Cuando un individuo deja de aplicar la ética a sí mismo y deja de actuar de acuerdo a la moral del grupo, la justicia entra en escena. Una persona que carece de ética, que tiene sus dinámicas fuera de comunicación, es un criminal potencial o activo, ya que continuamente comete crímenes contra las acciones de los demás que favorecen la supervivencia. La justicia se usa cuando la falta de ética y el comportamiento destructivo del individuo comienzan a afectar demasiado seriamente a los demás.
Si del Estado se trata, la Constitución señala que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación; que es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que por todo concepto perciban los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la Ley, en razón de sus cargos; que los funcionarios y servidores públicos que señala la Ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos; y que la Ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos.
Todas estas disposiciones, conforman el marco Constitucional mediante el cual se pretende que los funcionarios y servidores públicos tengan un accionar ético y moral al servicio de la Nación, desterrando del servicio público los actos corruptos.
Sin embargo, la realidad nos indica que muchas de éstas disposiciones no se cumplen, habiéndose instaurado en el Perú una cultura que acepta como normal la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el desempeño de cualquier función pública, sea en el gobierno central, regional, local, e incluso en el ámbito de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente realizado en Viena el año 2000, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaron a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollen y crezcan económicamente.
Las prácticas corruptas vacían las arcas de los Estados, arruinan el libre comercio y espantan a los inversionistas, agregando que el Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 puntos porcentuales por año; mientras que según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción.
El grave problema de nuestra sociedad, no está solamente en el nivel de corrupción por alto que sea, sino más bien, en la absoluta falta de respuesta y de reacción frente al fenómeno, tanto a nivel individual como colectivo e institucional. O, en otras palabras, el problema no está sólo en los que abusan, roban, defraudan o engañan, sino también en los que se rasgan las vestiduras ante tamañas indignidades pero que luego tratan con gran deferencia y respeto o, incluso, con servilismo, a las personas que las cometen .
El año 2001 con bombos y platillos se anunció la creación y conformación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Etica y Transparencia en la Gestión Pública, sin embargo grande fue el desengaño cuando de la lectura del Decreto Supremo No. 120-2001-PCM se desprendía que sería una institución dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, los representantes de la sociedad civil serían designados por resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, y sería presida por un representantes del Presidente de la República, también designado por Resolución Suprema.
Es decir, el organismo que debería luchar contra la corrupción dentro del aparato estatal, sería manejado por las personas designadas por el Poder Ejecutivo “a su medida”. Esa falta de autonomía ha motivado que éste organismo haya devenido en ineficiente e ineficaz en la lucha contra la corrupción.
Recordemos que fue designado con el rimbombante apelativo de “Zar Anticorrupción” el doctor Martín Belaunde Moreyra, quien renunció al cargo al poco tiempo, luego de que un año antes renunciarán a la referida Comisión tres de sus miembros, sin que hasta la fecha el Presidente de la República anterior y el actual hayan designado a un nuevo Presidente de la Comisión Anticorrupción.
Sin embargo Alan García ha anunciado que reimpulsará este sistema anticorrupción. Esperemos esta vez contar con una persona no partidarizada que cumpla dicha función sin sucumbir al poder político.
Si del Estado se trata, la Constitución señala que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación; que es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que por todo concepto perciban los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la Ley, en razón de sus cargos; que los funcionarios y servidores públicos que señala la Ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos; y que la Ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos.
Todas estas disposiciones, conforman el marco Constitucional mediante el cual se pretende que los funcionarios y servidores públicos tengan un accionar ético y moral al servicio de la Nación, desterrando del servicio público los actos corruptos.
Sin embargo, la realidad nos indica que muchas de éstas disposiciones no se cumplen, habiéndose instaurado en el Perú una cultura que acepta como normal la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el desempeño de cualquier función pública, sea en el gobierno central, regional, local, e incluso en el ámbito de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente realizado en Viena el año 2000, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaron a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollen y crezcan económicamente.
Las prácticas corruptas vacían las arcas de los Estados, arruinan el libre comercio y espantan a los inversionistas, agregando que el Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 puntos porcentuales por año; mientras que según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción.
El grave problema de nuestra sociedad, no está solamente en el nivel de corrupción por alto que sea, sino más bien, en la absoluta falta de respuesta y de reacción frente al fenómeno, tanto a nivel individual como colectivo e institucional. O, en otras palabras, el problema no está sólo en los que abusan, roban, defraudan o engañan, sino también en los que se rasgan las vestiduras ante tamañas indignidades pero que luego tratan con gran deferencia y respeto o, incluso, con servilismo, a las personas que las cometen .
El año 2001 con bombos y platillos se anunció la creación y conformación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Etica y Transparencia en la Gestión Pública, sin embargo grande fue el desengaño cuando de la lectura del Decreto Supremo No. 120-2001-PCM se desprendía que sería una institución dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, los representantes de la sociedad civil serían designados por resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, y sería presida por un representantes del Presidente de la República, también designado por Resolución Suprema.
Es decir, el organismo que debería luchar contra la corrupción dentro del aparato estatal, sería manejado por las personas designadas por el Poder Ejecutivo “a su medida”. Esa falta de autonomía ha motivado que éste organismo haya devenido en ineficiente e ineficaz en la lucha contra la corrupción.
Recordemos que fue designado con el rimbombante apelativo de “Zar Anticorrupción” el doctor Martín Belaunde Moreyra, quien renunció al cargo al poco tiempo, luego de que un año antes renunciarán a la referida Comisión tres de sus miembros, sin que hasta la fecha el Presidente de la República anterior y el actual hayan designado a un nuevo Presidente de la Comisión Anticorrupción.
Sin embargo Alan García ha anunciado que reimpulsará este sistema anticorrupción. Esperemos esta vez contar con una persona no partidarizada que cumpla dicha función sin sucumbir al poder político.
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