¡¡¡BASTA DE CORRUPCIÓN!!!

Cuando un individuo deja de aplicar la ética a sí mismo y deja de actuar de acuerdo a la moral del grupo, la justicia entra en escena. Una persona que carece de ética, que tiene sus dinámicas fuera de comunicación, es un criminal potencial o activo, ya que continuamente comete crímenes contra las acciones de los demás que favorecen la supervivencia. La justicia se usa cuando la falta de ética y el comportamiento destructivo del individuo comienzan a afectar demasiado seriamente a los demás.

Cuando del Estado se trata, la Constitución señala que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación; que es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que por todo concepto perciban los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la Ley, en razón de sus cargos; que los funcionarios y servidores públicos que señala la Ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos; y que la Ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos.

Todas estas disposiciones, conforman el marco Constitucional mediante el cual se pretende que los funcionarios y servidores públicos tengan un accionar ético y moral al servicio de la Nación, desterrando del servicio público los actos corruptos. Sin embargo, la realidad nos indica que muchas de éstas disposiciones no se cumplen, habiéndose instaurado en el Perú una cultura que acepta como normal la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el desempeño de cualquier función pública, sea en el gobierno central, regional, local, e incluso en el ámbito de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente realizado en Viena el año 2000, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaron a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollen y crezcan económicamente.

Las prácticas corruptas vacían las arcas de los Estados, arruinan el libre comercio y espantan a los inversionistas, agregando que el Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 puntos porcentuales por año; mientras que según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción.

El grave problema de nuestra sociedad, no está solamente en el nivel de corrupción por alto que sea, sino más bien, en la absoluta falta de respuesta y de reacción frente al fenómeno, tanto a nivel individual como colectivo e institucional. O, en otras palabras, el problema no está sólo en los que abusan, roban, defraudan o engañan, sino también en los que se rasgan las vestiduras ante tamañas indignidades pero que luego tratan con gran deferencia y respeto o, incluso, con servilismo, a las personas que las cometen

El año 2001 con bombos y platillos se anunció la creación y conformación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Etica y Transparencia en la Gestión Pública, sin embargo grande fue el desengaño cuando de la lectura del Decreto Supremo No. 120-2001-PCM se desprendía que sería una institución dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, los representantes de la sociedad civil serían designados por resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, y sería presida por un representantes del Presidente de la República, también designado por Resolución Suprema.

Es decir, el organismo que debería luchar contra la corrupción dentro del aparato estatal, sería manejado por las personas designadas por el Poder Ejecutivo “a su medida”. Esa falta de autonomía ha motivado que éste organismo haya devenido en ineficiente e ineficaz en la lucha contra la corrupción.

Recordemos que fue designado con el rimbombante apelativo de “Zar Anticorrupción” el doctor Martín Belaunde Moreyra, quien renunció al cargo en abril del año pasado, luego de que un año antes renunciarán a la referida Comisión tres de sus miembros, sin que hasta la fecha al Presidente de la República haya designado a un nuevo Presidente de la Comisión Anticorrupción.

Es por ello necesaria una Ley Anticorrupción que, entre otros aspectos, cree una Oficina Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional Anticorrupción que funcionen con total autonomía y libres de toda injerencia del Poder Ejecutivo. En este sentido, el Consejo estaría conformado por representantes de organismos como la Defensaría del Pueblo, los Colegios Profesionales, entre otros, y serían los miembros del Consejo Nacional Anticorrupción y no el Presidente de la República, quien designaría a su Presidente.

La idea es crear un organismo autónomo que cumpla como función única y exclusiva el combate a la corrupción y que pueda demostrar ante la opinión pública su total independencia de los órganos estatales. Para ello se le dotan de facultades para denunciar y corregir situaciones donde la vulnerabilidad de la corrupción sea elevada.

