El Apra no apoya a Giampietri en límites de inversiones
"El proyecto de ley del vicepresidente Luis Giampietri para establecer medidas restrictivas a la inversión extranjera ha despertado polémica no solo entre los empresarios sino entre los propios legisladores apristas que, inmediatamente, marcaron distancia de su contenido e, incluso, el secretario general del partido de gobierno, Mauricio Mulder, aseguró que esta propuesta no había sido vista a nivel de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA)". (Perú 21).
Nuestros gobernantes, intensamente desde Augusto B. Leguía, han sostenido en mayor o menor grado un apego a la intervención del Estado en la economía. La incursión del Estado en la actividad empresarial es notoria y descarada durante la dictadura de Velasco Alvarado, a través de masivas expropiaciones.
Esta política proteccionista continuó durante el periodo de 1979 a 1993, en que el régimen económico del país se caracterizó por ser altamente proteccionista de la inversión nacional sobre la extranjera. En el ámbito de la inversión nacional, se priorizaba y otorgaba tratamiento diferenciado a las empresas nacionales respecto a la inversión extranjera. Entonces se hablaba de as famosas “empresas públicas estratégicas”.
Durante el periodo 1970-2006 el total de las pérdidas ocasionadas por las famosas empresas públicas, entre ellas las denominadas “estratégicas”, alcanzaron los 11,534 millones de dólares. El valor actual neto (VAN) de dichas pérdidas en el mismo periodo alcanzan los 47,689 millones de dólares.
Según cálculos del Instituto Acción, con dichos recursos pudieron haberse construido 63,000 kilómetros de carreteras; pagar la totalidad de la deuda pública; cerrar el 73% de la brecha de infraestructura que tenemos hoy con Chile; abolir durante 8 años el impuesto a la renta o durante 15 años reducir el IGV e IR en 30%; podríamos dejar de cobrar durante 53 aranceles años; o ser dueños de la SONY Corp.
Con la globalización estos conceptos quedaron desfasados en el tiempo. Es así que en 1993, se rompe el esquema proteccionista y se introduce el país al modelo económico mundial de apertura a las inversiones.
Así, empezó el retiro progresivo del Estado de la actividad empresarial, suprimiendo los obsoletos y manidos criterios de “sectores estratégicos”. Se instaura el principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Estado sólo interviene en la actividad empresarial cuando el el sector privado no está satisfaciendo las necesidades o demanda de la población.
En este sentido, la Constitución establece que el Estado reconoce el pluralismo económico y la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Respecto a la intervención del Estado, se establece que sólo autorizado por ley expresa, éste puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Respecto al origen de las inversiones, se establece que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones, precisando que la producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. El único caso en que puede obviarse este principio, es cuando otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, en cuyo caso el Estado puede adoptar medidas análogas.
Es por todo esto, que nos sorprende que a casi dos décadas de superados los obsoletos criterios proteccionistas, el oficialismo – o cuando menos parte de este – pretenda regresar a dicho modelo; desconociendo los preceptos constitucionales antes indicados.
Es que acaso – por ventura - se pretende aislarnos del mundo en un momento en que economías hasta hace pocos años altamente proteccionista y cerradas, como la de China y Cuba, han cambiado de rumbo. China y Cuba han optado por la apertura de sus economías, cambiando su modelo económico y abriéndose al mundo globalizado.
Sólo el anuncio de la probabilidad de aplicación de medidas restrictivas para el acceso a los mercados peruanos constituye un grave mensaje a la inversión extranjera. El manido argumento del “interés nacional” sólo nos estaría trasladando - con el auto en reversa - a épocas castrenses en que las empresas publicas perdían por millones el dinero de todos los peruanos.
Es que acaso no se dan cuenta que el mismo cerco que pretenden levantar para que nadie ingrese a nuestra economía, sólo nos estaría encerrando a nosotros mismos y condenando al ostracismo económico.
"El proyecto de ley del vicepresidente Luis Giampietri para establecer medidas restrictivas a la inversión extranjera ha despertado polémica no solo entre los empresarios sino entre los propios legisladores apristas que, inmediatamente, marcaron distancia de su contenido e, incluso, el secretario general del partido de gobierno, Mauricio Mulder, aseguró que esta propuesta no había sido vista a nivel de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA)". (Perú 21).
