TRADUCTOR

lunes, 7 de enero de 2008

¿QUIÉN SUSPENDIÓ LA REVOCATORIA?


En principio, podríamos decir que quienes ganan con una supuesta suspensión de los proceso de revocatoria son aquellas autoridades regionales (Presidentes y Consejeros Regionales) y locales (Alcaldes y Regidores) cuya gestión durante su primer año de gestión no ha satisfecho las expectativas de la población. En estos casos es probable que - promovida su revocatoria - puedan ser retirados de sus cargos por voluntad popular.

La consulta popular de revocatoria de autoridades es la facultad que tiene el electorado de poner fin al mandato de las autoridades elegidas por votación popular. Así como los ciudadanos confieren poder a las autoridades para que los represente, también se le retira cuando han perdido la confianza. El mandato de las autoridades regionales (presidente, vicepresidente y consejero regional) y municipales (alcaldes y regidores) puede ser sometido al proceso de consulta popular.

Estos procesos de consulta popular deben ser promovidos inicialmente a través de un número determinado de adherentes (25% de firmas de adherentes de electores, con un máximo de 400,000 firmas), para luego ser convocada la consulta popular en cada localidad.

La revocatoria de la autoridad se produce si se cumplen dos premisas: que el 50% del total de electores haya asistido al centro de votación a emitir su voto, y que haya tenido el voto aprobatorio del 50% + 1 del total de votos válidamente emitidos.

No procede la revocatoria de autoridades durante el primer año de gestión, ni durante el último año, por lo que durante este tiempo los promotores han venido utilizando el mecanismo de la vacancia, que en algunos casos han concluido de manera favorable al petitorio.

El Jurado Nacional de Elecciones ha informado que diciembre de 2007 - a menos de un año de haber asumido sus cargos - 48 autoridades ediles, entre alcaldes y regidores, fueron vacadas, ya sea por el concejo municipal o regional o por el Jurado Nacional de Elecciones vía recurso de apelación.

El 2007 también se resolvió la vacancia de miembros de tres consejos regionales. A dichas autoridades ediles y regionales se les despojó del cargo obtenido por elección popular y se procedió a incorporar a las nuevas autoridades.

Según datos de la Oficina de Estadística e Información Electoral del JNE, las causales de vacancia más recurrentes se dieron por fallecimiento (37%), inconcurrencia injustificada (31%), condena consentida o ejecutoriada por delito doloso (8%), nepotismo (6%), ausencia e inconcurrencia (4%), entre otros. Asimismo, el máximo organismo electoral confirmó la suspensión efectiva de autoridades ediles en el caso de 5 concejos municipales.

Con este panorama, es bastante probable que varios de los procesos de revocatoria que se encontraban en trámite hubieran terminado con el retiro de las autoridades durante el presente año.

Sin embargo, el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, ha anunciado que el proceso electoral de revocatoria de alcaldes y presidentes regionales convocado para este año quedó en suspenso ante la celebración en nuestro país del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la Unión.

El Presidente del Consejo de Ministros señaló que “no podemos caer” en un ambiente de confrontación o “enervar los ánimos” sólo por cambiar a un presidente regional o ceder a las presiones de algún grupo político, así se trate de una demanda justa.

Lo que no ha quedado claro es cómo el Presidente del Consejo de Ministros se ha pronunciado respecto a una materia electoral que sólo le compete al Jurado Nacional de Elecciones; así como cuál es el mecanismo legal a través del cual se ha dejado en suspenso un derecho consagrado en la Ley de Participación y Control Ciudadano, considerando que sólo el Congreso podría modificar dicha Ley.

Es acaso en la PCM está ocurriendo lo mismo que en el caso Fonavi, en que existiría una aparente invasión y desconocimiento de fuero.

viernes, 4 de enero de 2008

1`623,956 SERVIDORES PÚBLICOS Y ALGO MÁS….


La PEA del Sector Público a nivel de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales a octubre del 2007 es de 1´623,956 servidores públicos; de los cuales 761,839 constituyen la masa de servidores públicos activos (47%), 786.918 son pensionistas (48%), y 75,199 servidores públicos se encuentran contratados bajo la modalidad de “servicios no personales” (5%).

