Habrían advertido que los nativos planeaban enfrentamientos violentos

La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) advirtió a sus superiores que se podrían desatar sangrientos enfrentamientos en Bagua, durante el desalojo de la carretera Fernando Belaunde Terry que estaba tomada por los nativos hace casi dos meses para exigir la derogatoria de 10 decretos legislativos que, según ellos, afectan sus intereses. Los hechos, lamentablemente, se consumaron: al menos 24 policías y nueve civiles murieron durante estas acciones.

A inicios del mes pasado, agentes de la Digimin fueron enviados a la zona de conflicto a recoger información de campo. En sus notas de intelegencia incluso señalaban que los indígenas conseguían armas y que planeaban un ataque si es que los efectivos los repelían, informó El Comercio en su edición de hoy. En ese sentido, sugirieron a sus superiores actuar de inmediato para desarticular a tiempo eventuales actos violentos.

La información recopilada y las recomendaciones fueron enviadas al jefe del Área de Búsqueda de Información, coronel PNP Carlos Humberto Sáenz Morales, y este los elevó al grupo de análisis político social, cuya labor es la de evaluar los conflictos sociales que ocurren en el país sobre la base de estos datos.

Según la versión periodística, habían logrado identificar a las personas que tenían el armamento en su poder, los lugares donde lo escondían, y las comunicaciones que sostenían con los cabecillas de las movilizaciones, entre ellos el dirigente Alberto Pizango, hoy prófugo de la justicia. En la lista de los instigadores figuran incluso muchos seguidores de Antauro Humala, quien está preso por los sucesos sangrientos de Andahuaylas ocurrido hace unos años.

“Los reportes eran verdaderamente alarmantes y la situación se estaba tornando insostenible”, dijeron las fuentes citadas por El Comercio.

Tras el análisis respectivo, se elaboró un informe en el que también recomendaban la inmediata intervención con la fuerza pública. Este documento, según el procedimiento interno, debió terminar en el despacho de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

¿Sabía el Ministerio del Interior que hechos como los del viernes se podían desatar y no se tomaron las previsiones del caso? Aparentemente sí, según esta información, pero la ministra Cabanillas negó haber recibido estos informes de inteligencia. Incluso El Comercio señala que la titular del Interior se exaltó cuando le consultaron al respecto. “Casi al final de la conversación, tal vez advirtiendo su tono poco cortés, pidió no consignar la parte más agraviante de sus declaraciones hacia nosotros”, señala dicho medio.

La versión oficial es que, durante el desalojo de la carretera Fernando Belaunde, un grupo de nativos le arrebató los fusiles AKM a los agentes del orden, y que con este armamento dispararon contra los policías.

RECUPERAN ARMAMENTO. Precisamente, el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Wilson Hernández, informó que esta mañana se recuperó tres fusiles AKM y otros pertrechos, además de vestimentas de integrantes de la Policía Nacional que fueron asesinados.

La cifra de policías muertos por los disturbios en Bagua se elevó a 23

A 23 se elevó la cifra de policías muertos por los violentos enfrentamientos que se registraron ayer en la ciudad amazónica de Bagua, durante el desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde, que estaba tomada hace casi dos meses por los nativos en huelga, como medida de fuerza para exigir la derogatoria de 10 decretos legislativos que, según ellos, afectan sus intereses.

El suboficial de Tercera de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) Raúl Mayhuasca Villarreal, natural de Junín, falleció esta tarde en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Essalud, en Chiclayo, a donde fue evacuado tras quedar mal herido durante los choques de la víspera con los indígenas, informó la Policía Nacional en un comunicado. Había recibido un disparo en el muslo izquierdo que le afectó la arteria femoral.

INFORME DEL GOBIERNO. Más temprano, el premier Yehude Simon había informado que el estallido de violencia ayer en el departamento de Amazonas dejaba 22 policías y nueve nativos muertos.

En conferencia de prensa, acompañado por los titulares del Interior y Defensa -Mercedes Cabanillas y Ántero Flores-Aráoz, respectivamente- y el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Francisco Contreras, indicó además que 24 efectivos y 155 civiles resultaron heridos.

