vigilancia.
Necesitamos que la Policía esté concentrada en su función de resguardar a la población y en desarrollar medidas preventivas para evitar una mayor incidencia de delitos.
Esta medida implica la reubicación de los efectivos que cumplen tareas administrativas hacia actividades de protección ciudadana, para lo cual es necesario que el Ministerio del Interior asigne personal civil que cumpla dichas tareas.
Complementariamente a ello, se podría incluir a los estudiantes del último año de derecho que prestan su Servicio Civil de Graduandos para que coadyuven en estas funciones meramente administrativas.
Esta medida contempla la posibilidad que los estudiantes del último año de derecho, puedan colaborar en las labores administrativas que se desarrollan en las comisarías en calidad de personas calificadas cuasi profesionales, contribuyendo al desarrollo social, económico y cultural de la población, teniendo la oportunidad de conocer de cerca la problemática nacional mediante el ejercicio práctico de la profesión.
Entre otras acciones que desempeñarían los estudiantes del último año derecho, podrían estar la toma de manifestaciones y denuncias, labor que podrían realizarla en las comisarías bajo la supervisión de un sólo efectivo policial, quedando en manos de los efectivos policiales la investigación y permitiendo de esta manera contar con más efectivos operativos en las calles.
Con la finalidad de que los graduandos opten por esta alternativa de servicio civil, se establecen incentivos, como son las prestaciones de salud gratuitas en todos los centros hospitalarios y postas médicas del Estado, un bono extra en la calificación para acceder a la Administración Pública equivalente al 10% (diez por ciento) del puntaje exigido, y atención preferencial en la asignación de becas y créditos educativos a través del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo.
Por otro lado, deberían ser las Municipalidades Provinciales y Distritales quienes se encarguen de expedir los Certificados de Sobrevivencia, cobrando para ello sólo el costo que irroga la prestación del servicio, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. No entiendo que hace la Policía entregando certificados de supervivencia.
Finalmente, el acto de notificación penal es cotidiano, abundante y se hace a través de los policías adscritos a los juzgados penales distrayendo sus labores inherentes a su función. Ello resulta totalmente absurdo, pues la notificación puede hacerla una empresa privada sin ningún problema, como se hace ya en el derecho civil, aunque en el penal no se estila.
Las notificaciones para investigaciones policiales que hacen las propias comisarías requieren de un vehículo policial, que debe manejarlo un agente policial, que comúnmente está acompañado por otro. Si este procedimiento se realiza a través de SERPOST, pueden quedar muchos policías libres para cumplir funciones específicas para las cuales fueron formados, incrementando el número de efectivos dedicados a labores de seguridad ciudadana. Hay que tener en cuenta que el el costo de la notificación se reduciría a uno o dos nuevos soles, que obviamente es mucho menos que el servicio que puede brindar un policía en las calles.
El Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, esperemos que lo haga a la brevedad posible.
Recuperemos al policía de a pie.
1 comentario:
Estudios realizados demuestran que el costo de la delincuencia en el Perú asciende anualmente a 17,800 millones de nuevos soles. Esta cifra se desagrega en S/.5,300 millones por costo de prevención (PNP, serenazgo, seguridad privada y seguros); S/.2,000 millones es el costo de la investigación (PNP y Fiscalía); S/:3,500 millones es el costo de denuncias (Poder Judicial, penales y servicios profesionales); S/.7,000 es el costo de los efectos de la delincuencia.
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