Receta para acabar con el perro del hortelano Artículo del Presidente Alan García publicado en el Diario El Comercio
Por Alan García Pérez. Presidente de la República
"El síndrome del perro del hortelano" ha iniciado un importante debate, al destacar toda la riqueza que el país tiene, pero no utiliza por razones ideológicas o burocráticas. Debo agradecer su buena acogida.
Hoy todos reconocen que hay dinero privado y público para invertir, que existe un mercado internacional creciente y que se puede incorporar las áreas ociosas a la producción, creando más trabajo con derechos sociales y garantizando el medio ambiente.
Añadiré una reflexión. Cada uno de nosotros sufre algo de lo que he llamado "síndrome del perro del hortelano". Muchas veces el Estado, las instituciones y las personas padecen de "patrimonialismo". Es decir, de la voluntad de no ceder ningún espacio y reservar para sí, para el ministerio o para la empresa, todas las funciones, los trámites y las decisiones. Ocurre también cuando un grupo que captura el poder, una región o un municipio, decide gobernar solo y bloquea el aporte técnico y profesional de muchos otros ciudadanos. En este caso, el perro del hortelano dice: "Si no lo hago yo, nadie debe hacerlo", y concluye: "Solo puede hacerlo la gente de mi propio equipo".
Permítanme enumerar algunos síntomas del mal y unas propuestas de solución:
[I] Quitar al Estado la obsesión del control total.
Ocurre que no se abre una ventana, no se arregla una vereda, ni se pone una torre de telefonía celular sin que el Estado central, regional o municipal lo apruebe. ¿Cómo curar esta obsesión?
A. Estableciendo por decreto, y de manera obligatoria, que el control del Estado sea aleatorio; es decir, que al igual que el semáforo de las aduanas del aeropuerto, el control se ejerza sobre un porcentaje de cada uno de los actos a vigilar, pero no sobre todos. Esto permite probabilísticamente una gran supervisión. Así también se reduce la ocasión de la coima y el riesgo del porcentaje no vigilado se compensa con la velocidad de los ciudadanos a los que no se retarda ni desanima. Ya la Ley 27444, del procedimiento administrativo, establece como principios la presunción de veracidad y el criterio del control posterior con los que se hace posible aplicar de inmediato el control aleatorio.
B. Fijando un plazo máximo para los estudios de la inversión. Calificar cada inversión pública por su rentabilidad y óptima calidad ha resultado un remedio peor que la enfermedad. Antes había inversiones malas, mediocres y buenas. Ahora, con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se busca la perfección, pero hay menos inversión y mayor demora, a pesar de los cambios reglamentarios, pues el problema central radica en el ser humano, que quiere afirmar su poder demorando el trámite. Una nueva ley debe establecer que el análisis de la inversión no supere el plazo máximo de tres meses. Así, el burócrata, si quiere controlar, tendrá que trabajar más y más rápido.
C. Tercerizando el control de la inversión. El SNIP deberá también hacerse a través de universidades o instituciones acreditadas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería o el Colegio de Economistas. Para ello proponemos la ley que delega a instituciones evaluadoras ajenas al Estado funciones en el SNIP y en otros asuntos, como la sanidad agropecuaria y el otorgamiento de los brevetes.
D. Finalmente, ya hemos avanzado en el silencio positivo administrativo que el Estado aplicará desde esta semana a más de 500 trámites. Es un paso esencial y permite que, si no se responde a tiempo al ciudadano, este está automáticamente autorizado para abrir su establecimiento o hacer su inversión.
[II] Estimular al empleado público que presta el mejor servicio
El 17 de noviembre del 2006 presentamos un proyecto de ley estableciendo el criterio del mérito y la evaluación para distinguir al trabajador que tiene rendimiento bueno o excelente de aquel que es deficiente. Pero ese proyecto, importantísimo para reformar al Estado, tiene doce meses en el Congreso, sin aprobación. Ahora presentaremos un proyecto complementario que establece el bono o aumento por productividad.
El comunismo soviético se derrumbó porque donde todos son propietarios y ganan lo mismo nadie se esfuerza ni destaca. Un Estado que paga por igual al buen trabajador y al empleado ineficiente, no ofrece ningún estímulo, como sí lo brinda la actividad privada. Sin esta modificación, el Estado seguirá siendo una carga sobre el país y no una institución a su servicio.
[III] Liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja.