Nuestros gobernantes, intensamente desde Augusto B. Leguía, han sostenido en mayor o menor grado un apego a la intervención del Estado en la economía. La incursión del Estado en la actividad empresarial es notoria y descarada durante la dictadura de Velasco Alvarado, a través de masivas expropiaciones.
Esta política proteccionista continuó durante el periodo de 1979 a 1993, en que el régimen económico del país se caracterizó por ser altamente proteccionista de la inversión nacional sobre la extranjera. En el ámbito de la inversión nacional, se priorizaba y otorgaba tratamiento diferenciado a las empresas nacionales respecto a la inversión extranjera. Entonces se hablaba de as famosas “empresas públicas estratégicas”.
Durante el periodo 1970-2006 el total de las pérdidas ocasionadas por las famosas empresas públicas, entre ellas las denominadas “estratégicas”, alcanzaron los 11,534 millones de dólares. El valor actual neto (VAN) de dichas pérdidas en el mismo periodo alcanzan los 47,689 millones de dólares.
Según cálculos del Instituto Acción, con dichos recursos pudieron haberse construido 63,000 kilómetros de carreteras; pagar la totalidad de la deuda pública; cerrar el 73% de la brecha de infraestructura que tenemos hoy con Chile; abolir durante 8 años el impuesto a la renta o durante 15 años reducir el IGV e IR en 30%; podríamos dejar de cobrar durante 53 aranceles años; o ser dueños de la SONY Corp.
Con la globalización estos conceptos quedaron desfasados en el tiempo. Es así que en 1993, se rompe el esquema proteccionista y se introduce el país al modelo económico mundial de apertura a las inversiones.
Así, empezó el retiro progresivo del Estado de la actividad empresarial, suprimiendo los obsoletos y manidos criterios de “sectores estratégicos”. Se instaura el principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Estado sólo interviene en la actividad empresarial cuando el el sector privado no está satisfaciendo las necesidades o demanda de la población.
En este sentido, la Constitución establece que el Estado reconoce el pluralismo económico y la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Respecto a la intervención del Estado, se establece que sólo autorizado por ley expresa, éste puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Respecto al origen de las inversiones, se establece que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones, precisando que la producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. El único caso en que puede obviarse este principio, es cuando otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, en cuyo caso el Estado puede adoptar medidas análogas.
Es por todo esto, que nos sorprende que a casi dos décadas de superados los obsoletos criterios proteccionistas, el oficialismo – o cuando menos parte de este – pretenda regresar a dicho modelo; desconociendo los preceptos constitucionales antes indicados.
Es que acaso – por ventura - se pretende aislarnos del mundo en un momento en que economías hasta hace pocos años altamente proteccionista y cerradas, como la de China y Cuba, han cambiado de rumbo. China y Cuba han optado por la apertura de sus economías, cambiando su modelo económico y abriéndose al mundo globalizado.
Sólo el anuncio de la probabilidad de aplicación de medidas restrictivas para el acceso a los mercados peruanos constituye un grave mensaje a la inversión extranjera. El manido argumento del “interés nacional” sólo nos estaría trasladando - con el auto en reversa - a épocas castrenses en que las empresas publicas perdían por millones el dinero de todos los peruanos.
Es que acaso no se dan cuenta que el mismo cerco que pretenden levantar para que nadie ingrese a nuestra economía, sólo nos estaría encerrando a nosotros mismos y condenando al ostracismo económico.
2 comentarios:
Obviamente Giampietri sabe tanto de economía y de relaciones comerciales como yo de alfabeto y poesía Maya. Es decir NADA.
Sin embargo, no me extrañaría que la, sorpresiva e insólita, declaración sea un globo de ensayo del gran titiritero. Dos cosas me llevan a pensar asi:
a. Nadie, dentro del gobierno, hace algo sin haber previamente conversado con Alan
b. Las propuestas "calientes" se reservan a los "invitados" para no comprometer sensiblemente al partido. Si lo propuesto no resulta aprobado o no tiene la aceptación prevista, simplemente sale alguien del partido para negar conocimiento de ello.
Y colorín colorado. A otra cosa mariposa. Algo debe seguir tramando Alan.
Coincido totalmente contigo, sólo que en este caso, sin importar si el proyecto se aprueba o no, ya causó un daño para la imagen del país.
Ferblog
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