Por otro lado, siguiendo los lineamientos de la Ley Colombiana de Veedurías Cívicas, habría que incorporar el llamado Control Cívico de la Corrupción. En efecto, quien mejor, sino los propios ciudadanos que están en el derecho y deber de controlar a los servidores públicos que manejan fondos del Estado. Se crea un mecanismo de participación ciudadana a través de la veedurías ciudadanas que son asociaciones civiles, sin fines de lucro, del más amplio carácter, que tienen como objeto vigilar las obras públicas, contratos y servicios que ejecutan los funcionarios públicos o que realizan los agentes privados.

Es indudable que los órganos estatales encargados de velar por el correcto uso de los recursos del Estado no pueden vigilar todo el aparato Estatal, Gobierno Central, Regional o Local. En consecuencia, al crearse este mecanismo, en el mediano plazo se podrá contar con una red ciudadana de lucha contra la corrupción; sin embargo, a éstas Veeduría le estaría prohibido, sin el concurso de autoridad competente, retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia.

Por su parte, la Contraloría General de la República ha demostrado que no está en capacidad de combatir la corrupción como lo reclama la ciudadanía, por falta de presupuesto o diversos factores que se esgrimen, razón por la que es necesario que de paso a nuevos espacios de lucha contra la corrupción que coordinadamente trabajen en aras de lograr que el país erradique la corrupción de sus esferas gubernamentales de nivel central, regional y local.

Interpretaciones arcaicas, facilistas y totalmente deleznables esgrimidas desde el Órgano de Control, como que nadie puede inmiscuirse en el control gubernamental mas que la Contraloría, caen por su propio peso frente a la realidad de la existencia de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la necesidad de que inclusive el ciudadano común y corriente participe activamente en dicho control, como ocurre en Colombia.

Es indispensable iniciar acciones concretas destinadas a evitar que los costos de la corrupción sigan afectando nuestra economía nacional, la gestión pública y la credibilidad de nuestras instituciones gubernativas estatales en todos sus niveles.

CONSOLIDEMOS LOS DISTRITOS PARA VIABILIZAR LA REGIONALIZACIÓN

La verdad, nunca he podido entender bien que rol juegan las provincias en la estructura política del país, mas aun cuando el Estado mantiene presencia en dichos territorios a través de las municipalidades distritales y contamos con gobiernos regionales. Mas allá de una imperceptible función tuitiva sobre las municipalidades distritales, no veo razón de seguir manteniéndolas.

En el aspecto presupuestal, habría que tener en cuenta que las municipalidades provinciales perciben doble asignación presupuestal - una como provincia y otra como distrito - situación que perjudica significativamente a las municipalidades distritales, pues debido a ello reciben menos recursos.

Políticamente, si suprimiéramos las municipalidades provinciales - que suman 184 - no existiría ningún vacío de poder en el territorio, pues las provincias no son mas que un conjunto de distritos, cada uno de los cuales cuenta con municipalidades y asignaciones presupuestales propias.

Es mas, considerando que el modelo departamentalista en que se sustentará una futura conformación de regiones, en muchos casos está mal diseñado - pues hay distritos que ubicados en un departamento, tienen o mantienen todas sus relaciones con distritos de un departamento distinto - la desaparición de las provincias y consolidación de los distritos haría mucho más fácil un proceso de regionalización, cuya propuesta se inicie en los distritos.

Es decir, si un distrito no tiene relación alguna con otros distritos del departamento al cual pertenece y sí la tiene con distritos de un departamento colindante, podría - dentro del proceso de formación de regiones - decidir su integración a una región distinta de la que se propone bajo el esquema departamental.

Por cierto, para ello el proceso de conformación de regiones tendría que variar, pues parte del fracaso del primer intento de regionalización, tiene que ver con el hecho concreto de que en la propuesta de conformación de la región, no han tenido participación alguna los espacios distritales y provinciales a través de sus órganos de gobierno local.

Por esta razón, el nuevo modelo de regionalización tiene necesariamente que iniciarse con la consulta a las autoridades de los espacios distritales, pues de esta manera se aseguraría que la propuesta de conformación de regiones tenga acogida en el referéndum correspondiente.