El Estado, en sus niveles central, regional o municipal, debe ceder los espacios necesarios para la inversión:
A. Las áreas inmobiliarias agrícolas o terrenos eriazos que no utiliza deben ser ofrecidos a los ciudadanos en pública subasta, para que las edifiquen y les añadan valor. Para esto presentamos la Ley General del Sistema de Bienes Estatales (proyecto 491-2007) que no ha merecido la aprobación del Congreso.
Además, mediante un decreto supremo, se facultará a más de cien beneficencias públicas que administra el Ministerio de la Mujer a vender los activos inmobiliarios que tienen a quienes los ocupan. Hay en todo el Perú aproximadamente 30.000 habitaciones o viviendas humildes que son propiedad de las beneficencias y por las que los inquilinos pagan por años un alquiler irrisorio, sin llegar a ser dueños de nada.
Es un círculo vicioso. Las beneficencias no reciben ingresos y por falta de ellos y pésima administración no han podido reedificar ni mejorar los corralones y quintas. Pero si se vende la vivienda o la habitación a la familia que lo ocupa, esta será propietaria y cuando lo decida, podrá mejorarla o venderla al propietario del cuarto vecino, con lo que se irá consolidando una vivienda mejor y la beneficencia tendrá más recursos para sus fines.
B. Vender las acreencias. Al Estado le deben muchos y por múltiples razones: privatizaciones, quiebras de bancos, deudas a bancos estatales, impuestos, etc. Esta enorme cartera de miles de millones por cobrar tiene gente encargada de su liquidación que gana por procedimientos sin fin y casi nunca llega a cobrar. Es necesario hacer paquetes de esas acreencias y venderlos en subasta pública. Así, otras personas e instituciones se encargarán de cobrar y lo que se gane en la subasta se aplicará a obras de desarrollo. Para ello presentaremos el proyecto necesario.
C. Transar en los juicios de menor cuantía. Por mil temas, el Estado tiene procesos y denuncias que siguen los abogados de los ministerios, regiones y municipios. Son decenas de miles de expedientes que entorpecen al Poder Judicial. Lo inteligente sería distinguir los litigios pequeños de los de gran valor. Por ejemplo, en todos los conflictos de menos de 100.000 soles debe autorizarse la inmediata transacción. Así nos ahorramos pagar gestiones, desbloqueamos el trabajo judicial y logramos una buena transacción, que es siempre mejor que un largo juicio. Presentaremos el proyecto porque hoy, según la ley del perro del hortelano, el Estado tiene la obligación de seguir eternamente los pequeños juicios, para no perder, aunque no gane nada.
[IV] Abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene el país. Esto exige una gran reflexión de los ciudadanos para dejar atrás los prejuicios ideológicos.
A. En los 8 millones de hectáreas que han sido destruidas debe establecerse ya la propiedad en grandes lotes, para que empresas modernas y fondos de inversión trabajen a largo plazo en madera de alto valor y en bambú, que es un producto extraordinario. Sobre este tema se presentó el proyecto de ley 840-2006, que está detenido, bloqueando la creación de cientos de miles de empleos, mientras los madereros informales y los cultivos ilegales continúan destruyendo la selva. Esto nos es difícil de entender, pero una inversión que requiere diez años de espera y tecnología de alto costo, requiere seguridad y gran dimensión para ser rentable y reconstruir el medio ambiente.
B. En las restingas. Cada año, al reducirse los ríos de la selva, aparecen las playas o restingas, una tierra de nadie pero con humedad y fertilizantes traídos por los ríos desde los Andes. Son aproximadamente dos millones de hectáreas que el Estado debería otorgar por venta o alquiler en lotes de gran dimensión para el cultivo del arroz, que está salinizando las tierras de la costa. Pero nadie va a la selva porque no existe la propiedad o el derecho a cultivar las restingas. Para ello, presentaremos un proyecto de ley.
C. En la sierra, para las tierras comunales sin uso y para recursos como el mármol, presentaremos un proyecto de ley que permita a las comunidades campesinas tomar la decisión para vender, parcelar o alquilar. Ello podrá hacerse con el voto de la mitad más uno de los presentes en la reunión convocada para ese fin. Es absurdo, la Ley 26505 ya permite que en las comunidades de la costa se tomen decisiones con el 50% más uno de los asistentes, pero su artículo 11 exige para las comunidades de la sierra "el voto de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad", muchos de los cuales ya han emigrado.
Esto debe corregirse, pues condena a los comuneros de la sierra al nivel de ciudadanos de segunda clase y sin iniciativa. Y nadie que se diga de izquierda puede sorprenderse porque en los sindicatos se pide que para declarar la huelga en una empresa lo decida la mitad más uno de los asistentes y no la mitad más uno de todo el padrón de obreros. ¿Por qué sí para estos y no para las comunidades campesinas?
