La Constitución Política del Perú señala que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación; que es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que por todo concepto perciban los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la Ley, en razón de sus cargos; que los funcionarios y servidores públicos que señala la Ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos; y que la Ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos.
Todas estas disposiciones, conforman el marco Constitucional mediante el cual se pretende que los funcionarios y servidores públicos tengan un accionar ético y moral al servicio de la Nación, desterrando del servicio público los actos corruptos. Sin embargo, la realidad nos indica que muchas de éstas disposiciones no se cumplen, habiéndose instaurado en el Perú una cultura que acepta como normal la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el desempeño de cualquier función pública, sea en el gobierno central, regional, local, e incluso en el ámbito de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente realizado en Viena el año 2000, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaron a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollen y crezcan económicamente.
Las prácticas corruptas vacían las arcas de los Estados, arruinan el libre comercio y espantan a los inversionistas, agregando que el Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 puntos porcentuales por año; mientras que según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción.
El grave problema de nuestra sociedad no está solamente en el nivel de corrupción por alto que sea, sino más bien, en la absoluta falta de respuesta y de reacción frente al fenómeno, tanto a nivel individual como colectivo e institucional. O, en otras palabras el problema no está solo en los que abusan, roban, defraudan o engañan, sino también en los que se rasgan las vestiduras ante tamañas indignidades pero que luego tratan con gran deferencia y respeto o, incluso, con servilismo, a las personas que las cometen
El año 2001 con bombos y platillos se anunció la creación y conformación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Etica y Transparencia en la Gestión Pública, sin embargo grande fue el desengaño cuando de la lectura del Decreto Supremo No. 120-2001-PCM se desprendía que sería una institución dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, los representantes de la sociedad civil serían designados por resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, y sería presida por un representantes del Presidente de la República, también designado por Resolución Suprema.
Es decir el organismo que debería luchar contra la corrupción dentro del aparato estatal sería manejado por las personas designadas por el Poder Ejecutivo “a su medida”. Esa falta de autonomía ha motivado que éste organismo haya devenido en ineficiente e ineficaz en la lucha contra la corrupción.
Recordemos que fue designado con el rimbombante apelativo de “Zar Anticorrupción” el doctor Martín Belaunde Moreyra, quien renunció al cargo en abril del año pasado, luego de que un año antes renunciarán a la referida Comisión tres de sus miembros, sin que hasta la fecha al Presidente de la República haya designado a un nuevo Presidente de la Comisión Anticorrupción.
Es por ello necesaria una Ley Anticorrupción que, entre otros aspectos, cree una Oficina Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional Anticorrupción que funcionen con total autonomía y libres de toda injerencia del Poder Ejecutivo. En este sentido, el Consejo estaría conformado por representantes de organismos como la Defensaría del Pueblo, los Colegios Profesionales, entre otros, y serían los miembros del Consejo Nacional Anticorrupción y no el Presidente de la República, quien designaría a su Presidente.
La idea es crear un organismo autónomo que cumpla como función única y exclusiva el combate a la corrupción y que pueda demostrar ante la opinión pública su total independencia de los órganos estatales. Para ello se le dotan de facultades para denunciar y corregir situaciones donde la vulnerabilidad de la corrupción sea elevada.
Por otro lado, siguiendo los lineamientos de la Ley Colombiana de Veedurías Cívicas, habría que incorporar el llamado Control Cívico de la Corrupción. En efecto, quien mejor, sino los propios ciudadanos que están en el derecho y deber de controlar a los servidores públicos que manejan fondos del Estado. Se crea un mecanismo de participación ciudadana a través de la veedurías ciudadanas que son asociaciones civiles, sin fines de lucro, del más amplio carácter, que tienen como objeto vigilar las obras públicas, contratos y servicios que ejecutan los funcionarios públicos o que realizan los agentes privados.
Es indudable que los órganos estatales encargados de velar por el correcto uso de los recursos del Estado no pueden vigilar todo el aparato Estatal, Gobierno Central, Regional o Local. En consecuencia, al crearse este mecanismo, en el mediano plazo se podrá contar con una red ciudadana de lucha contra la corrupción; sin embargo, a éstas Veeduría le estaría prohibido, sin el concurso de autoridad competente, retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia.
Por su parte la Contraloría General de la República ha demostrado que no está en capacidad de combatir la corrupción como lo reclama la ciudadanía, por falta de presupuesto o diversos factores que se esgrimen, razón por la que es necesario que de paso a nuevos espacios de lucha contra la corrupción que coordinadamente trabajen en aras de lograr que el país erradique la corrupción de sus esferas gubernamentales de nivel central, regional y local.
Interpretaciones arcaicas, facilistas y totalmente deleznables esgrimidas desde el Organo de Control, como que nadie puede inmiscuirse en el control gubernamental mas que la Contraloría, caen por su propio peso frente a la realidad de la existencia de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la necesidad de que inclusive el ciudadano común y corriente participe activamente en dicho control, como ocurre en Colombia.
Es indispensable iniciar acciones concretas destinadas a evitar que los costos de la corrupción sigan afectando nuestra economía nacional, la gestión pública y la credibilidad de nuestras instituciones gubernativas estatales en todos sus niveles.