No dudo que esta propuesta es muy controvertida, pero si analizamos el tema sin apasionamientos ni egoísmos y entendemos que cualquier proceso de regionalización debe iniciarse desde los espacios locales para asegurar su éxito, podremos ver sus ventajas.

Si observamos países como España, donde el que el proceso de descentralización lleva 25 años, cuentan con gobiernos regionales consolidados en sus 17 comunidades autónomas, no existen provincias y la segunda parte del proceso decentralización está por iniciarse desde el ámbito local Distrital, podremos evaluar adecuadamente las bondades de la propuesta.

No pretendo con esta desinhibida propuesta, otra cosa que generar conciencia entre los ciudadanos de la necesidad de realizar reformas trascendentales para el futuro del país, dejando para ello de lado poses o intereses políticos, para tratar los temas de fondo que, aunque son los más difíciles de afrontar, debe ser tratados.

EL LENTO, SOSTENIDO Y SOTERRADO AVANCE DE LA IZQUIERDA EN EL PERÚ

En noviembre del año 2000, tirios y troyanos celebraron lo que se había venido a denominar el retorno de la democracia al Perú. Partidos políticos de derecha, centro e izquierda abarrotaron plazas agitando las banderolas más variopintas que el Perú haya podido concebir en un solo acto "cívico".


Sin embargo, ante tanta algarabía, casi nadie se daba cuenta del tejido que se estaba armando desde la entonces alicaída izquierda marxista, que astutamente comenzaba a penetrar los cuadros políticos del neonato gobierno de transición, en el que 22 millones de peruanos centraban todas sus legitimas esperanzas de justicia social y reconstrucción de los valores en el país.

Es así como desde su posición de espontáneos participes en las fugaces manifestaciones en que se coreaban lemas y cánticos para derrocar al entonces dictador, comenzaron su ascenso lentamente hasta los niveles más cercanos de influencia al Presidente de la República, desde cuyo posicionamiento lograron ubicar ministros y viceministros, paso crucial para el copamiento de muchos niveles de jerarquía inferior.

Pero dicho copamiento de cargos públicos no se detuvo allí, sino que simultáneamente se comenzaron a escuchar voces - en un principio entre los pasillos y luego a través de la prensa - que enmascaradamente indicaban los beneficios que podría traer para el gobierno la participación de la "sociedad civil".

Generadas las corrientes de opinión a favor de sus posiciones desde aquellos que ocupaban cargos de importancia, iniciaron la labor de penetración del aparato estatal por parte de una serie de ONGs dirigidas por personajes de izquierda y de desconocido financiamiento.

Fue entonces que las ONGs - luego de la caída del muro y los cambios en el régimen socialista desde la Perestroika – fueron convocadas por aquellos sectores que habían sido copados por los seguidores no confesos del régimen socialista.

Desde aquellos espacios de participación, la izquierda comenzó a recuperar bastiones perdidos, como son los de educación, salud y los programas sociales; pero esta vez dentro del sistema estatal, como participes activos con delegatura especial de determinados sectores.

Por su lado, desde el Sector Justicia, otro grupo de ONGs ingresaba a las comisiones encargadas de revisar los procesos contra terroristas a fin de lograr su liberación.

Quienes en un momento hicieran apología del terrorismo, se convirtieron en las personas que decidían respecto a recomendaciones de liberación de sus defendidos, logrando sus objetivos a través de un tibio y negligente gobierno de transición.

Concluido el denominado Gobierno de Transición y electo el nuevo Presidente del Perú, estas personas lograron reubicarse convenientemente en el aparato estatal, pintando las caras de cándidos políticos con su labor dentro del gobierno de transición y su lucha por el derrocamiento de la dictadura.

Desde sus bastiones continuaron con su labor de penetración, enrostrando a nuestros políticos de turno la figura de los Derechos Humanos cada vez que se veían amenazados en sus posiciones.

Hicieron del chantaje político su mejor arma contra la democracia que supuestamente reconstruían y de la denuncia a discreción contra oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, la herramienta más eficaz para minar sus niveles de eficacia y reacción contra su soterrado avance.