D. Movilizando la inversión en los denuncios. Subsiste el problema de una enorme cantidad de terrenos eriazos, playas, caleras, mármoles, etc., solicitados al Estado hace muchos años con el procedimiento del denuncio y en los que nunca se ha puesto un centavo. Eso es injusto. Así como el provinciano invade en los cerros de la ciudad un terrenito de 100 metros para vivir, el otro que tiene más recursos y educación invade con un denuncio miles de hectáreas, pero no les da uso.
Al Perú le conviene que todas esas playas (balnearios), caleras (cementeras), bosques (industria maderera) se pongan en valor mediante la inversión inmediata. Por eso propondremos un proyecto de ley para obligar al denunciante que no trabaja a cumplir con la inversión, a transferir o abandonar el denuncio.
Si en los últimos tres años no se ha invertido, se debe exigir un compromiso de inversión con garantía para los próximos dos años o que se transfiera el denuncio a otra persona que haga la inversión. El principio es que los denuncios los entrega el Estado a quien quiere invertir y no a quien inmoviliza los recursos.
[V] Nuevos procedimientos para fomentar la inversión.
Veamos un caso. El Estado quiere cobrar 30% de impuesto por las ganancias, pero al mismo tiempo tiene que promover el inicio de actividades nuevas y difíciles y en las que no hay ganancia de inmediato. El error sería querer cobrar todo desde el inicio, pues eso mataría la gallina de los huevos de oro en su nacimiento.
A. Nuestro objetivo es orientar la extracción minera hacia la metalurgia, para producir alambrón, tubos, partes y piezas. El país debe ser exportador de artículos procesados que crean más trabajo y valen más. Para ello presentaremos un proyecto para la reinversión en industria procesadora. Si hoy se cobra 30% de impuesto a la minería, sería absurdo decir "aventúrate en la inversión de la metalurgia y te cobraré desde el primer año el mismo 30%". El proyecto establecerá un calendario plurianual de reducción del impuesto a la reinversión en metalurgia con generación de empleos. Por ejemplo, 25%, 23%, 20%, etc., y lo mismo puede hacerse con la joyería en un país de finos orfebres como el Perú.
B. Con el mismo objetivo, debe procederse a una amplia exoneración impositiva para la maricultura y la acuicultura. Invertir en el mar para instalar jaulas y balsas o invertir en lagunas a 4.000 metros de altura para la crianza artificial de truchas y ranas resulta heroico. Es diferente a la seguridad burocrática o a la de una industria sobre la tierra, pero el perro del hortelano pretenderá siempre cobrar mucho a una difícil actividad que aún no ha surgido.
C. En nuestra patria existen proyectos de miles de microrepresas para retener el agua. Algunos cientos puede construirlos el Estado, pero no podrá hacer los miles propuestos porque al mismo tiempo debe hacer carreteras, educar, dar salud y agua potable. Requerimos de una ley que permita la inversión privada en irrigaciones, cuyo costo sea pagado con una parte de las nuevas tierras irrigadas o con la venta del agua.
Pero el perro del hortelano dice: "Es mejor que el agua se vaya al mar y que nadie haga el embalse porque así se privatizaría el agua". Lo que no sabe es que el agua está de hecho privatizada, pues se entregó su gestión a las juntas de usuarios del riego, y como el agua que pertenece a la nación se vende, en muchos casos, a un centavo de sol por metro cúbico, se utiliza mal, se riega hasta 25.000 metros cúbicos anuales por hectárea de arroz y así se destruye la tierra de la costa, salinizándola.
D. Se han construido muchas viviendas con crédito, pero la hipoteca de cada una es distinta a las demás, no está estandarizada con las otras en plazos e interés. Si lo estuviera se podría hacer paquetes de 10.000 o más hipotecas que se vendan a un banco más grande para que se encargue del cobro futuro y el dinero de esta venta se utilice construyendo más viviendas. Ello, además, reduce el interés y aumenta el plazo de pago hasta 30 años, como lo es en Estados Unidos. Para esto se presentó un proyecto que aún no ha sido aprobado y que multiplicaría la construcción desde el año 2008.
Y se ha presentado, además, el proyecto 1715-2007, que agiliza la expropiación de inmuebles para ejecutar obras públicas de infraestructura de gran dimensión, lo que aceleraría las inversiones.