Todas estas disposiciones, conforman el marco Constitucional mediante el cual se pretende que los funcionarios y servidores públicos tengan un accionar ético y moral al servicio de la Nación, desterrando del servicio público los actos corruptos. Sin embargo, la realidad nos indica que muchas de éstas disposiciones no se cumplen, habiéndose instaurado en el Perú una cultura que acepta como normal la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el desempeño de cualquier función pública, sea en el gobierno central, regional, local, e incluso en el ámbito de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente realizado en Viena el año 2000, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaron a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollen y crezcan económicamente.
Las prácticas corruptas vacían las arcas de los Estados, arruinan el libre comercio y espantan a los inversionistas, agregando que el Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 puntos porcentuales por año; mientras que según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción.
El grave problema de nuestra sociedad no está solamente en el nivel de corrupción por alto que sea, sino más bien, en la absoluta falta de respuesta y de reacción frente al fenómeno, tanto a nivel individual como colectivo e institucional. O, en otras palabras el problema no está solo en los que abusan, roban, defraudan o engañan, sino también en los que se rasgan las vestiduras ante tamañas indignidades pero que luego tratan con gran deferencia y respeto o, incluso, con servilismo, a las personas que las cometen
El año 2001 con bombos y platillos se anunció la creación y conformación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Etica y Transparencia en la Gestión Pública, sin embargo grande fue el desengaño cuando de la lectura del Decreto Supremo No. 120-2001-PCM se desprendía que sería una institución dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, los representantes de la sociedad civil serían designados por resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, y sería presida por un representantes del Presidente de la República, también designado por Resolución Suprema.
Es decir el organismo que debería luchar contra la corrupción dentro del aparato estatal sería manejado por las personas designadas por el Poder Ejecutivo “a su medida”. Esa falta de autonomía ha motivado que éste organismo haya devenido en ineficiente e ineficaz en la lucha contra la corrupción.
Recordemos que fue designado con el rimbombante apelativo de “Zar Anticorrupción” el doctor Martín Belaunde Moreyra, quien renunció al cargo en abril del año pasado, luego de que un año antes renunciarán a la referida Comisión tres de sus miembros, sin que hasta la fecha al Presidente de la República haya designado a un nuevo Presidente de la Comisión Anticorrupción.
Es por ello necesaria una Ley Anticorrupción que, entre otros aspectos, cree una Oficina Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional Anticorrupción que funcionen con total autonomía y libres de toda injerencia del Poder Ejecutivo. En este sentido, el Consejo estaría conformado por representantes de organismos como la Defensaría del Pueblo, los Colegios Profesionales, entre otros, y serían los miembros del Consejo Nacional Anticorrupción y no el Presidente de la República, quien designaría a su Presidente.
La idea es crear un organismo autónomo que cumpla como función única y exclusiva el combate a la corrupción y que pueda demostrar ante la opinión pública su total independencia de los órganos estatales. Para ello se le dotan de facultades para denunciar y corregir situaciones donde la vulnerabilidad de la corrupción sea elevada.
Por otro lado, siguiendo los lineamientos de la Ley Colombiana de Veedurías Cívicas, habría que incorporar el llamado Control Cívico de la Corrupción. En efecto, quien mejor, sino los propios ciudadanos que están en el derecho y deber de controlar a los servidores públicos que manejan fondos del Estado. Se crea un mecanismo de participación ciudadana a través de la veedurías ciudadanas que son asociaciones civiles, sin fines de lucro, del más amplio carácter, que tienen como objeto vigilar las obras públicas, contratos y servicios que ejecutan los funcionarios públicos o que realizan los agentes privados.
Es indudable que los órganos estatales encargados de velar por el correcto uso de los recursos del Estado no pueden vigilar todo el aparato Estatal, Gobierno Central, Regional o Local. En consecuencia, al crearse este mecanismo, en el mediano plazo se podrá contar con una red ciudadana de lucha contra la corrupción; sin embargo, a éstas Veeduría le estaría prohibido, sin el concurso de autoridad competente, retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia.
Por su parte la Contraloría General de la República ha demostrado que no está en capacidad de combatir la corrupción como lo reclama la ciudadanía, por falta de presupuesto o diversos factores que se esgrimen, razón por la que es necesario que de paso a nuevos espacios de lucha contra la corrupción que coordinadamente trabajen en aras de lograr que el país erradique la corrupción de sus esferas gubernamentales de nivel central, regional y local.
Interpretaciones arcaicas, facilistas y totalmente deleznables esgrimidas desde el Organo de Control, como que nadie puede inmiscuirse en el control gubernamental mas que la Contraloría, caen por su propio peso frente a la realidad de la existencia de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la necesidad de que inclusive el ciudadano común y corriente participe activamente en dicho control, como ocurre en Colombia.
Es indispensable iniciar acciones concretas destinadas a evitar que los costos de la corrupción sigan afectando nuestra economía nacional, la gestión pública y la credibilidad de nuestras instituciones gubernativas estatales en todos sus niveles.
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