Del 2002 al 2009 se han registrado más de 150 acciones judiciales contra periodistas por motivo del ejercicio profesional, en la mayoría de los casos por delitos de expresión. Por Alejandra M. Hernández F.
"... aquí tú no podrás ver un periodista que esté preso, o un medio de comunicación que haya sido cerrado por ofender las instituciones o al presidente de la República", aseveró el mandatario nacional en una entrevista que el 14 de marzo del 2007 le hiciera en el Palacio de Miraflores la periodista norteamericana Bárbara Walters de la cadena de televisión estadounidense ABC.
Vale citar, igualmente, la respuesta emitida por la representación del Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al ser consultada sobre el tema: "No existe ningún país en el mundo donde se respete más la libertad de expresión, los hechos lo demuestran (&) no existe ningún medio cerrado y ningún periodista detenido por ejercer su derecho".
Ciertamente, en Venezuela no existen periodistas presos por delitos de expresión. Sin embargo, aún sin haberse aprobado la Ley contra delitos mediáticos, que augura cárcel para los comunicadores, más de 60 periodistas enfrentan acciones judiciales, incluso en la jurisdicción militar, relacionadas con el ejercicio de su profesión.
Para Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, no hace falta que haya un periodista preso para afirmar que en Venezuela la libertad de expresión está amenazada. Según explicó, existen mecanismos menos evidentes para lograr el mismo fin, sobre todo si se toma en consideración el "costo político" que implica poner a un comunicador tras las rejas. "Colocar a un periodista preso es como pasar un umbral, y este Gobierno siempre ha tratado de construir una legitimidad política para sus acciones".
Entre esos mecanismos se encuentran las agresiones físicas y verbales contra periodistas y medios, restricciones legales, restricciones administrativas, acceso cerrado a las fuentes informativas y hostigamiento judicial, entendiendo éste como toda acción judicial ejercida por un funcionario o institución del Estado, contra un periodista o medio con el objeto de inhibir la difusión de un hecho o una crítica.
Esta modalidad incluye condenas a prisión, el pago de indemnizaciones, la imposición a periodistas de revelar sus fuentes de información, el arresto o detención de los comunicadores por orden de autoridades judiciales y el allanamiento de medios.
Según el consolidado de tres informes realizados por Espacio Público sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, durante el periodo 2002-2008, se han registrado 129 procesos judiciales contra periodistas, la mayoría relacionados con delitos de desacato (vilipendio), difamación e injuria. En lo que va del 2009, se han contabilizado otros 25, con lo que suma 154 casos en total.
La lista de periodistas afectados la encabeza Ibéyice Pacheco con 10 procesos, seguida por Patricia Poleo con ocho y Napoleón Bravo con siete. En los tres casos es público y notorio que la visibilidad de los comunicadores en los medios disminuyó considerablemente luego de que se iniciaron las acciones contra éstos.
También figuran Nelson Bocaranda y Gustavo Azócar con cuatro procesos cada uno. A este último se le dictó el miércoles pasado medida privativa de libertad por uno de los casos. Le siguen Marianella Salazar y Miguel Salazar, con tres acciones; e Iván Martínez y Freddy Machado con dos, entre otros tantos comunicadores que por lo menos han sido encausados una vez.
De la agresión al juicio
Del primer estudio realizado por la ONG, cuyos resultados fueron presentados en la publicación "El peso de las palabras", se desprende que durante el quinquenio 2002-2006, las violaciones contra la labor periodística tuvieron una variación en las tendencias, pues se pasó de las agresiones físicas y verbales, a los procesos judiciales y administrativos. Mientras las agresiones fueron una constante entre el 2002 y el 2004, las acciones judiciales fueron incrementándose a raíz de la reforma del Código Penal en marzo del 2005, cuya modificación consistió en ampliar el número de autoridades protegidas por disposiciones como la ofensa a altos funcionarios, e incrementar las penas de los delitos de vilipendio, difamación, injuria, instigación, ultraje y calumnia, entre otros ilícitos.
