DEVOLVAMOS AL CONGRESO LA PRESTANCIA DE ANTAÑO

Durante los últimos tiempos, el Congreso de la República ha sido una de las instituciones más controvertidas del país, no sólo por los actos de corrupción política que se descubrieran a través de sendos videos, sino también por los escándalos y los actos reñidos con la moral que se han venido sucediendo a lo largo de esta última década. Sin lugar a dudas, hemos "pecado" de democracia.

Efectivamente, si bien la democracia es el mejor sistema político, ésta debe modularse de tal manera que la calidad de nuestros gobernantes y parlamentarios no decaiga a extremos en los cuales la población repudie a una de las principales instituciones del Estado.

Sin embargo, mas allá de las personas, que es un tema que sólo lo puede resolver la madurez ciudadana, si queremos mejorar la apreciación que el pueblo tiene del Congreso y devolverle los bríos de antaño, debemos modular nuestro sistema parlamentario a través de urgentes reformas fundamentales, muchas de ellas esgrimidas al fragor de la campaña electoral.

La primera reforma que es la renovación por tercios o mitades. Es decir, permitir a los ciudadanos pronunciarse cada dos años respecto al desempeño de sus congresistas y tener la oportunidad de renovarlos hasta en un tercio o la mitad de sus miembros.

El segundo tema es el del falso espíritu de cuerpo que tienen algunos congresistas cuando se investiga a un colega. En este caso tan cuestionado por la ciudadanía, si la Comisión de Ética del Congreso encuentra responsabilidad en un congresista, el Pleno del mismo - que no es otra cosa que la reunión de los 120 congresistas – debería limitarse a establecer el tipo de sanción, más no declarar que no hay lugar a sanción.

Por otro lado, es necesario regular el tema de las investigaciones parlamentarias que, como hemos visto en otras épocas, en algunos casos habrían sido utilizadas para venganzas políticas. En tal sentido, los congresistas que soliciten una investigación congresal no deben integrar los grupos de investigación; pues es impropio - por decir lo menos - que quien pide la investigación termine siendo quien al final acusa y vota en la decisión final. Habría que estudiar la conveniencia de suprimir la Comisión de Fiscalización y dotar de facultades fiscalizadoras a todas las comisiones ordinarias del Congreso de acuerdo a su especialidad.

Sobre el mismo tema, durante el último quinquenio hemos visto como - en muchos casos con afán de figuración - se han conformado docenas de comisiones investigadoras de todos los colores y para todos los gustos, sin tener en cuenta que muchas de estas investigaciones ya estaban en manos del Poder Judicial, ni considerar el gasto que acarrea cada una de ellas.

En tal sentido, el Congreso sólo debe realizar investigaciones relacionadas a temas a los que aun no se haya abocado el Poder Judicial. No se deben duplicar las funciones del Estado, ni utilizar la función congresal de fiscalización para fines políticos vedados.

Con la finalidad de que no se pretenda encubrir algún delito con la fuerza del voto mayoritario de quienes integran una Comisión, los resultados de las mismas deberán ser remitidos al Ministerio Público, aún cuando no se hubieran encontrado indicios de ilícitos penales. El Ministerio Público, como titular de la acción penal, actuará conforme a sus atribuciones.

Uno de los mayores cuestionamiento al Congreso se ha producido a propósito de los denominados "tránsfugas", que no son otra cosa que congresistas que abandonan el grupo político por el cual fueron elegidos, motivados por alguna prebenda política o económica, desnaturalizando no sólo la composición política del Congreso, sino también la voluntad de aquellos electores que lo llevaron al Parlamento.

Sencillamente, debe acabarse el imperio de los tránsfugas y para ello sólo bastaría con reformar el Reglamento del Congreso, de tal manera que aquel parlamentario que abandona su bancada sin causa justificada, sea impedido de trasladarse o formar otro grupo parlamentario, convirtiéndose por tanto
en "paria legislativo".

Otro tema neurálgico es el de la inmunidad parlamentaria, que se ha convertido en una suerte de "impunidad parlamentaria". La inmunidad parlamentaria debe ser parcial, es decir sólo debe alcanzar a actos realizados durante y en el ejercicio de una función congresal; más no a aquellos "calentaos" que trae en su maleta el nuevo parlamentario, ni a aquellos actos contrarios a la moral, las buenas costumbres y la ley que puedan realizar durante su gestión.

En cuanto a los pedidos de levantamiento de inmunidad que formula el Poder Judicial - requisito que sólo sería exigible para actos realizados en el ejercicio de la función legislativa - éstos deberían resolverse de inmediato. El Congreso no debería impedir el juzgamiento, mas si podría alcanzar al Poder Judicial su valoración política, en el caso de que estime que existe una probada intencionalidad política maliciosa en el denunciante.

Son estás algunas de las propuestas que podrían ayudar a mejorar la alicaída imagen del Congreso de las República y que considero deben formar parte de la agenda prioritaria del Congreso, en lo que a reforma del Estado se refiere, asumiendo los congresistas electos un compromiso real, no sólo con la ciudadanía, sino con la democracia.