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miércoles, 12 de septiembre de 2007

LA POLITIZACION DE LOS SUELDOS EN EL SECTOR PÚBLICO


El día de ayer asistió al Congreso el Contralor General de la República, Genaro Matute, a informar respecto a los sueldos en la Administración Pública. Muchas cifras, como preparado para la prensa, pero nada de los problemas de fondo que afronta el Estado en su planilla.

Para empezar, Matute presento sueldo anualizados – como para causar un mayor impacto – y dijo lo que todos sabemos. Que en la Administración Pública los sueldos para ser competitivos tienen que ser “subsidiados” vía Cafae; cuando no a través de as asignaciones PNUD en el caso de los altos funcionarios.

El tema de los recursos humanos del Sector Público debe ser tratado por el Poder Ejecutivo planteando una solución integral y no sólo desde la perspectiva del gasto en salarios. El Estado tendrá los profesionales que requiere, sólo cuando este dispuesto a pagar lo que corresponde.

No se trata de salir a la prensa con un mensaje populista a anunciar los gastos en remuneraciones, sino de evaluar si los profesionales que los reciben realmente están calificados para el cargo y consecuentemente les corresponde dicho sueldo. Durante la intervención del Contralor y sus funcionarios, había momentos en que parecía que el mensaje – altamente político – era del Presidente y no de dichos funcionarios.

Lo cierto es que en materia laboral en el sector público se mantienen serias distorsiones que deben ser resultas por el Poder Ejecutivo, como es el caso de miles de trabajadores del Estado sujetos al régimen de la carrera pública que tienen como “remuneración básica” tan sólo S/. 1.00 y todo el resto de lo que perciben aparece en sus boletas como “bonificaciones” que no son calculadas para su CTS, ni ningún otro derecho laboral; o miembros de las FFAA a los que gran parte de su sueldo se les paga en combustible, generándose un clara distorsión salarial.

Si lo que se desea es evitar desigualdades en materia laboral, debe corregirse el problema que afrontan miles de trabajadores del Estado sujetos a los famosos “contratos por servicios no personales”, que no gozan del mas mínimo beneficio laboral (vacaciones, CTS, Aguinaldos, Bonificación familiar, etc.).

Es precisamente esta política de reducción de los sueldos de la tecnocracia del Estado, la que está causando la salida de los técnicos mas calificados, con el perjuicio que ello representa para el Estado que ha invertido en ellos.


Esta bien evaluar la reducción de los sueldos a los funcionarios que asumen sus cargos por elección popular, pues en este caso la ley no obliga que el candidato tenga calificación profesional alguna ni existe meritocracia. Lo que no está bien es que se pretenda hacer lo mismo en el caso del resto de servidores públicos, a los que sí se les exige un nivel profesional y para ello se han "quemado las pestañas" estudiando por años en una universidad u otro centro de educación superior, e inclusive, en no pocos casos, han costeado sus diplomados, maestrias y doctorados.

Recuérdese que una de las causas por las cuales los gobiernos regionales y locales no han podido formular y ejecutar proyectos de inversión con los recursos del canon es debido a la falta de técnicos capacitados, así como que un servidor publico que labora hasta altas horas de la noche no puede ganar lo mismo que uno que se retira a las cinco de la tarde.

El Tribunal Constitucional ha señalado que no puede el empleador reducir la cantidad de remuneraciones que perciben sus trabajadores de manera unilateral, por tanto si lo que se pretende es que todos ganen catorce remuneraciones, una opción sería prorratear algunas “bonificaciones” para que ello se cumpla; pero, en todo caso, ello corresponderá decidirlo a ciertos organismos en el marco de la autonomía que les otorga la Constitución y sus leyes orgánicas.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que cualquier limitación a catorce remuneraciones eventualmente alcanzaría a las “remuneraciones” y las “gratificaciones”; sin embargo, las “bonificaciones” tienen otra naturaleza y por tanto no se encontrarían enmarcadas dentro del concepto de remuneración ni el de gratificación.

Si esta disposición alcanzara al concepto de bonificaciones, los trabajadores públicos habrían perdido, entre otras, la bonificación por trabajo minero en altura, la bonificación a los que trabajan en lugares de extremo riesgo, bonificación para profesores que trabajan en zonas rurales y de frontera, entre otras, pudiendo sólo percibir sus doce remuneraciones correspondientes a cada mes de trabajo y las dos gratificaciones, una en julio y otra en diciembre.

El tema es mucho mas complicado que el gasto en remuneraciones, por lo que no es conveniente manosearlo políticamente. No imagino, por ejemplo, a un funcionario no calificado negociando el TLC o tratando de supervisar desde un organo regulador, a la Telefónica u otros.








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