Asimismo, reportó que hay 73 detenidos por los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los nativos en huelga desde hace casi dos meses exigiendo la derogatoria de 10 decretos legislativos que consideran lescivos a sus intereses como comunidad. Precisó que 42 de ellos se encuentran en el cuartel de El Milagro, cuatro en Bagua Grande, 10 en Bagua Chica y 17 en Jaén.

También se informó que en las ciudades de Bagua y Utcubamba regirá el toque de queda a partir de las 15:00 horas hasta las 06:00 del día siguiente mientras dure el estado de emergencia decretado por el Gobierno en todo el departamento. La medida también alcanza a las provincias de Datem del Marañón (Loreto), Jaén y San Ignacio (Cajamarca).

Contreras detalló que los salvoconductos serán entregados a los transportistas en el Puente Corral Quemado, y en los cuarteles El Milagro y Bagua Grande. Advirtió que por ningún motivo deberán detenerse en la ciudad de Bagua Grande y pidió que los huelguistas devuelvan los 42 fusiles AKM que robaron a los policías durante los enfrentamientos.

Por su parte, el jefe del gabinete ministerial confirmó que los nativos asesinaron a nueve de los 38 policías que secuestraron en la estación 6 de Petroperú en la localidad de Imazita.

Al respecto, el jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), general Luis Muguruza, contó esta tarde en RPP que 25 policías han sido rescatados con vida, uno con heridas graves. Ellos fueron evacuados a Jaén y esta tarde fueron enviados a Lima.

Señaló también que tres permanecen en calidad de desaparecidos y que en los próximos minutos se levantarán los cuerpos de los agentes fallecidos que fueron encontrados a dos kilómetros al noreste de la referida estación petrolera.

INCIDENCIAS EN AMAZONAS. El representante de la Defensoría del Pueblo en Amazonas, Roberto Guevara, informó que coordinan con las autoridades locales de Bagua el retorno pacífico de los nativos hacia sus comunidades de origen.

“Se están haciendo los máximos esfuerzos para que puedan retornar a sus comunidades. Estamos ultimando detalles para que sea así y evitar mayores incidentes”, indicó el funcionario en Canal N.

Estimó que el grupo de nativos a la espera de esta disposición llega a los tres mil 500, los cuales están concentrados en locales nativos de Bagua, El Milagro y Utcubamba, una parroquia y una escuela.

Refirió que se ha conversado con la jefatura policial en Amazonas, a fin de que los agentes otorguen las facilidades de paso de los indígenas, la mayoría procedente de la provincia de Condorcanqui.

Por su parte, el corresponsal de RPP informó que cerca de 400 nativos desarmados se refugiaron este sábado en el centro de salud de El Milagro para evitar ser reprimidos por las fuerzas del orden.

En tanto, un grupo de policías fue impedido de ingresar al hospital Santiago Apóstol para verificar el número de indígenas internados, pero personas ajenas a los trabajadores del nosocomio les impidieron la entrada.

Peru21

Desinteligencia en Bagua

El levantamiento de Moquegua desnudó una vez más la ineficiencia del Servicio de Inteligencia o la negligencia grave de quienes conducen el Ministerio del Interior. Nunca se llegó a saber con exactitud si en los sucesos de Moquegua hubo responsabilidad en el Ministerio del Interior, la Policía Nacional o el Servicio de Inteligencia.

Hoy, nuevamente podemos apreciar como se ha expuesto a la Policía Nacional a una matanza al enviar efectivos a despejar carreteras bloqueadas, sin haber previsto que los indígenas contaban con armas de fuego.

Esta vez, como en Moquegua, no se sabe si no hubo inteligencia por parte del órgano encargado de dicha labor, o en el Ministerio del Interior.

Como no podía ser de otra manera, la supuesta principal empleadora de "caviares", "Fuguretti" Merino, ya salió a lanzar comunicados extemporáneos.

Mientras todo esto ocurre en Bagua, supuestos narcoterristas dispararon contra un helicóptero del Ejército y causaron la muerte de un efectivo militar en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), Ayacucho.

De una u otra manera, creo que ha llegado la hora de investigar para saber quien no está cumpliendo su tarea. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional o el Servicio de Inteligencia.

Entretanto, hoy mas que nunca Yehude Simon pende de un hilo en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Se ha presentado una moción de interpelación contra el Presidente del Consejo de Ministros por el caso de Panamericana Televisión, sin embargo es previsible que el voto por la eventual "censura" esté muy vinculado a los sucesos de Bagua.