Estas ultimas semanas hemos visto a través de los medios de comunicación el avance del terrorismo en zonas de las cuales ya había prácticamente desaparecido y, observando incrédulo estos hechos, me pregunto que pensarán las familias de esos humildes policías que han sido asesinados en las últimas emboscadas y los hijos de cientos de militares que ofrendaron sus vidas en su lucha contra el flagelo del terrorismo.

Dos gobiernos, dos ventanas abiertas para el resurgimiento de pensamientos políticos retrogradas y el resurgimiento del fenómeno terrorista.

¡¡¡LLEGÓ LA LEVA!!!

Leva - ntate a servir a la Patria

No saben como añoro los tiempos en que no existían pandilleros ni otras lacras, pues la tan temida "leva" no permitía que estos jóvenes vagos - a los que algunos de manera benevolente llaman "rebeldes", sin considerar que estos "angelitos" actuando en banda acuchillan a los transeúntes por un reloj de cinco soles - se agrupen en las esquinas para delinquir.

Realmente debería restablecerse la "leva", mas allá de aquellas consideraciones que un grupo "caviares" llevaron al Congreso, logrando que un deber nacional - como es el de servir a la patria - se convirtiera en un saludo a la bandera a través del, dícese, servicio militar "voluntario".

Me gustaría saber si hubieran podido convencer al Congreso Norteamericano que el Servicio Militar Estadounidense sea voluntario. En dicho país, desde Elvis Presley hasta Mohamed Ali tuvieron que ponerse el uniforme y servir a su patria.

Por mas que la nueva Ley del Servicio Militar establezca que el servicio militar es un honor y una de las formas de cumplir con la obligación patriótica que tienen todos los peruanos, termina siendo "letra muerta"; pues, siendo voluntario – pese a que la Constitución establece que el Servicio Militar es obligatorio – no se logra que ingresen quienes mas necesitan que se inculque valores.

Por otro lado, aun cuando los hechos que motivaron la medida pudieran haber sucedido – algunos piensan que a los reclutas se les debe enseñar a defender a la patria con guantes - lo cierto es que a partir de la supresión del servicio militar obligatorio, se produjo una desproporción entre las causas y el efecto que se ha obtenido a la fecha.

Es evidente que nuestra Fuerzas Armadas se encuentran pasando por dificultades para cubrir la cuota de efectivos que requieren; razón por la que es necesario crear un mecanismo extraordinario que permita a las Fuerzas Armadas, de manera excepcional y en los casos en que el número de voluntarios en alguno de los Institutos no cubra la cuota de efectivos requeridos, proceda al llamamiento obligatorio de los inscritos de la última clase, así como de los seleccionados no voluntarios y de los omisos de las clases anteriores.

En este sentido, frente a la inminente reducción de las reservas y del servicio militar activo, es necesario que de manera excepcional y por un periodo de dos años, las FFAA puedan realizar llamamientos obligatorios si no se cubre la cuota de efectivos que éstas requieren, reactivando una medida excepcional que venció el año 2001.

Debe quedar claro que esta medida extraordinaria de ninguna manera conllevaría - como realmente quisiéramos la mayoría de peruanos que sufrimos los ataques de las pandillas - al restablecimiento de la denominada "leva"; sin embargo es un avance.

Y es que los argumentos que se esgrimen en contra de la "leva" como mecanismos de control del pandillaje, señalan que el servicio militar no puede ser utilizado como una sanción y que la detención sólo procede en caso de flagrante delito o por mandato judicial.

Esta bien. Eso quieren, eso hagamos. Para ello es necesario que se establezca que quienes no se presenten al llamamiento forzoso incurren en el delito de "deserción", con lo que el tema llegaría al Fuero Militar, donde un juez dispondría la detención del omiso y su traslado a un cuartel para que cumpla con su servicio militar. Esta es única posibilidad de detener a quien es omiso o se resiste al llamamiento.

Respecto a la actuación de miembros de las FFAA en actos de detención fuera de estos preceptos, nuestro Código Penal ya contempla las sanciones respectivas.