E. Evitar trabas y cobros adicionales a los servicios. Por ejemplo, la inversión en teléfonos no puede ser detenida por la ciencia de un alcalde que cree que la transmisión celular produce cáncer o del que exige pagos adicionales por instalar postes o conexiones domiciliarias de gas que sirven a sus propios ciudadanos. Para ello, hemos presentado el proyecto de ley 1211-2006, que propicia la inversión en servicios públicos e infraestructura.
Frente al aumento del petróleo, nuestro país debe acelerar los trámites y plazos para la gasificación de la industria y del transporte, lo que haremos por decreto supremo. Además, impulsar el uso de las caídas de agua, que son la riqueza más grande que tiene el Perú para abastecerse y para exportar. Por ello hemos presentado el proyecto de ley 1799-07, que promueve la generación eléctrica con recursos renovables y que está aún en las comisiones del Congreso.
Con la gasificación del transporte podremos romper el círculo vicioso en el peaje. Es difícil invertir en grandes obras como la Autopista del Sol Lima-Piura, porque hay un número insuficiente de vehículos particulares. Nuestro promedio de automóviles es menor a los de Chile, Colombia y México. Solo si hay más vehículos habrá pago de peaje y las carreteras podrán hacerse. Para ello debemos reducir los aranceles y el impuesto para los automóviles de 1.500 a 1.800 centímetros cúbicos, siempre y cuando estén convertidos a gas o puedan serlo y, además, utilizar un bono que estimule esa reconversión en los vehículos para taxis.
F. Cambiar la actitud ante la inversión. Si el Estado quiere promover la inversión privada no puede tener como objetivo que el privado gane lo menos posible, exigiendo condiciones con las que finalmente ningún postor se presenta a los concursos. Por evitar que el inversionista gane 5% más, nadie viene. En vez de exigir criterios exagerados, debe dejarse al mercado y a la competencia de los privados la fijación de esas condiciones.
Recuerde el perro del hortelano la enseñanza de Lenin en su texto "Capitalismo de Estado e impuesto en especie": "Deben venir los capitalistas, ganarán mucho, pero nos enseñarán el camino de la técnica y el desarrollo". Fue un cambio de rumbo genial, pero Lenin murió poco después. Hoy, el perro del hortelano se entusiasma a sí mismo gritando "ni un paso atrás" y se olvida del mismo Lenin que aconsejó: "Un paso atrás para dar dos adelante".
[VI] Dar al trabajo un nuevo valor de ahorro.
Hay millones de peruanos que no tienen jubilación ni seguro social ni vacaciones ni jornada de ocho horas. Resulta así que su trabajo no tiene valor futurible. Trabajan en pequeñas y microempresas y los dirigentes sindicales de la gran empresa y del Estado no los defienden sino que se defienden a sí mismos. Es absurdo. Al poner como condición el "todo o nada", exigiendo a la microempresa costos que solo la mediana y gran empresa pueden pagar, lo único que se logra es que esos millones de trabajadores no tengan ningún derecho. Lo inteligente es conciliar el avance de los derechos con la realidad del pequeño empresario, que no es un gran capitalista sino un trabajador que ha creado trabajo.
Por eso, defenderé ante el Congreso el Proyecto de Acceso Progresivo a los Derechos Laborales. Un desempleado o un ambulante quieren trabajar ocho horas con un sueldo mínimo, seguro de salud y derecho a jubilación, pero el dirigente profesional le grita que no debe aceptar. El perro del hortelano dice que no debe haber 'cholo barato' porque prefiere al 'cholo desempleado y en la miseria'. En los próximos días entregaremos la propuesta de la ley de mypes y la propuesta del acceso progresivo a los derechos laborales, para aprovechar bien los tratados de libre comercio y vincular a la pequeña empresa y a los derechos de sus trabajadores con el mercado mundial.
Cambiar muchos otros temas. Por ejemplo, cuando la Sunat pone una multa cobra altos intereses mensuales, pero cuando la misma Sunat tiene que devolver al ciudadano lo que le cobró por error, le entrega el dinero sin intereses. Típica política del perro del hortelano que rectificaremos.
Concluyendo. En todos estos temas debemos trabajar los municipios, las regiones, el Gobierno y el Congreso, sin demoras. Y como la Constitución dice que los proyectos del Ejecutivo se tratan con urgencia, tal vez podríamos acordar un máximo de tres meses para su decisión en el pleno.
Y para trabajar mejor, erradiquemos la mala costumbre por la que todas las instituciones se sienten capaces de tratar sobre todos los temas. La administración, los legisladores, los jueces, el tribunal que deja sin piso a los legisladores y otras instituciones, cada uno reivindicando con afán imperial su autonomía frente al ciudadano y al inversionista, condenados al silencio y la espera.
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