¿Renunciará Yehude Simon antes de ser sometido a una censura?

Lo sabremos en las próximas horas.

¿Cómo se gestaron los decretos legislativos?

Con fecha 12 de diciembre de 2007, mediante el Proyecto de Ley Nº 1979/2007-PE, el Poder Ejecutivo solicitó delegación de facultades para legislar sobre las diversas materias vinculadas a la implementación del APC.

Luego de un amplio debate, el Congreso de la República, el día 14 de diciembre de 2007, acordó conferir facultades legislativas a través de la Ley Nº 29157,”Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento”.

El Congreso de la República, como parte del Acuerdo Político asumido con el Poder Ejecutivo al otorgar las facultades delegadas, conformó la Comisión Multipartidaria encargada de la “Revisión Previa de los Proyectos de Decretos Legislativos destinados a la Plena Ejecución del APC Perú-EEUU.”

Respecto a la división del trabajo legislativo, el Poder Ejecutivo estableció que la implementación del Acuerdo Comercial estaba a cargo del MINCETUR; mientras que los aspectos referidos al aprovechamiento (agenda interna/competitividad económica) le fue asignado al Consejo Nacional de Competitividad - CNC.

Respecto a la naturaleza de la “Comisión Multipartidaria encargada de la revisión previa de los proyectos de Decretos Legislativos” constituida en el Congreso, ésta era estrictamente política y partió por ende de un acuerdo político tomado durante la aprobación de la delegación de facultades; decisión que se enmarca en las relaciones de control y colaboración entre Poder Ejecutivo y Legislativo.

La delegación se efectuó en un marco de confianza compartida con el Poder Ejecutivo; la misma que se traduciría en la tarea conjunta que se ejercería mediante la participación de la Comisión Multipartidaria como su representante en tan importante labor legislativa.

Sin embargo, durante los 81 días en que trabajó la Comisión Multipartidaria, se produjeron los siguientes hechos:

• La negativa permanente del Poder Ejecutivo a entregar, en forma previa, los proyectos de decretos legislativos a ser emitidos.
• El Poder Ejecutivo se limito a remitir, en la mayoría de los casos, luego de la publicación de la norma legal en el diario oficial El Peruano, fichas resumen de los decretos legislativos.
• En más de dieciocho decretos legislativos, ni siquiera se remitieron fichas resumen.
• Las referidas “fichas” sólo constituyen un muy breve comentario de media página sobre algunas materias involucradas, sin informarse de los posibles efectos negativos o de los sectores o grupos afectados; lo que no permitía evaluar leyes de más de 200 artículos.
• La negativa a facilitar documentación ampliatoria o absolver preguntas expresas de los miembros de la Comisión Multipartidaria ha tomado conocimiento de los Decretos Legislativos a través del Diario Oficial el Peruano.

Con esta actitud, el Poder Ejecutivo incumplió el acuerdo político a que llegó el Gobierno, a través del Presidente del Consejo de Ministros, al otorgarse la delegación de facultades.

Hoy se presentan problemas con uno de los decretos legislativos y el Poder Ejecutivo se pretende poner de perfil y dejar toda la responsabilidad en el Congreso.

El hecho es que tendriamos 9 policias y un numero no determinado de nativos muertos, un Presidente del Consejo de Ministros a punto de ser censurado por el Congreso, llevando a una crisis en el Gabiente Ministerial, pues le censura del Primer Ministro conlleva a la caida del Gabinete en Pleno.

Esperemos que el Gobierno entienda que no puede legislar de espaldas al pueblo, los nativos entiendan que en ningun Estado democrático se adoptan decisiones a través del chantaje y el país entero tome nota que la paz del paÍs es un derecho invalorable.

Yo prometo...

Durante la Campaña Electoral del 2006 el entonces candidato presidencial Alan García Pérez, ofreció Sierra Exportadora. Esta promesa incluía el otorgamiento de beneficios tributarios a las empresas que se gestarán en las zonas altoandinas.

