Durante una conversación casual, un amigo español me preguntó cuál era la razón que impulsaba a los peruanos a resolver todos sus problemas a través de leyes y - aunque en aquel momento me pareció un atrevimiento - he llegado a la conclusión que es hora de resolver esta percepción que está dañando al país, no sólo en el extrajero, sino internamente.
Lamentablemente, producto de la inadecuada presentación de la información del Congreso de la República a la ciudadanía, la población ha venido midiendo la gestión de sus congresistas, sus directivos y el Congreso en general, con criterios que si bien son válidos en una fabrica de chupetes, no lo son en lo que respecta al trabajo legislativo.
Al concluir cada periodo anual de sesiones, el Presidente del Congreso saliente da cuenta de los logros alcanzados durante su gestión y la primera información que se pone a disposición de la ciudadanía es la cantidad de leyes, dictámenes y proyectos de ley que se han generado, es decir se pone por delante del aspecto cuantitativo de la gestión, sin resaltar la parte cualitativa.
Esto ha llevado en periodos pasados a que la población mal entienda que un congresista es bueno si ha presentado un mayor numero de proyectos de ley, lo que a su vez ha llevado a los congresistas a una carrera desmedida por presentar proyectos de ley, llegándose inclusive al despropósito de presentar un proyecto de ley por cada artículo que se propone modificar de una misma norma legal.
Este problema debe ser afrontado de inmediato mediante una campaña de información a la ciudadanía respecto a los estándares válidos para medir la gestión congresal, así como las limitaciones en la función de los congresistas.
Otro problema es el que se genera debido a que existe en gran parte de la población, la concepción de que los congresistas pueden construir puentes, carreteras, etc., es decir que tienen iniciativa de gasto. En este sentido, utilizan los mismos criterios para medir la gestión del presidente, el alcalde y el congresista. "No ha hecho obras por mi pueblo, entonces es un mal congresista", sin considerar que el congresista no maneja el gasto público.
En este mismo orden de ideas, sería conveniente modificar la información que se proporciona a la ciudadanía a través del discurso, de la pagina web o las memorias del Congreso, que presentan la información de los congresistas resaltando criterios cuantitativos.
Si se quiere informar respecto al numero de proyectos de ley, debe hacerse respecto a los proyectos aprobados de cada congresista. Una cosa es presentar 500 proyectos de ley y otra que sean lo suficientemente buenos como para que hayan sido aprobados. Téngase presente que por cada proyecto de ley no aprobado, el Estado tiene que hacer un importante gasto en su estudio y, por tanto, en los casos en que dicho esfuerzo fuera en vano, la presentación desmedida de proyectos constituiría un demérito y no un mérito en la calificación de la función congresal.
Si revisamos el Diario Oficial El Peruano - que es donde se publican las leyes - podemos notar que en el país estamos próximos a contar con 29,000 leyes y si hacemos lo mismo con la agenda del Congreso - que contiene los temas que casualmente en estos días se han estado debatiendo en el Congreso - notaremos que contiene 127 temas que agrupan a más de 200 proyectos de ley, los mismos que eventualmente podrían ser aprobados y posteriormente publicados en El Peruano, incrementándose el número de leyes.
Por otro lado, la cantidad de proyectos de ley que los actuales congresistas han presentado en este quinquenio que culmina es monstruosa: 14,748 y de éstos apenas 4,522 se han convertido en ley, el resto sólo ha constituido un gasto para el Estado. Es como si recién se hubiera fundado la República y estuviéramos partiendo de "cero" respecto a leyes.
Si seguimos avanzando a este ritmo legislativo de 4,500 leyes cada cinco años, el año 2020 tendremos en el país 42,264 leyes y para ello se habrán presentado en los próximos años 44,244 proyectos de ley. Todo un record mundial.
No podemos seguir legislando para las galerías y atendiendo a la coyuntura de cada momento, sin meditar si el problema a afrontar es la ley o está en los operadores de la ley, es decir en quienes tienen la obligación de respetarla y aplicarla. Un ejemplo: en el delito de secuestro la pena máxima es cadena perpetua, pero que conozca ningún juez ha aplicado la pena de cadena perpetua. ¿Es problema de la ley o de los operadores?
Un país democrático y en vías al desarrollo no puede tener un ritmo legislativo tan agitado, pues esto conlleva a una inestabilidad jurídica que desconcierta, no sólo a los inversionistas nacionales y extranjeros, sino también a la ciudadanía en si, que no sabe bajo que reglas despertara al día siguiente. Es como si el país viviera en un estado telúrico legislativo permanente.
Productividad legislativa sí, pero no al peso y para salir del paso, sino tomando en cuenta estándares válidos y midiéndola respecto de todas las funciones congresales, como son las de legislar, fiscalizar y representar a la ciudadanía que lo eligió.
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