Estas cifras desagregadas nos muestran que el Gobierno Nacional cuenta con 438,456 servidores públicos activos; 55,694 contratados por servicios no personales y 663,299 pensionistas, lo que da un total de 1´067,449 servidores públicos.

Por su parte, los Gobiernos Regionales cuentan con 413,383 servidores públicos activos, 19,505 contratados por servicios no personales y 123,619 pensionistas, lo que da un total de 556,507 servidores públicos.

La estructura profesional de los trabajadores activos del Estado, nos muestra que existen 362,857 profesores (43%); 29,716 profesionales de la salud (4%); 136,185 son personal militar y policial (16%); 172,106 servidores administrativos bajo el régimen del D.Leg. 276 (21%); 34,147 se encuentran bajo el régimen laboral privado del D.Leg.728 (4%); 21,815 son docentes universitarios (3%); 5,013 tienen otras profesiones (1%) y 76,199 se encuentran contratados bajo el régimen de servicios no personales (9%).

Del total del personal activo, 85,906 corresponden a personal administrativo de los Ministerios y Poderes del Estado; 26,663 son servidores públicos de las OPDs y universidades; 235.887 corresponde a servidores públicos de líneas de carrera del Gobierno Nacional, como son los Congresistas, magistrados, diplomáticos, profesorado, docentes universitarios, profesionales de la salud, personal militar y personal policial; lo que da un total de 348.456 servidores públicos en el Gobierno Nacional.

En lo que respecta a los Gobiernos Regionales se cuenta con 93,684 servidores públicos en el ámbito administrativo, 304,724 profesores y 14,975 profesionales de la salud; lo que da un total de 413,383 servidores públicos.

En lo que se refiere a los pensionistas, la estructura profesional nos muestra que existen 113.691 profesores (14,45%); 29,796 miembros de las FFAA (3,79%); 40,879 miembros de la Policía Nacional del Perú (5,19%); 6,267 docentes universitarios (0,8%); y 596,285 administrativos y C. Especial (75,77%).

Si desagregamos al sector de pensionistas por régimen pensionario al que pertenecen, tenemos que 448,574 pensionistas se encuentran bajo el régimen del Decreto Ley 19990 (57%); 238,169 bajo el régimen del Decreto Ley 20530 (30%); 29,500 bajo otros regímenes (4%); y 70,675 bajo el régimen especial para las FF.AA. Y PNP (9%).

De acuerdo a la información obtenida del Módulo de Control de Pago de Planillas y Servicios No Personales (MCPP-SNP), se observa un incremento de 68,660 trabajadores, debido a factores de estacionalidad como inicio de labores escolares, alfabetización, guardianía de material educativo que se reparte a los colegios al inicio del año escolar y durante el periodo de clases, así como, proyectos de inversión, programas y proyectos de salud, campañas de vacunación, entre otros.

Respecto a los Servicios No Personales, también existe un incremento de temporada cuando se inician labores de alfabetización, programas y proyectos educativos de desarrollo tecnológico y capacitación, campañas de salud localizada (salud reproductiva, campañas de vacunación, despistajes, etc.). Las actividades descritas sustentan un incremento durante el año de 13,193 contratados en la modalidad de Servicios No Personales.

El 67% de los trabajadores administrativos (276) no reciben incentivos a través de CAFAE. Los Gobiernos Regionales que cuentan con mayor número de trabajadores administrativos (D. Leg. 276) que percibe incentivos a través del CAFAE son el Gobierno Regional de Puno (3,916), el Gobierno Regional de Ayacucho (2,915), el Gobierno Regional de La Libertad (2,884), el Gobierno Regional de Junín (2,803) y el Gobierno Regional de Loreto (2,270).

Es este el escenario que nos muestra un reciente Informe Preliminar de un Grupo de Trabajo del Congreso que tiene la ardua tarea de proponer la reforma del Estado en materia de Política Remunerativa del Sector Público.