Y, en efecto, el mismo año, electo Presidente de la República, Alan García remitió al Congreso el Proyecto de Ley Nº 27/2006-PE que propone establecer a favor de las empresas industriales establecidas en zonas ubicadas a partir de los 3,200 m.s.n.m. los siguientes beneficios tributarios:

1.- Aplicación de una tasa de 0% para efectos del Impuesto a la Renta derivado de rentas de tercera categoría.
2.- Exoneración del pago de tasas arancelarias a las importaciones de maquinaria, equipo, software, hardware, royalties y patentes.

Sin embargo, desde dicha fecha el proyecto no ha sido aprobado en el Congreso por la renuencia que existía desde sus orígenes en el mismo Poder Ejecutivo. El proyecto de ley iba a contracorriente con la política fiscal imperante que estaba orientada a la reducción de beneficios tributarios.

El hecho es que la exoneración del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría propuesto implicaría un tratamiento tributario privilegiado en detrimento de aquellas personas que desarrollan la mismas actividades agroindustriales, pero en centros de producción ubicados por debajo de los 3,200 m.s.n.m.

Y es que al otorgar beneficios tributarios en función de la altitud en la que se ubica la empresa se genera mucha desigualdad en el tratamiento tributario que se le da a una u otra zona geográfica.

En lo que se refiere a los supuestos beneficios que obtendría la población pobre de las zonas, con la propuesta se beneficiaría a un sector que representa a aproximadamente el 30% de la población, pero no necesariamente al 30% de menores recursos. No necesariamente la gente más pobre esta a determinada altura.

Por otro lado, la complejidad y el alto costo que generaría encontrar un procedimiento aceptado por la Administración Tributaria y por los contribuyentes para verificar la altitud en la que se encuentra el centro de operaciones, involucra un incremento significativo en las posibilidades de evasión, elusión y desvío de los beneficios.

Tenemos como ejemplo el caso de beneficios tributarios geográficos (Amazonía), que tampoco han tenido impacto sobre los índices de precios al consumidor, que se han mantenido altos, ni un impacto significativo sobre el nivel de remuneraciones promedio que reciben los pobladores de la Amazonía.

Pese a todos estas objeciones, el día de mañana se insistirá en el Pleno en que se debata la promesa de campaña del Presidente, para lo cual se ha exonerado al mismo del pronunciamiento de las comisiones ordinarias.

Doe Run Perú paraliza temporalmente el 100% de sus operaciones en complejo metalúrgico de La Oroya

Lima, jun. 02 (ANDINA).- Doe Run Perú informó hoy que a partir de mañana (miércoles) el 100 por ciento de sus operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya quedarán temporalmente paralizadas, manteniendo en forma normal las operaciones de la mina de cobre en Cobriza.

Explicó que esta medida es tomada como consecuencia de la crisis financiera por la que atraviesa y la demora en lograr una solución integral que posibilite el financiamiento de capital de trabajo para la normalización de sus operaciones, el pago a sus acreedores y la culminación del último proyecto del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Comentó que a la espera de concretar dicha solución, se tuvieron acuerdos temporales con proveedores mineros para la compra de concentrados de cobre (cuatro semanas), plomo (tres semanas) y zinc (dos semanas), que permitieron el funcionamiento parcial del complejo metalúrgico durante el mes de mayo y que culminaron la semana pasada.

Manifestó que las operaciones parciales sólo cubrieron parte de los costos operativos, llevando a la empresa a una situación económica cada vez más desfavorable.

Ante esta situación, dijo que se ha visto obligada a paralizar temporalmente el 100 por ciento de sus operaciones en La Oroya para preservar su futura continuidad operativa, evitar afectar significativamente la situación financiera de la empresa y de sus trabajadores, de los cuales el 85 por ciento están en planilla, lo cual es el más alto porcentaje a nivel nacional.

Doe Run Perú comentó que esta medida es aplicada paralelamente “a la intensificación de sus esfuerzos para lograr los acuerdos definitivos para una pronta solución integral”.

Insistió en que un factor determinante en dicha solución es la flexibilidad para el cumplimiento del PAMA “en plazos y financiamientos realistas y satisfactorios para todas las partes directamente involucradas, en la cual la población de La Oroya siempre será la principal beneficiaria de dicho cumplimiento”.

Import y Export

A partir de mayo el crecimiento del PBI será mayor

El crecimiento de Perú se ha visto afectado