Pero a partir del 2005 no sólo aumentaron los procesos penales contra periodistas, sino que además se empezaron a observar durante este año y el siguiente, sentencias de privación de libertad, específicamente por delitos de difamación, como el caso del columnista del diario EL NUEVO PAÍS, Julio Balza, quien fue condenado a dos años y 11 meses de prisión por formular críticas al desempeño del entonces ministro de Infraestructura, Ramón Carrizales, con respecto al colapso del viaducto 1 Caracas-La Guaira.
Vale aclarar que ninguno de los periodistas sentenciados está tras las rejas, porque el Código Orgánico Procesal Penal permite sustituir la pena privativa de libertad por otro tipo de medidas, cuando el inculpado carece de antecedentes penales y su condena es inferior a los 5 años de prisión. No obstante, los profesionales sobre los cuales cursan varios juicios, corren el riesgo de ser encarcelados si son condenados por segunda vez.
De las 154 acciones ejercidas durante los últimos siete años y medio, el mayor número de casos se registró en los años 2005 y 2007 con 28 procedimientos cada uno, le sigue el 2004 con 26, el 2009 con 25, 2006 con 21 y 2008 con 18. En 2002 apenas se contabilizaron cinco y en 2003, dos. La mayoría de los procesos fueron iniciados por funcionarios o instituciones públicas.
De los informes de Espacio Público se desprende que la utilización de las instancias judiciales contra los periodistas produce un efecto directo sobre el ejercicio profesional de los comunicadores encausados, e incluso sobre sus colegas, que toman las previsiones del caso para evitar que la historia se repita con ellos. Los profesionales procesados y las víctimas potenciales se ven en la necesidad de modificar su forma habitual de buscar, procesar y comunicar la información, de manera de estar menos expuestos a estos riesgos.
"He modificado mi línea de investigación en el sentido en que busco tres veces más pruebas que antes, no confío en fuentes extraoficiales, ni en el OFF THE RECORD, ni en los anónimos, todo lo que llegue a mis manos debe estar fundamentado, documentado, con originales, copias, todo eso para denunciar algo en mi programa", señala uno de los testimonios recogidos por la asociación civil.
Pero las secuelas se extienden al ámbito personal. La larga duración de los juicios produce un desgaste psicológico, físico y económico en las víctimas, pues tienen que invertir tiempo, dinero y energía en la resolución de su caso. "Imagínate lo que significa estar pagándole a un abogado, eso te golpea económicamente porque hay que producir dinero para ti, tu familia y el abogado; son 7 años pagándole a un abogado", confesó Gustavo Azócar al narrar su experiencia a la ONG.
Asimismo, el círculo familiar de estos profesionales se ve perturbado ante el temor de un posible resultado negativo. "Tengo un hijo de 7 años, estoy conversando con la orientadora de su colegio para explicarle que su papá va a ser llevado a un juicio pero que no hizo nada malo (...) Tengo que ir orientándolo porque si me mandan a la cárcel de Santa Ana, él debería estar preparado", explicó Freddy Machado, corresponsal de Globovisión en el estado Táchira, quien figura en la lista de los periodistas afectados.
Según Correa, estas situaciones provocan un "efecto inhibidor" o "silenciador" sobre determinados temas de interés general, que dejan de ser sometidos al debate público en detrimento del derecho de la sociedad a estar informada.
A su juicio, el número de comunicadores procesados es "alarmante" y no olvida que en Venezuela ya hay antecedentes de personas encarceladas por delitos de opinión. "El caso más emblemático es el del general Francisco Usón, no es periodista, pero estuvo preso". El militar retirado fue condenado a 5 años y medio de prisión por el delito de injuria a la Fuerza Armada Nacional. Actualmente, su caso se encuentra en estudio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
